Democracia, universidades y prestigio social

La ciudadanía tiene una confianza en las universidades (instituciones de educación superior en general) que asciende al 70 por ciento, la más alta calificación obtenida entre las organizaciones públicas y sociales del país. Este dato, que ratifica lo que se consigna en otros instrumentos demoscópicos o estudios de opinión, es una de las principales conclusiones que se desprenden del <i>Informe País 2020: El Curso de la Democracia en México</i>, dado a conocer el pasado viernes 14. En su segunda edición, después de otro similar realizado en 2014, ese documento tiene como objetivo manifiesto “ofrecer un diagnóstico sobre el estado actual de la democracia en México”.

El Informe fue elaborado por reconocidas instituciones: el INE, como parte principal, con la colaboración del Inegi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La base de todo ello fue la <i>Encuesta Nacional de Cultura Cívica</i>, levantada por la primera de las instituciones mencionadas entre agosto y septiembre de 2020, y aplicada a 25 mil personas en los medios rural y urbano del país.

El Informe incluye una gráfica (1.2, p. 57) con una quincena de entidades púbicas, titulado: “confianza en las instituciones y grupos sociales”. De ese conjunto, las que califican más alto como expresión de una declarada aceptación son: a) universidades públicas (como ya se había dicho, 70 por ciento); b) fuerzas armadas (Ejército y Marina), 64; c) Guardia Nacional (61). Por su vez, las tres con más baja calificación son: d) las Cámaras de senadores y diputados federales (23); e) diputados locales (23); f) partidos políticos (22). Dentro de ese conjunto, y en los lugares cuarto y quinto, aparecen el INE y la Presidencia de la República con 60 y 53 por ciento, respectivamente.

Los principales resultados del Informe son, naturalmente, de naturaleza política, relacionados con la opinión de los ciudadanos consultados. Pero también se incluyen otros referentes al sector educativo. Por lo que corresponde a los primeros, tres serían destacables:

• “La ciudadanía está ahora menos desencantada con la democracia”, respecto al Informe del 2014, aunque en la cultura política de aquella subsista una enorme distancia “entre los ideales democráticos y la democracia real”, tal como se aprecia en la encuesta base.

• La población muestra una gran desconfianza hacia las instituciones, particularmente con aquellas que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, deben representarla: los partidos políticos y los órganos legislativos en los dos órdenes de gobierno, tal como ya fue mencionado.

• La democracia del país, que había tenido un avance muy importante desde 1996, sufre, sin embargo, un embate a partir de los fenómenos de corrupción, clientelismo y discriminación que se ejercen en detrimento de amplias franjas de la población.

• Al abordar la participación de la ciudadanía en cuatro dimensiones de la vida pública (cívica, comunitaria, ciudadana y política), la situación de la mujer como género se singulariza. Si bien dicha participación ya está presente en todas esas dimensiones, “ y la brecha se ha ido cerrando con el tiempo”, acceder a un involucramiento pleno e igualitario es todavía un <i>desiderátum</i>.

Por lo que toca a educación, dos aspectos principales están presentes en el Informe: a) no obstante el paso del tiempo y las nuevas circunstancias supervinientes, la población tiene en alta estima a las instituciones de educación superior. De ahí que encabecen el listado en el <i>ranking</i> de confianza por parte de los grupos sociales; b) de igual manera, con todo y que un año después de que la Constitución incorporó la trascendente reforma de ofrecer una educación superior gratuita y obligatoria (cuando se levantó la encuesta), los efectos positivos eran prácticamente inexistentes o precarios, como aún sucede. De ahí que se califique como “injusto” el acceso a las instituciones educativas, en una proporción de 73 por ciento.

<span style=»color: #000000;»><b>Comentario:</b></span> La percepción tan positiva de la ciudadanía sobre las instituciones de educación superior del país no tiene su correlato con el tratamiento que los gobiernos federal y estatales les han otorgado en materia presupuestal, aunque con las debidas excepciones en estos últimos. A tres semanas de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, la cuestión debería abordarse con la debida importancia en ese ámbito.