Regla de tres 928

Carlos Reyes

Se suman más. El respaldo que ha generado en los últimos días la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) va en aumento. Desde el exterior se escuchan también voces de egresados, becados e investigadores que expresan su preocupación por el duro golpe que ha recibido a su capacidad de autogestión, pero sobre todo a la viabilidad del proyecto educativo que ha construido durante años. Desde instituciones privadas sólidas, hasta grupos sólidos de académicos, como los que integran el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior (PUEES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piden respeto a esta institución y lamentan la cerrazón de parte de las autoridades para resolver el conflicto que amenaza con crecer aún más con consecuencias mucho más graves. Todos saben que lo que venga en los próximos días para el CIDE será como una hoja de ruta para el gobierno federal en torno al resto de las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, no habrá distinción.

Mayor mesura. Justo cuando muchos preguntaban dónde estaba la postura de la UNAM y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en torno al conflicto en el CIDE, aparecieron sendos pronunciamientos hace unos días. En un tono mucho muy cuidado, sin entrar en confrontación, y marcando su distancia, ambas instituciones hacen un llamado al diálogo y a la pronta solución. No podían abstenerse y abstraerse de lo que ahí ocurre, pero también saben que el tono en el que se pronuncien sobre el problema es muy importante para evitar roces o distanciamientos mayores con el gobierno federal. Andar con pies de plomo y no dejar cabos sueltos que después sean aprovechados para debilitarlas. Por eso desde la cúpula de la UNAM y la propia Anuies han seguido de cerca el asunto y han resuelto, en el momento que ellos han determinado como el más indicado. Y de aquí en adelante se pronunciarán en la medida y en el tono que venga en los días próximos.

Con sustento. Y en ese juego que entraña habilidad y sólidos argumentos, la Anuies entregó esta misma semana a las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación los Informes de las Auditorías Financieras de las Universidades y los reportes de logros académicos del ejercicio fiscal 2020. Una muestra más de cómo se viene trabajando al interior de las instituciones. Aquí se ha puesto énfasis en la transparencia y el ejercicio eficiente de los recursos públicos, incluso mucho antes de volverse un mantra oficial. Y al menos desde la Junta de Coordinación Política, en voz del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez del PRI, llegó el reconocimiento de que la autonomía de las universidades permite un desarrollo eficaz de la academia, la investigación y el debate nacional desde las aulas, que es donde se forman los futuros mexicanos. Sobre todo, como lo dijo, en estos momentos donde los presupuestos se ajustan.

Diferencias fuertes. Y ahí mismo, en el seno del poder legislativo, vino una advertencia que ya comienza a hacer eco en algunas de las instituciones de educación superior públicas del país, que tiene que ver con el tema de los salarios y las prestaciones. El futuro laboral no pinta bien para las universidades. Un asunto que se ha complicado por la falta de recursos y la asignación cada vez más a la baja. Una responsabilidad que la diputada morenista y presidenta de la Comisión de Educación, Tania Cruz Santos, decidió adjudicarle a los gobiernos estatales y municipales. Porque son ellos, argumentó, los que deben invertir más en la educación superior del país. Porque los endeudamientos y la falta de operatividad que ya vienen mermando a las universidades del país pasan por la falta de compromiso de los gobernadores. De la responsabilidad del gobierno federal, no dijo mucho, aunque la raíz del problema venga desde la política hacendaria que se diseña desde ahí.

Entrañable partida. A Ramón de la Peña Manrique lo conocí en 2001, cuando era el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Durante aquellos años intentó innovar e implementar estrategias para la alfabetización que impactaran de manera más eficiente en el país. Meses después, fue parte fundamental en la creación del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt), durante la gestión del entonces presidente Vicente Fox. Oriundo de Saltillo, Coahuila. Fue uno de esos funcionarios que llegó muy de cerca, y desde el sector privado, con el entonces rector general del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann. Muchas de las ideas se quedaron en el camino porque entendieron que el poder político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) era demasiado frente a proyectos que trastocaban sus intereses gremiales. Pero su labor siempre fue encomiable y desde entonces coincidimos en más de una ocasión. La semana pasada murió a los 78 años de edad. Queda como legado su interés por la educación del país.