Aunque la opción de ver un organismo aglutinante de este tipo como una realidad ha llegado a verse cercana a realizarse, no se ha llevado a cabo
En las recientes columnas de este espacio abordamos el tema indicando, por una parte, los antecedentes de la propuesta y, por otra parte, algunos referentes internacionales que permiten una comparación con la forma en que está organizada en México la política de ciencia, tecnología e innovación y lo que ocurre en otras latitudes.
Recapitulando antecedentes, queda claro que, al menos en dos oportunidades (2006 y 2012) la opción de gestar una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología ha sido contemplada como una posible respuesta al propósito de articular y brindar coherencia a ambos elementos, es decir a las funciones de producción y aplicación de nuevos conocimientos, y a la formación de cuadros especializados (científicos y tecnólogos), con la capacidad de llevar a cabo procesos de investigación, básica y aplicada, y generar posibilidades de transferencia tecnológica e innovación.
En el 2006 la opción fue discutida, principalmente, en medios académicos y ventilada en foros y publicaciones, aunque no fue recogida en las plataformas políticas de los partidos, ni tuvo el respaldo de las instituciones y organismos responsables de las tareas de investigación y formación de recursos humanos. Caso muy distinto fue el ocurrido en la víspera de las elecciones federales de 2012, en que la idea en favor de un organismo gubernamental, de rango secretarial, articulara tales funciones. La propuesta fue planteada y defendida por la Anuies, la ADIAT, la Academia Mexicana de Ciencias y por un grupo amplio y representativo del sector de educación superior y de la investigación científica. Sin embargo, no llegó a concretarse.
En la transición entre la elección de 2012 y el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se barajaron varias posibilidades para la creación de nuevas secretarías de Estado para responder a demandas prioritarias. Se proyectaron como posibles las secretarías de Telecomunicaciones, Pesca, Ciencia, de la Mujer y de la Presidencia (véase Animal Político, “Peña Nieto prepara seis nuevas secretarías”, 1 de octubre 2012).
En materia de telecomunicaciones, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2014) en calidad de órgano autónomo federal y se restructuró la Oficina de la Presidencia; el resto de las “nuevas secretarías” no se concretaron. En cambio, se decretó la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013) en reemplazo de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria; se estableció una Secretaría de Cultura (2015), en sustitución de la previa Comisión Nacional para la Cultura y las Artes; se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones fueron incorporadas a la Secretaría de Gobernación, y se tomó la decisión de extinguir la Secretaría de la Función Pública (2013), aunque ello no procedió porque faltaba consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunque no atendió a la posibilidad de modificar la estructura institucional para las actividades de ciencia y tecnología, el gobierno de Peña Nieto, en los primeros cuatro años de gestión, brindó recursos crecientes al sector. En 2013 el gasto federal en la materia superó la barrera del 0.4 por ciento de PIB y el indicador de gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE), que conjunta los recursos públicos y privados aplicados, alcanzó un pico de 0.55 por ciento del PIB. En contraste, el actual valor del indicador es de apenas 0.3 por ciento en referencia al PIB. La tendencia de crecimiento cesó y retrocedió a partir de 2016 como efecto de la política general de reducción del gasto público decidida por la administración pública federal.
En los últimos años, se han hecho evidentes los costos de la desconexión que impera entre la política de educación superior y la política de ciencia y tecnología emprendida por el gobierno de la cuarta transformación. Hay señales de inconformidad por la reducción del presupuesto para investigación científica y desarrollo tecnológico, así como de las becas disponibles para estudios de posgrado, contratación de jóvenes catedráticos, así como los sucesivos cambios de reglas y criterios en la operación del Sistema Nacional de Investigadores. El reto de una política renovadora salta a la vista y será sin duda un tema de discusión a partir de las campañas y en la elección que se avecina.
Es claro que urge construir puentes que articulen de mejor manera ambas políticas y las dos estructuras ¿la solución sería, como se ha planteado, una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología? Ya se verá si las fuerzas políticas en la contienda asumen esta posición y si llega a encontrar el camino de la implementación. De no ser así, de todos modos conviene pensar alternativas como, por ejemplo, un sistema de redes estatales en que las tareas de educación superior y las de investigación puedan entrar en contacto. Tal vez una red nacional o al menos una renovada plataforma de diálogo como la que ha entrado en funciones a partir de la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) y la revitalización de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), instancias derivadas de la Ley General de Educación Superior.
Una de las ventajas de la renovación de poderes consiste en la oportunidad de refrescar planteamientos y buscar alternativas de solución. Ojalá que sea posible.
