La Nueva Ley de Ciencia y Tecnología: ¿Forma es Fondo? / II

Existen ‘modos de hacer las cosas’ y, algunas veces, estos resultan de capital importancia. La referencia viene a colación porque la Nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (NL) —ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial el pasado primero de marzo— se elaboró en ambas Cámaras infringiendo aspectos de forma que podrían causar la nulidad absoluta (invalidez) de ésta a partir de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad (Art. 94) que se interpongan ante la Suprema Corte de Justicia, como ya ha sido anunciado por los partidos de oposición y algunas organizaciones del sector de ciencia y tecnología que cuenten con el apoyo de las instancias facultadas para ello.

Las recientes resoluciones de la Corte, el jueves 18 y el lunes pasado, en torno a desestimar la validez de la primera parte del llamado Plan B en materia electoral (la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas) constituyen un poderoso precedente que, inevitablemente, el Poder Judicial por entero tendrá que tomar en cuenta al resolver cualquier controversia semejante que se presente ante sus tribunales y juzgados.

Lo ya resuelto por la Corte se refiere, por ahora, sólo a forma, aún no a contenido. Esto significa que la mayoría oficialista en ambas Cámaras aprobó una parte del Plan B “sin respetar las reglas del proceso (legislativo) y bajo un cúmulo de irregularidades y simulaciones a los reglamentos internos” (L. García Valenzuela, El Universal, 22 de mayo). O, como se lee en el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán, ya aprobado por el Pleno: “la iniciativa (del Plan B) no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó (una) violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la antelación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación democrática”. En pocas palabras, el no haber discutido o analizado la Iniciativa de Reforma a las dos leyes significó infringir el proceso legislativo. Una cuestión de forma, pues.

La NL ya tenía varios vicios de forma a los cuales se sumaron los de no haber respetado el proceso legislativo correspondiente. Algunos de los primeros: a) la Ley, por mandato constitucional, debió haberse presentado a más tardar en mayo de 2020, acumulando con ello un retraso de casi dos años; b) el sector de ciencia y tecnología operó cuatro años y cuatro meses al margen de la ley vigente; c) de acuerdo con ello, la elaboración del Programa Sectorial se hizo sin basarse en el Plan Nacional de Desarrollo (la parte de ciencia y tecnología se limitó a cuatro líneas y media), tal como lo mandata la Constitución y, desde luego, sin tomar en cuenta a la ley vigente.

La NL se aprobó en la ‘sesión del Senado’, del 28 de abril, junto con otras 19 iniciativas o reformas legislativas. Haberle dado a esa sesión la categoría de “obvia resolución”, tal como lo propuso el presidente de esa Cámara, significó que en 18 minutos se aprobó lo que en la de diputados se procesó en 23 horas. Las reglas, la forma, estuvieron ausentes.

De los aspectos más específicos, pueden resaltarse los siguientes:

Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras habían resuelto previamente que dentro del proceso legislativo se realizarían siete sesiones de Parlamento Abierto. Estas actividades permitirían a los legisladores recibir sugerencias y elementos analíticos para el debate y decisión legislativa. Sólo se verificaron dos de esas actividades (en el segundo sólo estuvieron presentes seis legisladores).

El quórum para la integración de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, así como en la sesión en que se aprobó la Ley han sido ya cuestionados. A esto se agrega la ausencia absoluta de lo que el ministro Pérez Dayán resaltó como el “principio de deliberación democrática”, presente en el Reglamento Interno de la Cámara.

A 16 meses de que concluya el sexenio, la batalla judicial por la prevalencia de la nueva Ley estará omnipresente en las políticas públicas respectivas. En función de ello parece que ese lapso será más de intensificación de desencuentros en el sector que de recuperación o avance. Una vez más, la prueba de fuego será en el próximo septiembre, cuando se presente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se muestre la verdadera importancia que el gobierno y los legisladores le otorguen a la ciencia y tecnología nacionales. Mientras tanto, en la dialéctica de la política mexicana, la frase de Reyes Heroles también puede significar que “el fondo es forma”. Le corresponderá a la Corte dilucidarlo.

Postdata: la UAM. Cuatro profesores investigadores, pertenecientes a las unidades Iztapalapa y Xochimilco, han sido reconocidos en el ranking de la organización Research.com dentro de los diez primeros lugares de científicos a nivel nacional que cultivan la disciplina de la química. Ellos son: Annia Galano Jiménez, José Ricardo Gómez Romero, Eduardo Jaime Vernon Carter y Tessy María López Goerne. Esa organización ha hecho un examen detallado a 167 mil profesores en el mundo, quedándose con 43 mil perfiles destacados. La producción científica, manifestada en contribuciones, premios y logros, constituyen la base para tal reconocimiento. Para los cuatro, una felicitación entusiasta que honra a la institución por entero.

Otra felicitación debe incluir a Eduardo Campero, profesor-investigador de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, quien ha recibido, por parte del Colegio Académico de la UAM, el reconocimiento de profesor distinguido. ¡Enhorabuena!