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LGES: Una Enseñanza Sobre Procesos Legislativos

El trabajo realizado para la creación de la norma puede calificarse de ejemplar al apegarse a las reglas establecidas y a las conductas parlamentarias apropiadas. Se trata de un camino que vale la pena replicar.

Finalmente, el martes 20 de los corrientes se publicó en el Diario Oficial la Ley General de Educación Superior. Digo ¨finalmente”, porque a diferencia de lo sucedido con otros productos recientes del Congreso de la Unión, publicados por el presidente de la República unos cuantos días después de la aprobación por la respectiva Cámara revisora del Congreso de la Unión, el tiempo transcurrido entre ese último evento legislativo y su puesta en vigor llevó 31 días. En ese lapso varios grupos, gremiales o estudiantiles, mostraron su rechazo a la Ley en algunos puntos específicos. Posiblemente alguna influencia se derivó de la expresión presidencial, en una mañanera posterior al 9 de diciembre (fecha  de la aprobación de la Iniciativa de Ley por la Cámara de Senadores), cuando el jefe del Poder Ejecutivo dijo algo parecido a que las unanimidades le parecían sospechosas o que desconfiaba de ellas. Se refería con ello al insólito resultado camaral obtenido en aquella fecha, de unanimidad, el cual no se había presentado desde el inicio de dicha legislatura, en septiembre de 2018.

Qué bien que se haya publicado la Ley y que, por fin, el sector de educación superior disponga de una normatividad que le permita avanzar en el sentido de configurar un auténtico Sistema de Educación Superior. El acontecimiento es histórico. Pone punto final a una petición que se remonta formalmente a los días 24-26 de abril de 1968, cuando la Asamblea General de la Anuies, reunida en Xalapa, adoptó un acuerdo: “solicitar a la Presidencia de la República la formulación de un anteproyecto de Ley de la Educación Superior, que contenga las bases generales para unificarla en todo el país y fijar las reglas de coordinación entre la Federación y los estados, en los aspectos académicos, docentes y económicos . . .”.

Cincuenta y tres años después, como celebrando el aniversario, la petición se cumple, apegándose, en buena medida, a lo solicitado originalmente. Pero también honrando promesas de campaña de AMLO o uno de los 100 compromisos del nuevo gobierno federal, dados a conocer el 1º de diciembre de 2018.

La publicación de la Ley es también trascendental desde la perspectiva de los procesos legislativos que se han venido desarrollando en los últimos tiempos. Apegada a la ortodoxia procedimental, marcada en la Constitución, Ley Orgánica del Congreso y reglamentos, el camino seguido por la LGES deja, positivamente, una enseñanza sobre el proceder de los diversos actores políticos que intervienen en estos procesos. Así, lo realizado en la LGES se aparta radicalmente de algunos otros efectuados recientemente (padrón de usuarios de telefonía celular, reforma del Poder Judicial, ley eléctrica), identificados con la consigna de “no modificar ni una sola coma”. Procesos en que las mayorías congresionales imponen su parecer aunque éste vaya, paradójicamente, en contra de la Constitución o leyes que juraron (al tomar posesión) “guardar y hacer guardar”.

Los aspectos sustantivos de la Ley fueron ya abordados en varios textos previos (Campus: 880, 881 y 892). Aquí me limito a resaltar el camino seguido, la estrecha relación entre las normas de procedimiento y conductas apropiadas. En fin: la ortodoxia legislativa de un régimen que se apega al Estado de derecho. En el caso específico de las LGES son distinguibles las etapas seguidas en su elaboración:

La Anuies plantea desde 1968 la necesidad de contar con una ley en esta materia. Desde esa fecha se elaboran varios proyectos por esa organización sin que ninguno de ellos fuese retomado por el Poder Ejecutivo.

En los últimos seis años, Anuies elabora tres proyectos más. Uno a cargo de rectores y directores de sus instituciones afiliadas y dos más por académicos y especialistas de las mismas instituciones, con enfoques y puntos de vista divergentes, pero que alcanzaron siempre, al final, un consenso.

La reforma constitucional al Artículo 3º (mayo de 2019) previó en uno de sus transitorios la elaboración de la LGES. De inmediato (junio de 2019), la SEP y Anuies organizaron seis foros regionales de consulta en torno a esa disposición.  Un poco más tarde (septiembre) se integra un nuevo equipo de trabajo que “afinará” una segunda versión de la propuesta que ya se tenía. Con la vuelta del año (2020), la Subsecretaría de Educación Superior, con el concurso de especialistas, va depurando el proyecto, al cual se suman parlamentarios y expertos en la materia. Como se reconoció: “se realizan más de 60 encuentros con distintos representantes de sectores interesados en el tema”.

Entre marzo y noviembre de ese 2020, los grupos técnicos siguen afinando la propuesta a partir de las discusiones y puntos de vista distintos que ahí se sustentan. Ya para entonces las posiciones de los representantes de la SHCP se hacían presentes, preocupados por la parte del financiamiento referente a las innovaciones introducidas desde el Artículo 3º constitucional y que debían reflejarse de modo específico en la Ley.

En septiembre del año pasado la propuesta se convierte ya en Iniciativa de Ley y llega a la Cámara de Senadores. Ahí se desarrolla un arduo trabajo, conducido hábilmente por el presidente de la Comisión de Educación, actividad que incluye la celebración de tres sesiones de Parlamento Abierto, para, finalmente, el 9 de diciembre aprobar la Iniciativa por unanimidad.

La minuta de lo aprobado en la Cámara fue enviada el mismo 9 de diciembre a la de Diputados, donde, exactamente tres meses después, se aprueba por mayoría de votos y sin grandes modificaciones, aunque sí a partir de intensos debates.

Finalmente, el 20 de abril se publica la ley en el Diario Oficial. El presidente de la República firma el Decreto correspondiente, poniendo en vigor el nuevo dispositivo. El acontecimiento fue el epílogo de un afán de más de medio siglo de antigüedad.

Conclusión

La puesta en vigor de la LGES es un paso trascendental en la historia de la educación de México. No es la Ley que perseguían todos los grupos parlamentarios ni las instituciones de educación superior ni analistas especializados. Si se cumple con ella, se estaría en camino de un más robusto y armónico Sistema de Educación Superior

La autonomía de las instituciones de educación superior queda salvaguardada en varios de los artículos de la Ley. Podría decirse que en esta última la idea de autonomía no guarda disparidad con lo que se incluyó en la reforma constitucional del Artículo 3º, en mayo de 2019.

Si algún punto vulnerable tiene la Ley, éste se localiza en el financiamiento. Si la reforma constitucional erigió la obligatoriedad y la gratuidad como sus figuras estelares, y además lo expresó enfáticamente, el texto de la LGES no contiene ni la determinación ni la certidumbre que se consignaba en aquella. En la Ley, ambas quedan supeditadas a ciertos condicionantes (gradualidad, disponibilidad presupuestaria, transición gradual) sin que se fije plazo o fecha para que aquellas se cumplan.

Con todo lo anterior, el proceso legislativo seguido puede calificarse de ejemplar. Se apegó a las reglas establecidas y a conductas parlamentarias apropiadas. ¿Se trata de una golondrina que no hará verano, de un garbanzo de a libra, o un camino que se puede y vale la pena replicar? . . . los legisladores tienen la palabra

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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