Al impulsar una transformación de la evaluación y la acreditación, el gobierno está dando un paso agigantado en la reorganización del SES, un movimiento esencialmente político
El 17 de marzo 2023, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces/SEP) organizó una sesión informativa sobre el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Seaes). En la capital del país, la Comisión para la Planeación de la Educación Superior de la Ciudad de México (Coepes-CDMX) fue designada para acompañar su instalación. Integró un comité especializado de trabajo. a cargo de supervisar la puesta en conformidad de las normativas con la Ley General de Educación Superior (LGES), en una primera etapa.
Esa armonización implicará una adecuación regulatoria. Además de fomentar una convergencia mayor entre ordenamientos legales, confortará una dinámica de refundación del sistema de aseguramiento de calidad, sensible políticamente, como lo manifestaron las críticas al respecto, expresadas continuamente desde 2021. En efecto, la producción de indicadores de evaluación, distintos a los aplicados desde finales de la década de 1980, dista de ser neutra. Modificará la morfología del dispositivo construido y tendrá repercusiones en cadena en otros nichos del Sistema de Educación Superior (SES). Conducirá a revisar las convocatorias para becas estudiantiles, trastornará las clasificaciones de los programas de estudio y los mecanismos de acceso a los incentivos financieros e influirá en las decisiones estratégicas de cooperación académica.
Rediseñar el dispositivo de aseguramiento de calidad erosionará, en consecuencia, la estabilidad de múltiples constructos, consolidados progresivamente en los últimos treinta años. Llevará a reconsiderar la pertinencia de principios naturalizados, vinculados con la meritocracia y los desempeños y a revisar sus referentes. Existe un riesgo de que los debates generados sean complicados, debido a que pondrán en tela de juicio intereses constituidos y convicciones arraigadas, pero también a que expresan representaciones de la educación superior, debatidas con ahínco en los pasados años y, a veces, incompatibles entre sí.
Si bien es prematuro adelantarse al desenlace de los trabajos en curso, no lo es advertir que llevarán a revisar el rol atribuido a las agencias de evaluación y acreditación como organismos que producen evidencias para el diseño de las políticas y monitorean resultados. No sólo propiciarán la sustitución de indicadores cardinales en los quehaceres de los actores y de los establecimientos. Contribuirán a desarmar jerarquías y estratificaciones, interpersonales e interinstitucionales.
Esa transformación no supone, sin embargo, que el Estado o las agencias, públicas o privadas, dejen de comprobar la calidad. Pero si adoptan otras modalidades de actuación y mediciones, impulsarán una idea que ganó adeptos en varias regiones del mundo, la del aseguramiento social de la calidad. Hace ya varios años, algunas acreditadoras, al diversificar sus criterios exigibles (añadiendo el de inclusión, por ejemplo) señalaron que su inserción modificó sustancialmente el listado de instituciones aprobadas y su jerarquía interna. Quiénes y cuales establecimientos serán considerados de calidad, bajo esos nuevos parámetros, no es una cuestión anodina.
Sin embargo, mal haríamos en creer que el meollo del asunto es técnico (seleccionar indicadores y asignarles puntajes). Es esencialmente político: al impulsar una transformación de la evaluación y la acreditación, el gobierno está dando un paso agigantado en la reorganización del SES. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por cierto, ha avanzado ya en esa dirección al suspender uno de sus programas estrella, el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) conforme con los propósitos de consolidar un sistema de educación y de ciencia alterno, de formar recursos humanos con conciencia social y de producir conocimientos de punta para resolver los “grandes problemas nacionales”. Esas prioridades, desde que fueron anunciadas, han sido extremadamente polémicas.
Independientemente de su futuro, la reforma en curso del sistema de aseguramiento de calidad tiene por lo menos una ventaja, en mi opinión. Permitirá reconocer los aportes al desarrollo local de instituciones indudablemente penalizadas por dispositivos que valoraron más la (re) producción del conocimiento que la responsabilidad territorial y la vinculación. Las instituciones tecnológicas, interculturales, de apoyo solidario o a distancia y las “nuevas” instituciones saldrán beneficiadas por sistemas que aprecien la atención prestada a poblaciones vulnerables y sus contribuciones al entorno.
Las preguntas pendientes son, no obstante, muchas. A reservas d1e completar una lista todavía preliminar, conforme las instancias a cargo concreten la reforma anunciada, es posible enunciar algunos interrogantes: ¿impactará dicha reforma del sistema de aseguramiento ce calidad en la distribución de los recursos financieros a las instituciones públicas? ¿justificará una modificación de los esquemas de retribución diferenciada a los académicos, con base en su productividad? ¿implicará una reorganización interna del sistema (cooperación intersectorial en vez de segmentación)? ¿incidirá en la proyección nacional e internacional de los individuos y en los grados de atracción de la oferta de programas.
