Ante un mínimo interés del Conacyt en escuchar las opiniones vertidas por la comunidad académica se presenta una iniciativa de “ruptura” que no evidencia los logros de la presente administración en el sector
El 13 de diciembre de 2022, la Gaceta Parlamentaria publicó una iniciativa y un proyecto de Decreto para expedir una Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El secretario de Gobernación la sometió a consideración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por instrucción del presidente de la República. Aunque ese texto circuló en vísperas de las vacaciones de fin de año, suscitó reacciones, varias en su contra (Prociencia, comunicado del 11 de enero 2023). El 9 de enero 2023, el Conacyt mandó a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) la versión completa y ejecutiva del documento, con la finalidad de propiciar un análisis informado de la situación.
Su lectura permitió constatar que los autores del texto justifican la iniciativa, refiriéndola al concepto de Derecho Humano a la Ciencia, promovido inicialmente por las Naciones Unidas y suscrito como compromiso por el gobierno mexicano. Evalúan el estado del sistema de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2018, aduciendo el incumplimiento de objetivos estratégicos y de compromisos políticos durante el periodo. Enfatizan el no otorgamiento del 1 por ciento del PIB al sector y la canalización de los recursos públicos a empresas privadas, por la vía de los Fideicomisos.
Al denunciar desvíos de recursos, irregularidades en su atribución y manifestaciones de comercialización del conocimiento (publicaciones en editoriales de pago), asumen el discurso oficial imperante durante el sexenio en curso. Critican los criterios de asignación de becas, la acreditación de carreras de postlicenciatura mediante el desaparecido Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, la privatización de su oferta y los mecanismos de evaluación del SNI
Fundamentándose en ese balance, quienes escribieron el proyecto proponen una política de “ruptura”. Pero, paradójicamente, no la remiten a una demostración de los logros del gobierno en sus cuatro años de gestión, sean cualitativos o estadísticos. De allí, la importancia de requerir información sobre los resultados obtenidos durante una administración que, como lo advierten los comentaristas de la política nacional, está entrando en su recta final y de remediar omisiones sorprendentes (perspectiva de género).
Señálese asimismo que el documento tiene un carácter esencialmente prescriptivo, amarrado a la ideología de la transformación. Lo ilustra el caso de la planeación participativa y estratégica, como herramienta para transformar la toma de decisiones. No parece factible lograr ese objetivo por medio del mecanismo seleccionado, las asambleas del personal, sobre todo cuando dichas instancias tienen facultades consultivas y no resolutivas. Aunque el proyecto en su conjunto se fundamente en cambios ya implementados (extinción de los fideicomisos, sistema de becas “universales”) o en curso (revisión de reglamentos, modificaciones organizacionales, acceso libre al conocimiento mediante plataformas digitales, etc.), los dispositivos contemplados para reestructurar el organismo rector difícilmente permitirán superar sus parálisis y eficientizar sus procedimientos.
En esa breve opinión, no ha lugar para un recuento pormenorizado de los asuntos a analizar, antes que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, con sus enmiendas, o la rechace. Pero, orilla a señalar la necesidad de solicitar aclaraciones respecto de conceptos, cruciales y polémicos (interculturalidad, equidad o dialogo de saberes en los espacios académicos).
Como investigadora, aunque sea quizás una deformación profesional, concluiré diciendo que considero indispensable incorporar, además de lo apuntado, sugerencias para resolver otras problemáticas, vinculadas con el qué hacer del Conacyt y el de las instituciones. Su gravedad, aunque negada, empaña la relación entre los funcionarios de esos organismos y los científicos. Destacan, entre ellos, la tardanza de las oficinas de gestión en responder cualquier solicitud de información o aclaración, la expansión imparable de un lenguaje tecnocrático incomprensible (para quienes lo escriben y quiénes lo leen), el disfuncionamiento de las plataformas, frecuentemente hostiles para sus usuarios, la falta de planeación para respetar calendarios y compromisos, con la consiguiente premura en el cumplimiento de las obligaciones acordadas. Hoy, en ciencia, campea una burocracia, amparada en una incorporación de TIC sin ton ni son y en una rendición de cuentas, invasiva pero ineficiente. Acota la libertad de cátedra y los tiempos dedicados a la producción y transmisión del conocimiento en pro de la aplicación acrítica de lineamientos administrativos, improcedentes en relación con su ámbito de aplicación.
Irritan además los sempiternos rechazos para entablar una discusión intersectorial sobre el oficio del científico, sus responsabilidades y tareas cotidianas, en una circunstancia en la que reina el desconcierto ante un futuro complejo.
Exaspera, finalmente, el poco interés del Conacyt en escuchar las opiniones vertidas por la comunidad académica. Un ejemplo es el de los Pronaces, cuya presentación generó un extendido malestar. Ese ha sido expresado profusamente. No obstante, los Pronaces siguen conformando el marco referencial de la anunciada Agenda Nacional en ciencia, denotando preocupantes carencias de empatía y de capacidad para negociar.
