La disputa en los tribunales no ha concluido, pero es posible que profesores despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) finalmente sean reconocidos como trabajadores y no como beneficiarios de un programa social. El asunto no es menor. No solamente por sus implicaciones para los propios profesores, también lo es para la institución y para las relaciones laborales del gobierno federal.
Desde su instauración, al inicio del gobierno anterior, las UBBJG han sido controvertidas por diferentes motivos: por su regulación paralela a la estructura administrativa del nivel superior de la Secretaría de Educación Pública o por la selección de los lugares para edificar los planteles que se apartan de los criterios que se habían autoimpuesto.
También ha sido polémica la precariedad en la que operan los planteles, así como la improvisación en el diseño de las profesiones por impartir o los retrasos para certificar y entregar los títulos a los jóvenes que concluyen sus estudios. Sin embargo, con todo, el mayor problema ha sido asegurar uno de los componentes fundamentales de cualquier proyecto educativo: los profesores.
Hace un par de meses, en este mismo lugar, anotamos que las UBBJG, en promedio, tienen medio centenar de alumnos por profesor; la proporción más alta de todo el sistema de educación superior (Campus Milenio No. 1090). En México, ninguno de los sectores del nivel superior alcanza esa proporción, cuando más, llega a la mitad.
Lo más complicado ha sido la ambigüedad del estatus laboral de los profesores. En julio del año 2021, dos años después de que se expidió el decreto de creación de las UBBJG, un grupo de profesores fue despedido sin más ni más. El número de despedidos no es preciso, en aquel momento firmaron una denuncia pública 70 profesores y cuando el asunto se llevó a los tribunales sumaban 140.
En aquel año, en redes sociales, un grupo de profesores denunció la arbitrariedad de su despido y solicitó el reconocimiento laboral: “A los trabajadores se nos ha obligado a firmar convenios de prestaciones de servicios educativos con el objetivo de no reconocer nuestra condición de trabajadores y con ello negarnos nuestros derechos humanos y laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución. Esta serie de violaciones laborales han culminado en nuestro despido injustificado en plena pandemia COVID-19 (Comunicado de prensa”, 12.08.2021).
Las razones para despedir a ciertos profesores no fueron claras, pero osciló entre motivos ideológico–pedagógicos y el régimen de trabajo. Por ejemplo, cuando ocurrieron los primeros despidos, una nota de Mario Camarillo del periódico La Crónica, dio a conocer el contenido de una reunión entre el personal docente y la titular del programa, Raquel Sosa, en la que ella rechaza conservar en la planta docente a pedagogos, psicólogos o comunicólogos.
En referencia a esos profesionales, Raquel Sosa, indicó: “nosotros tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y diferimos fuertemente de la mayoría de las personas que se han formado en pedagogía, y que no conciben esta orientación de nosotros, porque están formados en toda la visión neoliberal. Pido muchas disculpas, pero no es la orientación de nosotros y no entienden lo que es el servicio público” (La Crónica. 14.08.2021: 6). Es decir, un proyecto político-pedagógico propio.
A su vez, en una primera reunión entre la titular de las UBBJG y representantes de los profesores despedidos, les hizo saber que no reconocía una relación laboral con ellos, principalmente, porque el programa operaba “bajo subsidios que fueron aprobados por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda; es así que el pago que reciben es más una beca que un salario por sus prestaciones de servicios profesionales” (La Voz de Michoacán 24.08.2021). O sea, de forma sorprendente, eran considerados becarios en lugar de trabajadores.
Durante los pasados cuatro años la disputa se ha dirimido en los tribunales. El mes anterior, los profesores de la UBBJG obtuvieron tres amparos en los que se les reconoce la relación laboral con el programa. Al parecer no es definitivo y restan otros expedientes, pero es probable que puedan ser reinstalados en los puestos que tenían, así como recibir los salarios caídos y regularizar los pagos obrero-patronales (Proceso 06.07.2025).
Finalmente, el caso de los profesores de las UBBJG es un precedente de relevancia para trabajadores que sostienen una relación contractual más o menos similar con el gobierno federal. Por ejemplo, los jóvenes participantes en el programa Cátedras Conacyt, y que ahora es Investigadoras e Investigadores por México, no lograron la firma de un contrato colectivo de trabajo, ni el reconocimiento a su derecho de huelga, pero se organizaron como sindicato y pugnan por derechos laborales.
Las relaciones laborales son eso: no pueden ser una becarización.
Pie de página: La UNAM y la SECIHTI firmaron un convenio para permitir “la interoperabilidad entre los sistemas de información de la plataforma Rizoma del SNII y de informes académicos” de la Universidad. Que conste, pendientes // La solución al plantón de profesores en el Zócalo de la Cdmx pasó por un boquete en el presupuesto educativo y el socavón ya apareció en el INEA. Uno de los sectores más vulnerable. Atentos.
Alejandro Canales
Columna Campus: Acelerador de Partículas
