Regla de tres 995

Con templanza. De nuevo, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Antonio de los Reyes Heredia, habló claro y llamó al diálogo para retomar las actividades académicas en la institución. Como lo hiciera en este suplemento la semana pasada, en una entrevista con Salvador Medina, el encargado de esta casa de estudios volvió al tema en estos días, en varios foros y espacios. Las demandas de los grupos inconformes en torno a los casos de violencia de género, que detonaron la suspensión de clases, ya han sido atendidas y se han tomado los canales institucionales pertinentes para hacerles frente y demostrar que hay disposición para salir adelante en este tema. En todo este asunto, es fundamental reiniciar las labores y evitar un rezago que puede ser todavía mucho más costoso de lo que ha sido en ocasiones anteriores.

Defender a la institución. En estos días, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS, Jesús Madueña Molina, interpuso una denuncia ante el Juzgado Tercero de Distrito para que intervenga ante el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para frenar la auditoría que intentan realizar a la universidad. Esto, luego que el legislativo local y la ASE no acataron la resolución del juez, quien primero dictó suspensión provisional y después suspensión definitiva al amparo que interpuso la UAS. Por eso la universidad sinaloense recurre a estos caminos para evitar que la autonomía quede en vilo y pueda escalar a mayores consecuencias. Por cómo se vislumbra el conflicto, parece que la UAS continuará siendo asediada por varios grupos que operan en el estado y que intentan, ya sin mayor mesura, incidir en las decisiones que se toman al interior.

Crece el descontento. La recientemente aprobada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) ha generado mucho escozor y disgusto entre la comunidad académica de todo el país. Por donde quiere que se le vea, se trata de una legislación que los pone en desventaja. Por eso intentaron hacerse escuchar y reunirse con legisladores y funcionarios. Para ofrecer una visión alterna a esa ley, que a final de cuentas no cambio ni un ápice. El actuar de los legisladores dejo mucho qué desear y ahora los afectados buscan agotar todas las instancias posibles para revertir los efectos que traerá esa legislación. Lo que aún no se ve con la misma solidez y fuerza, es la solidaridad de todos los sectores en la discusión. Cierto que la decisión está tomada, pero la voz de los investigadores, académicos, estudiantes y científicos debe hacerse escuchar con mayor sonoridad.

Conversar y discutir. Por cierto, se realizó el Foro Nacional “Escenarios y desafíos de las IES ante la Ley General de Educación Superior y la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, en el que participaron rectores de universidades públicas, académicos y funcionarios para analizar las implicaciones que tendrá esta legislación en el desarrollo científico que impulsan las instituciones de educación superior del país. Lo que ahí se escuchó fue en un tono mucho más conciliador que la postura que han asumido otros sectores y organizaciones sociales ligadas a la ciencia y la investigación. Parece que hasta el momento no se ha sopesado, en su justa dimensión, la importancia que tienen las modificaciones que se aprobaron, sin consenso y respaldo mayoritario, para las universidades del país. Confiemos en que las instituciones puedan adaptarse y tener la capacidad y la voluntad de enfrentar cambios muy fuertes que impactarán en sus finanzas, por citar solamente un ejemplo.

Financiamiento a medias. Y es que, hasta antes de esta legislación, el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología determina que la Federación, los estados y los municipios deben destinar al menos uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a investigación científica y desarrollo tecnológico. Un planteamiento por el que se luchó durante muchos años. Con la nueva ley, este se queda de lado. Y aunque nunca se alcanzó esta meta, y era claramente insuficiente, cuando menos representaba un compromiso mucho más formal de parte de las autoridades por asignar recursos al sector científico. Como quedó redactada la legislación, es una invitación abierta a no destinar ni siquiera una cantidad mínima para hacer frente a los efectos inflacionarios de cada año.

Con mayor fuerza. Quien sí habló en un tono más enérgico sobre esta legislación fue la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien lamentó las formas en que fue avalada, pero sobre todo porque no tiene ni incluye la representatividad de los académicos, principales interesados y afectados. Ello, sin contar con la insuficiencia presupuestaria en la que van a transitar, todavía con mayores limitaciones. Aunado a eso, preciso la rectora de la UAQ, se trata de una ley centralista, que no garantiza ni la libertad de investigación. Por eso la preocupación es legítima y las movilizaciones en torno a este asunto podrían subir de tono en los próximos días, si es que los académicos y científicos del país hacen un alto en el camino para cuestionar esta ley.