En los últimos tiempos no se le ha dado la atención debida a este nivel educativo pero es una tarea que ya no puede posponerse más
La elección presidencial en este año 2024 ha sido importante porque abrió paso a la continuidad de un marco político que se sustenta en la idea de transformar la sociedad mexicana. Una idea que ha cobrado consenso en una multiplicidad de sectores sociales entre los cuales existen diferencias sobre el contenido, el sentido y la dirección del cambio. Acabamos de tener un ejemplo con la reforma al sistema judicial: hay consenso en la necesidad de cambiarlo, pero hubo manifestación de grandes y graves diferencias, no atendidas, sobre el tipo de cambio, cómo hacerlo y sus consecuencias.
La pluralidad es resultado de lo ocurrido en la vida política de la nación, un rasgo esencial que en democracia debe ser aceptado, porque implica diálogo razonado y la apertura de cauces para llegar a acuerdos, que se traducen en legitimidad y gobernabilidad frente a la sociedad.
Un cambio estructural para implantar un nuevo curso del desarrollo, con crecimiento y distribución de la riqueza, tiene que acompañarse por cambios en el sistema educativo y, particularmente, en la educación superior. Porque ahí se gestan cuadros profesionales altamente calificados y conocimientos, al tiempo que se obtienen valores y contenidos ideológicos indispensables para que los cambios se produzcan y lleguen al cumplimiento de sus objetivos.
La educación superior, entonces, debe tener una alta prioridad en las políticas públicas. En los últimos tiempos no se le ha dado la atención debida. Pero ya no se puede retrasar más, porque se corre el riesgo de echar por la borda lo andado en otras esferas de la sociedad. La transformación de estructuras y procesos del sistema educativo tiene un costo, que podría cubrirse mejor sí el Estado realiza una reforma tributaria.
Es menester que la educación superior sea conducida mediante una política de financiamiento que le permita a las instituciones responder a las demandas de la sociedad. No se puede tener un sistema público de educación de mejor calidad sí no se atiende, en primer término, a las instituciones que ya se tienen, para que funcionen mejor.
Durante los últimos años se avanzó en la cobertura educativa, aunque el presupuesto siguió resultando insuficiente para mantener el costo por alumno. Anoto, asimismo, que los programas de becas estudiantiles permitieron reducir la deserción escolar.
La educación superior continúa siendo un mecanismo de movilidad social. Y la proporción de estudiantes que provienen de familias de escasos recursos ha aumentado. Pero el problema no es sólo de cobertura, porque lo complicado es el contenido, las carreras que se ofrecen, lo que se enseña, y su pertinencia social. Se agrega la existencia de un mercado de trabajo en el que priva la informalidad, y empleos profesionales mal pagados.
La enseñanza de calidad depende de tener buenos académicos. Pero, cuando uno se asoma a los datos, se aprecia que la gran mayoría son profesores de asignatura, y que hay quienes no tienen otro trabajo. Existen profesores de asignatura que dan 20 horas o más de clase, y no pueden ser contratados de otra forma, porque no hay plazas ni presupuesto.
Mientras, el personal de carrera compone sus ingresos de un salario insuficiente y de becas al desempeño, como las del Sistema Nacional de Investigadores. Becas que se pueden suspender en cualquier momento. La academia universitaria tiene un conjunto que ha permanecido por más de 30 años dando clase y haciendo investigación. Y que no goza de un retiro, que tampoco demanda, porque empobrece.
La profesión académica se ejerce con un mal clima laboral. Se respira tensión por el excesivo control del trabajo, y falta de confianza, en virtud de un sistema de evaluación, altamente burocratizado, que ya no resulta funcional para el fortalecimiento y la superación académica, indispensable para que las instituciones renueven sus capacidades para educar y enfrentar la realidad social en este Siglo.
Hay que revisar y proponer cambios al modo de transmisión y producción del conocimiento, reorganizarnos institucionalmente, marcar prioridades y necesidades para que la academia pueda cumplir mejor sus fines, lo que redundará en nuevos requerimientos presupuestales y un uso distinto de los recursos.
Este escrito llama la atención para que se discuta una visión que oriente la formulación de políticas públicas que apoyen al cambio de las universidades públicas, lugar donde se combina de manera más clara la docencia y la investigación; instituciones que mediante el conocimiento humanístico y científico auxilian para transformar la estructura social y para articular su reestructuración.
En este momento, con un nuevo gobierno, sería deseable atender las necesidades presupuestales que requiere la transformación institucional, abrir el diálogo con las autoridades universitarias, para examinar los requerimientos explicitados en sus planes de desarrollo institucional y apoyarlos para que se cumplan. De lo que hay certeza, es que sin acuerdos es imposible ir hacia adelante.
