UdeG: presupuesto, autonomía y política

Autoridades universitarias impulsaron movilizaciones para presionar al ejecutivo estatal y revisar la reasignación presupuestal reclamada, solicitando diálogo para acordar una solución al conflicto.

La megamarcha, los reclamos universitarios y sus implicaciones políticas.

Hace exactamente una semana, las autoridades de la Universidad de Guadalajara convocaron a sus diversas comunidades estudiantiles, magisteriales y administrativas para realizar una “megamarcha” en defensa de la “dignidad y el respeto” a la institución. Se trató de un episodio más en el complejo conflicto que desde hace más de un año mantiene la universidad con el gobierno estatal. Esa acción forma parte de un largo litigio judicial y político iniciado a comienzos del 2021, cuando el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez retiró un apoyo presupuestal ya otorgado a la UdeG destinado a los trabajos de construcción del Museo de Ciencias Ambientales ubicado en el Centro Cultural Universitario, uno de los proyectos culturales estratégicos de la universidad desde hace más de tres lustros.

Ello motivó que el 6 de octubre del 2021 las autoridades universitarias solicitaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional considerando que el recorte a un recurso ya asignado significaba una violación a la autonomía univeritaria. El recurso fue admitido el 11 de noviembre por una de las salas, pero el 9 febrero de 2022 la Corte desechó la controversia al considerar que la UdeG no era un contemplado como “organismo descentralizado autónomo federal”, tal y como lo establece la fracción I del artículo 105 de la Constitución, sino que es considerado como un organismo descentralizado público estatal. Un asunto de jurisdicciones, pues. Poco después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco apoyó la solicitud de amparo de la UdeG, pero el 31 de marzo la SCJN volvió a desechar definitivamente el asunto (Expediente 135/2021).

Antes y después de esta decisión, las autoridades universitarias impulsaron movilizaciones para presionar al ejecutivo estatal y revisar la reasignación presupuestal reclamada, solicitando diálogo para acordar una solución al conflicto. El gobernador, amparado en la resolución judicial, evadió cualquier intento de negociación e inició una ofensiva contra las autoridades de la UdeG El argumento es que no cederían a los “chantajes” universitarios considerando que detrás de todo ello están los intereses (“los negocios”) del exrector Raúl Padilla López y el grupo que lidera, incluyendo (y descalificando) al rector Ricardo Villanueva. El objetivo del ejecutivo estatal es claro: deslegitimar no sólo al rector como interlocutor institucional, sino también al padillismo como élite dominante en la U. deG y como actor relevante en el mapa de los liderazgos políticos en Jalisco.

Las movilizaciones masivas, callejeras, forman parte de los recursos políticos del ejercicio del poder institucional de las universidades. Ha sido, es y será una herramienta legítima para defender causas e intereses que se consideran amenazados, lastimados o vulnerados por autoridades, gobiernos o fuerzas externas que afectan la estabilidad de la vida universitaria. En este caso, las restricciones presupuestales acumuladas desde comienzos de la administración alfarista, combinadas con el sistemático maltrato presupuestal que el gobierno federal ha destinado a las universidades públicas del país desde 2019, motivaron la movilización por las calles del centro de Guadalajara. Como en otras ocasiones, las autoridades de la UdeG hicieron uso de su larga experiencia en la logística de estas acciones para organizar “la mayor manifestación universitaria de la historia de Jalisco”, como anunció a comienzos de mayo el propio rector general.

La marcha fue multitudinaria. Como suele ocurrir, las cifras fueron calculadas desde perspectivas diferentes. Mientras que las autoridades universitarias estimaron la participación de más de 103 mil universitarios, las autoridades del gobierno estatal afirmaron que fueron 46 mil. Son pequeñas guerra de cifras que, sin embargo, no ocultan el hecho de que fue una movilización masiva, extraordinaria para los estándares tapatíos de este tipo de acciones, y que rebasó los cálculos más pesimistas sobre la capacidad de convocatoria de los liderazgos universitarios sobre sus comunidades estudiantles y magisteriales.

El ambiente de la movilización fue marcado por varios acontecimientos previos. Desde el anuncio de las protestas contra el recorte presupuestal, se realizaron 99 marchas de prepas y centros universitarios por todo el estado, que culminaron con la número 100 en la Plaza de la Liberación del centro tapatío. El gobernador había declarado que esas manifestaciones no lo iban a “doblar” (una de sus palabras favoritas para mostrar autoridad y fuerza a sus opositores), y que todo se debía a la manipulación de un grupo de “pillos”que “mantienen controlada a la Universidad”, encabezados por el exrector Raúl Padilla (Mural, 25/05/2022). Unos días antes, el partido Movimiento Ciudadano, que apoya al gobernador, acusó a Padilla de liderar una “mafia” que controla a la U de G desde hace más de tres décadas (El Informador, 19/05/2022). El lunes 23 de mayo, en un desplegado publicado en diferentes medios, el coordinador del congreso estatal y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado expresaron sus críticas al grupo padillista. Finalmente, el mismo día de la marcha, 6 de los siete presidentes de los municipios del área metropolitana de Guadalajara publicaron otro desplegado criticando las posturas de la Universidad y apoyando al gobernador Alfaro.

Esta serie de acciones muestran un acelerado endurecimiento de las posiciones del alfarismo frente a los reclamos universitarios. Revelan una estrategia dirigida a debilitar al gobierno universitario del rector Villanueva y al padillismo como expresión política dominante en la universidad. La presencia de 5 de los últimos 6 rectores universitarios en el templete desde el cual hablaron los oradores del evento (incluyendo al propio Padilla) fue una demostración de cohesión de la coalición que conduce a la universidad desde la reforma universitaria intrumentada a partir de 1995. La defensa de la autonomía, el reclamo por mayor presupuesto, el cese de las descalificaciones y los ataques del gobernador, la exigencia de su renuncia, fueron parte de las pancartas y los discursos pronunciados por líderes estudiantiles, sindicales y altos funcionarios universitarios.

¿Qué implicaciones y escenarios futuros se pueden desprender de estas acciones? En la próxima colaboración abordaremos ese tema.

Acerca del autor
Adrián Acosta Silva
Estación de paso en Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara

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