Es urgente consensuar una nueva normatividad universitaria, así como nuevas políticas educativas y científicas de parte del Estado
Los problemas a los que se enfrenta un gobierno son abordados, por lo general, mediante políticas públicas, contenidas en un plan, cuyas medidas sirven para resolverlos. Ante situaciones de desigualdad social, como en México, la política educativa juega un papel crucial para impulsar la economía, lograr un mayor bienestar para los desfavorecidos y darle al sistema político las condiciones para contar con una ciudadanía capaz de participar en la toma de decisiones en favor del desarrollo.
En virtud de lo complejo de los “grandes problemas nacionales” y de los retos que plantea la era digital, para lograr una sociedad más justa, los mexicanos estamos frente a una coyuntura de cambio cuyas salidas requerirán instituciones de educación superior muy fortalecidas con políticas públicas que resuelvan sus necesidades, toda vez que en ellas se preparan y forman las personas que contribuyen al cambio social y a la democracia, al egresar de las mismas, y toda vez que en las universidades públicas financiadas por el Estado se produce la mayor parte del conocimiento científico en México.
En el Seminario del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior (PUEES) de la UNAM hemos hecho un esfuerzo para reflexionar sobre cómo vincular el cambio institucional al interés público y a las necesidades sociales que van surgiendo en el país. Hemos analizado factores estructurales, económicos, sociales y políticos que influyen en las dinámicas institucionales, factores internos de las casas de estudios que requieren modificarse o ajustarse para que su organización docente e investigativa vayan acordes a las demandas de los nuevos tiempos.
Hemos realizado una discusión sistemática sobre la universidad pública y sus retos, sobre los temas y problemas que se ligan al modelo institucional que se ha seguido hasta la fecha y sobre el agotamiento de las políticas educativas que lo han impulsado. Intentamos (Muñoz y Suárez) delinear los rasgos estructurales que obstaculizan el devenir de la educación superior. Concluimos que era necesario la formulación de nuevas políticas públicas en materia educativa que propongan transformaciones, con una óptica de mediano y largo plazo, ligadas a los fines de un proyecto nacional que atienda el crecimiento económico, disminuya la desigualdad social, expanda la cultura y estimule la participación política.
Más recientemente, el PUEES publicó un libro que da cuenta de la expansión, diferenciación y financiamiento del sistema de educación superior (Mendoza) en buena parte de lo que va de este Siglo. Los problemas económicos y los efectos de la pandemia se dejaron sentir e impidieron una serie de cambios académicos y organizativos que se han juzgado necesarios de hacer y que están todavía pendientes porque requieren financiamiento para implantarlos.
Un ejemplo de la problemática para renovar la educación superior puede darse con la UNAM. En ella, se han propuesto ideas para cambiarla a lo largo de una serie de períodos rectorales. Hoy, es importante tenerlas como antecedentes y pensar cómo reconstruirla con visión de futuro. Plantear la creación de un marco institucional que renueve los acuerdos políticos entre los universitarios para proyectarla históricamente. El reto es que los cambios se lleven a cabo con el consenso y la participación de la comunidad para evitar rupturas estructurales o impedimentos para avanzar (Casanova).
Un académico del Seminario (Ordorika) propuso, recientemente, un curso de acción para el cambio institucional con base en un diagnóstico de los desafíos y problemas que tiene la Universidad para enfrentar los retos nacionales, lo cual supone superar sus rezagos. Es importante anotar que en este planteamiento se otorga prioridad a lo académico en el cambio institucional. Se sugiere que, salvados algunos de los obstáculos, en esta esfera, deben seguir otros cambios para que la comunidad académica quede mejor integrada. En su visión, es indispensable corregir los desequilibrios existentes: dar un papel central al estudiantado, revisar las formas y condiciones de trabajo de los académicos, eliminar la discriminación, la desigualdad y la violencia de género, fortalecer la autonomía y la presencia de la universidad en la esfera pública, reiterando el compromiso social, Asimismo, fortalecer la estructura de gobierno, favorecer la participación en la toma de decisiones y provocar un ambiente de seguridad en el campus.
Un cambio de fondo en la Universidad requiere contar con recursos económicos para afianzar las medidas que se propongan, ya que de otro modo se puede fracasar en la práctica. La esencia, identidad y calidad de la UNAM están íntimamente relacionadas con las características del personal académico y sus condiciones de trabajo. Con el modo de producción y transmisión de conocimiento, con los habitus y la cultura institucional. Hay un problema severo con la precariedad y el mal salario de los profesores de asignatura, pero también con la división tripartita del ingreso de los académicos de carrera, que ya es perjudicial. Todo, conforma una realidad que requiere una nueva normatividad universitaria, pero también nuevas políticas educativas y científicas de parte del gobierno federal, acordadas con los universitarios.
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