A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los órganos personales, instancias de apoyo y personas funcionarias de la Universidad que toman decisiones para su funcionamiento y mejora tienen el deber irrenunciable de escuchar a su comunidad, transparentar sus acciones y rectificar cuando estas se alejan del sentir universitario. En los últimos días, personas de la comunidad, en especial nuestro alumnado, han cuestionado y manifestado distintas opiniones respecto a la adquisición de vehículos institucionales eléctricos en la Rectoría General. Con la intención de informar sobre esta decisión, su contexto y atención, se hace de su conocimiento lo siguiente:
Es indispensable iniciar afirmando que, como lo mandata nuestra normatividad, la totalidad del parque vehicular institucional (eléctrico, híbrido o de combustión interna) se utiliza estrictamente para el cumplimiento de las funciones universitarias, incluido aquel en asignación temporal para el desempeño de estas por algunos órganos personales, instancias de apoyo y personas funcionarias.
Ante un parque vehicular desgastado, durante el segundo trimestre del 2026 varias dependencias adscritas a la Rectoría General adquirieron 6 vehículos eléctricos de dos marcas distintas, por un monto total de 4,922,390.02 pesos. El costo promedio por unidad fue de 820,398.34 pesos, 6 % por debajo del tope autorizado por la normatividad vigente[1]. La compra se realizó por unidad vehicular; la modalidad más económica de las tres evaluadas (arrendamiento, compra por flotilla y compra por unidad).
Entendemos el agravio experimentado por nuestra comunidad. Más que una marca o modelo, la indignación tiene origen en una decisión sobre el uso de recursos institucionales en la adquisición de vehículos nuevos, sobre todo en un momento en que el alumnado exige condiciones elementales en servicios generales, así como mejoras en infraestructura y equipamiento para su formación integral.
La compra de estos vehículos se fundamentó en un análisis integral, técnico, financiero y ambiental; se sustentó en atención al Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático 2022-2030; y se ajustó a la normatividad universitaria que regula la adquisición de vehículos institucionales; todos estos documentos son públicos y están disponibles en el portal institucional.
El Acuerdo 03/2026 del Rector General señala que la adquisición de vehículos no debe hacerse con subsidio federal; mantiene los topes máximos vigentes desde 2018 y ahora los sujeta a estrictos criterios ambientales, con reducciones presupuestales del -25 % para vehículos híbridos y del -30 % para los de combustión interna; montos por debajo de los topes establecidos anteriormente en nuestra Universidad o por instituciones públicas de educación superior homólogas. Este acuerdo establece, además, nuevas exigencias técnicas de seguridad y calidad, y endurece los requisitos para la eventual adquisición de las unidades por parte de las personas depositarias.
La decisión de la renovación de este parque vehicular con un énfasis en la electromovilidad se tomó considerando todos los criterios económicos, técnicos y ambientales mencionados. Si bien el análisis también consideró elementos de oportunidad y sensibilidad social, no lo hizo con la profundidad y amplitud que el momento exigía. Adicionalmente, esta decisión careció de mecanismos explícitos de articulación con la planeación institucional.
Como Rector General me corresponde atender esta situación. Por ello, anuncio las siguientes medidas:
1. A la brevedad se iniciará la desincorporación de estos vehículos eléctricos y la totalidad de los recursos obtenidos de su venta se destinará al fortalecimiento del programa de becas institucionales para el alumnado.
2. Para corregir la situación de fondo y evitar su repetición, se ajustará el Acuerdo 03/2026, el cual queda suspendido a partir de esta fecha en tanto se publican sus modificaciones.
3. Adicionalmente, para reforzar las medidas de racionalidad presupuestaria y austeridad, se revisará el Acuerdo 11/2024 articulándolo con los procesos de planeación y presupuestación institucional, de tal modo que garantice que los ahorros obtenidos redunden en el mejoramiento y ampliación de los servicios básicos a la comunidad universitaria (sanitarios, alimentación, actividades deportivas y bibliotecas, entre otros).
Finalmente, manifiesto que, en mis responsabilidades previas como órgano personal o como persona funcionaria de esta Universidad, jamás he adquirido un vehículo institucional. Por lo que, como un acto de congruencia personal e institucional, informo que el día de hoy he presentado por escrito ante la Secretaría General mi voluntad anticipada, expresa e irrevocable de no adquirir vehículo institucional alguno al término de mi gestión.
[1] Acuerdo 03/2026 y Acuerdo 11/2024 del Rector General; Lineamientos del Patronato para Autorizar en Materia Financiera la Adquisición de Bienes, Servicios, Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
In Calli Ixcahuicopa
Casa abierta al tiempo
Rector General
Prof. Dr. Gustavo Pacheco López
Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026
