El Normalismo Hoy / 3

• Introducción. En las dos entregas anteriores me referí al inicio casi baladí del conflicto suscitado en la Escuela Normal de Mactumactzá que, en unas cuantas semanas, se ha convertido en una gran causa por la cual luchar de nuevo en nombre del normalismo nacional. A vuelo de pájaro se pasó revista a algunos de los grandes problemas en materia de organización, operación y financiamiento de ese subsistema educativo. Correspondería ahora exponer las soluciones que han sido aportadas por el gobierno federal actual y, sobre todo, las principales acciones desarrolladas.

• Declaraciones e Instrumentos. En el heterodoxo Plan Nacional de Desarrollo (PND), de julio de 2019, se menciona que, “durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue desarticulado por los gobiernos oligárquicos . . . se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales”. Ante eso, en el documento se ofrece “revertir” esas situaciones y “dignificar” los centros escolares. No obstante ello, en los nueve programas prioritarios que el PND considera dentro de la política social no se contempla una acción directa que indique el mejoramiento de dicho subsistema. Esto, a pesar de la contundente expresión contenida en el reformado Artículo 3º Constitucional de mayo de 2019: “El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales . . .”.

Unos meses más tarde (septiembre), y reiterando la letra y el espíritu de la reforma constitucional, la nueva Ley General de Educación (LGE) le otorgaba la necesaria importancia al normalismo. Así, lo reiteraba expresamente el Artículo 95. Evidentemente, no se trataba de una declaración más o una expresión retórica. En ese mismo dispositivo se inscriben ocho acciones a partir de las cuales aquél enunciado se desarrolla en detalle. Además, especificaba que habría una “programación estratégica para que la formación docente y la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación superior y contribuya a su mejora continua” (Art. 33). Además, entre otras disposiciones, la LGE detalla las características que deben tener los planes y programas de educación normal, así como la evaluación, actualización y revisión de los mismos (Art. 25).

En cumplimiento del Art. 95 antes referido, en noviembre de ese mismo año, dentro del llamado “Acuerdo Educativo Nacional” se dio a conocer la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. Allí, como principio básico se reconoce que “la formación de maestras y maestros se constituye como la columna vertebral de la estructura nacional de mejora de las escuelas normales que concibe a los docentes como generadores del conocimiento, guías hacia un camino de oportunidades y orientadores en el desarrollo de la imaginación, de la responsabilidad ciudadana, del emprendimiento y de la orientación de valores cívicos y estéticos” (p. 5). Un breve pero preciso diagnóstico precede a los principios rectores y ejes estratégicos a partir de los cuales la educación normal en el país se convertiría en “un instrumento de la política pública que busca una transformación a largo plazo . . .”. Todo ese planteamiento, enmarcado en las disposiciones específicas de la LGE, en los principios fundacionales del normalismo, y en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible asumidos por el Estado Mexicano en su calidad de miembro de la ONU.

Finalmente, en julio de 2020 se dio a conocer el Programa Sectorial de Educación. En este documento, derivado del PND, se refrenda buena parte de lo contenido en los instrumentos ya mencionados. Se enfatiza que “La transformación de las escuelas normales no solo es una tarea pendiente, sino una deuda social . . .”. El programa contiene seis objetivos prioritarios, siendo el tercero de ellos el relativo a “revalorizar a las maestras y maestros como objetivos fundamentales del proceso educativo, con respecto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio”. Este objetivo supone entre otros aspectos los siguientes: a) la participación activa del personal docente como agentes de cambio en los procesos educativos; b) el derecho a una formación de calidad para el personal docente; c) el mejoramiento de su práctica profesional; d) a esa mejor formación del magisterio es necesario agregar que “se sientan motivados y valorados”.

• Conclusiones
• A semejanza de varios sexenios anteriores, los instrumentos de planeación y las normas consignan medidas que buscan impulsar al normalismo. El último intento relevante y efectivo se remonta a la época de la presidencia de José López Portillo y a la buena gestión del titular de la SEP, Fernando Solana. Desde entonces el abandono y la precariedad han sido las características dominantes de este subsistema. En el momento actual puede decirse que hay buenas definiciones, pero estas no tienen la debida correspondencia con acciones que las tornen realidad. Particularmente las relacionadas con los presupuestos de 2019 a 2021, tal como ya fue mencionado en las dos entregas anteriores.

• Transcurrido casi medio sexenio no parece que las cosas puedan modificarse. Las previsiones de finanzas públicas no son las adecuadas. En el PND se preveía cerrar el sexenio, 2024, con una tasa de incremento del PIB de 6%, a partir de un promedio anual de 4%. 2019 cerró con un menos 0.3% y 2020 con un menos 8.2%. Las propuestas más optimistas para 2020, contenidas en los “Precriterios de Política Económica” (SHCP, abril de 2021), señalan un cierre para este año de 5.3%, proporción que significa todavía un déficit respecto a lo acumulado en los primeros dos años. Inevitablemente todo esto se reflejará en las asignaciones que tenga el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año. ¿Los objetivos prioritarios del PSE estarían por encima de los del PND? La historia reciente no ha sido así.

• El Encuentro Nacional de Escuelas Normales, verificado a principios de junio, motivado originalmente por los acontecimientos de la Normal de Mactumactzá, fue más allá de condenar esas acciones. De ahí emergió un plan de acción cuyo propósito es marcar un ya basta del abandono en que se tiene al normalismo nacional. Algo de lo ahí expresado señala la inconformidad de lo que ha sucedido en estos últimos tres años. Tal como lo refiere el reportaje de L. Poy (La Jornada, 4 de junio): a) “el normalismo vive momentos de persecución, cambios y penurias económicas . . . pese al discurso de la Cuarta Transformación, de dar apoyo a las escuelas normales, en los hechos da la impresión de que a este gobierno la educación le tiene sin cuidado” (Luis Hernández Navarro; b) se calificó de “gatopardismo educativo en que ha incurrido la actual administración federal, al pretender que cambian las cosas, para que todo siga igual” (Juan Manuel Rendón).

• A dos meses de que se presente el PEF 2022 en la Cámara de Diputados, las cosas podrían enmendarse. Esto significaría un desafío enorme para el Presidente de la República, incluyendo a los nuevos titulares de la SEP y la SHCP, y particularmente para los nuevos diputados. El normalismo requiere ser atendido debidamente: recobrar lo perdido en los últimos años en materia presupuestal y de condiciones operativas, así como volver realidad lo que en estos últimos dos años y medio se ha quedado en buenas declaraciones.