Nueva Ley de Ciencia y Tecnología: Gobernanza / II

La estructura y procedimientos con los cuales funcionará el sector es altamente centralizada y vertical

La política nacional en esta materia tendría como cabeza nacional a un Consejo Nacional apoyado en una Junta de Gobierno.

La parte uno de esta serie fue publicada el pasado 22 de diciembre. Allí se daba la noticia de la presentación de la Iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación por parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. En ese texto, bajo la figura de Exposición de Motivos, se mencionaban: a) los antecedentes más relevantes de esa normatividad; b) a manera de diagnóstico, se resumía lo que en la Iniciativa se denomina “la política científica y tecnológica de las últimas dos décadas”; c) así como una especie de autoanálisis de lo realizado en esa materia en los últimos cuatro años.

Dos características sobresalen en esa Exposición. Por un lado, el diagnóstico, el cual es muy crítico y descalificador respecto a lo realizado con antelación; por otro, el documento se extiende en calificativos positivos y laudatorios sobre lo realizado en lo que va del sexenio. Frente a eso, y también de manera muy resumida, el artículo identifica algunas contradicciones respecto a lo aseverado en dicha Exposición.

Con base en varias de las disposiciones normativas de ese proyecto de ley, aquí se aborda uno de los temas principales, el relativo a la gobernanza propuesta para el sector de ciencia y tecnología nacionales:

A diferencia de las leyes que le han precedido, de carácter federal, la que ahora está en la Cámara tiene la naturaleza jurídica de una ley general. Aparte de referirse a un ámbito o dimensión mayor, esto significa que, de aprobarse, el Congreso de la Unión podría establecer “las bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

La política nacional en esta materia tendría como cabeza nacional a un Consejo Nacional. Este se apoyaría en una Junta de Gobierno y en una Dirección General como la que actualmente rige al Conacyt, aunque con mayores atribuciones. El Consejo Nacional tendría, a su vez, dos instancias internas: una de vigilancia (integrada por un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública) y otro de carácter consultivo.

En su naturaleza de ley federal, y como se indicó arriba, el proyecto menciona lo que le corresponde realizar a los estados, municipios y demarcaciones. En términos generales, al Consejo Nacional le corresponde “integrar, formular, conducir y evaluar . . . la política nacional en la materia”. En función de ello, dicho órgano tiene dos atribuciones principales: a) la de integrar una Agenda Nacional cuya función principal sería la de articular la política del país en esa materia; b) formular el Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación a partir de las propuestas que presenten las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Comentarios:
La estructura de gobierno propuesta en la Iniciativa es altamente centralizada y vertical. En el caso del Consejo Nacional, no obstante que se diga que se trata de un organismo público descentralizado del Estado Mexicano, pareciera ir en un sentido contrario a esa tendencia como se consigna en la ley vigente; digo “pareciera” porque ni en la Exposición de Motivos ni en el articulado se menciona la composición (número y representación) de los miembros de ese órgano. Por lo que toca a la Junta de Gobierno, ésta estaría compuesta por únicamente trece secretarios del gobierno federal. Con ello se terminan las representaciones que hasta ahora formaban parte (y aún forman toda vez que la ley de Ciencia y Tecnología está vigente) inclusive del órgano rector del Sistema: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. En este órgano superior, su integración se da por partes iguales entre secretarios (ocho) y representantes diversos no gubernamentales (ocho, entre ellos: la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Científico y Tecnológico, ANUIES, tres pertenecientes al sector productivo…). Ahora, sólo de manera genérica se menciona que “se podrá invitar con voz, pero no voto” a otras personas, no organizaciones, incluyendo universidades.

El carácter de Ley General, presente desde la reforma constitucional al Artículo 3º en 2019, en el sexto transitorio de éste último, y su reflejo en la reforma al Artículo 73 constitucional (de facultades del Congreso de la Unión), se constriñe enormemente cuando se enuncian las atribuciones que tendrían las entidades federativas y los municipios. Parecería indispensable que los legisladores analizaran con detenimiento el retroceso en que se incurriría si, como ha venido sucediendo, la idea sea aprobar sin quitar una coma.

La tendencia centralizadora, presente en la estructura orgánica del sector, se extiende a sus principales instrumentos de política. Tal es el caso del Programa Especial ya mencionado, mismo que solo incluiría propuestas provenientes de las trece secretarías de la Administración Pública Federal que lo componen. Otros organismos (como universidades, institutos y centros de investigación, así como los sectores social y privado) sólo emitirían “opiniones” que el Consejo, posiblemente, “debe tomar en cuenta”.

Esa tendencia centralizadora no sólo es regresiva, contradice flagrantemente principios presentes en el Artículo 3º constitucional referentes a la educación y a la investigación. Por lo que se refiere a la primera se niega el carácter inclusivo; por lo que corresponde a la segunda, los rasgos de coordinación, vinculación y participación, previstos en la Fracción V de dicho precepto, se contradicen en el articulado de la Iniciativa de Ley.

Aparte de la omisión relativa a la integración del Consejo Nacional ya referida, la Iniciativa nada dice sobre la obligación consignada en el Transitorio VI del reformado Artículo 3º. Este menciona la responsabilidad de expedir la ley general respectiva a más tardar en 2020. El retraso de dos años impidió que el Programa Sectorial (documento fundamental para guiar la política pública respectiva se beneficiase de los criterios que se desprendieran de ese dispositivo. . . resulta sorprendente el silencio en el cuerpo de esa Iniciativa.

Postdata Uno: Antonio Gago. Se ha ido Antonio Gago. Protagonista principal en el desarrollo de la educación superior del país durante medio siglo. Deja una obra que, no obstante el tiempo transcurrido, aún está allí, señalando que el camino está abierto y que aún hay muchas tareas por realizar. Su breve pero intenso texto de 1988, Veinte Telegramas por la Educación Superior y una Petición Desesperada, de saber nerudiano, es una muestra de su sapiencia y humor. Amigo de los amigos, será extrañado siempre. Un abrazo afectuoso para Alceste y María, sus ángeles de la guarda en este mundo profano.

Postdata Dos: Propuesta. Los acontecimientos funestos de la cárcel de seguridad de Ciudad Juárez, la semana pasada, sugieren en calidad de iniciativa a las autoridades respectivas: ¿antes que los militares pongan en marcha una línea de aviación, no sería mejor comisionarlos para que terminase la anarquía en las cárceles del país?

Sobre la firma
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com | Web

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