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La educación es el más poderoso igualador social

Entrevista con Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP

Las universidades públicas del país cumplen un papel de vinculación y compromiso social relevante para la equidad. Son parte de un trayecto hacia el futuro que vislumbran y construyen miles de jóvenes.

Para Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la misión de las instituciones de educación superior es clara: comprometerse a cerrar las brechas sociales que persisten en el país.

En entrevista con Campus, la funcionaria comenta que las instituciones de educación superior son fundamentales para generar una sociedad más justa y equitativa.

“En específico, las universidades públicas revisten vital importancia para el desarrollo social, y ello puede observarse cuando una universidad decide instalarse en una comunidad alejada de la capital del Estado, o atendiendo a una necesidad local.

“Cuando eso sucede, se observa cómo las y los jóvenes de la localidad no tienen que migrar hacia otros espacios para aprender y atender su curiosidad por el saber —intrínseca en los seres humanos—, o para capacitarse en una vocación dada o formarse en una profesión para el trabajo”, argumenta.

Por ello, agrega, “la educación es el factor de cambio social más poderoso que existe, es la manera en la que el código postal de nacimiento no es determinante para la vida de un ser humano. Y sin duda, las universidades y las distintas instituciones de educación superior permiten que cada miembro de su comunidad se sienta motivado forjando su esperanzador camino hacia el futuro.

“Las universidades públicas cumplen y deben cumplir además de la formación profesional y la investigación, un papel de vinculación y compromiso social relevante para la equidad, ello indicado en su misión”, plantea.

Analizar la desigualdad
Al hablar sobre los factores que más influyen en la desigualdad educativa, Rodríguez Armenta, quien fue vicerrectora Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sostiene que se trata de un elemento multifactorial.

“La falta de elementos equitativos, desde la cercanía de la escuela, el transporte público o los caminos para acceder a la universidad, la calidad de la infraestructura educativa —instalaciones que de manera óptima permitan realizar las acciones para generar aprendizaje—, la capacitación, formación y motivación del docente; así como el acompañamiento para la formación como las tutorías, orientaciones vocaciones y acompañamientos socioemocionales, entre otros factores, forman parte de los procesos que terminan con la desigualdad”, dice.

Y es que, “en un país donde la diversidad y la interculturalidad forman parte de la vida de las y los mexicanos, es muy importante tomarlo en cuenta para el cambio curricular y la visión de compromiso social que tienen las instituciones.

“Recordemos que todos los seres humanos tenemos diversos modos de aprender, y por ello es fundamental recuperarlo en el proceso formativo, para que el papel del docente cumpla con el acompañamiento en la construcción del conocimiento, independientemente del sujeto que estamos formando”, señala.

Por ello, “este año y medio de pandemia sacó a flote las desigualdades más profundas en las que vivimos, haciendo más vulnerables a los ya vulnerables socioeconómica y emocionalmente hablando.

“Y se observa cómo algunas y algunos académicos o investigadores fueron muy generosos y nunca cerraron la universidad: abrieron las puertas de sus casas para continuar con las clases a distancia, a pesar de la poca o nula habilitación digital con la que contaban.

“Aunque en honor a la verdad, todavía algunos no desean regresar a la presencialidad porque cuentan con las herramientas desde sus hogares, y no toma en cuenta a las y los estudiantes que no viven en ese privilegio: necesitamos regresar ya a la presencialidad con los cuidados necesarios para no hacer más profundo el rezago educativo y el daño socioemocional”, sostiene.

Estrategia para reducir brechas
Sobre la contribución que han tenido los mecanismos de evaluación para resarcir las brechas escolares, Carmen Rodríguez Armenta, quien fue presidenta de la Red de Desarrollo Institucional de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), apunta que “las evaluaciones entre pares han permitido apropiarse de las mejores acciones que realizan las instituciones educativas y, de hecho, la Ley General de Educación Superior, aprobada el pasado 30 de abril del presente año es muy clara al respecto.

Esta legislación menciona, en su artículo 58, que “el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior tendrá por objeto diseñar, proponer y articular, estrategias y acciones en materia de evaluación y acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior para contribuir a su mejora continua.

“En dicho sistema participarán, conforme a la normatividad que se expida al respecto, las autoridades educativas de la Federación y las entidades federativas, representantes de las autoridades institucionales de los subsistemas de educación superior del país, así como representantes de las organizaciones e instancias que llevan a cabo procesos de evaluación y acreditación de programas e instituciones de educación superior”.

Asimismo, puntualiza Rodríguez Armenta, en el artículo 61 se establece que “para la operación de dicho sistema, establecerá los procesos bajo los cuales las autoridades educativas, instituciones de educación superior, además de las instancias y sectores vinculados con el tipo de educación superior proporcionen información que integre el sistema al que se refiere este artículo, la cual tendrá fines estadísticos, de planeación, evaluación y de información a la sociedad, a través de los medios que para tal efecto se determinen”.

Por ello, dice, “se inició una amplia consulta indicada por el Consejo Nacional para la Educación Superior (Conaces) con cinco componentes: foros regionales, entrevistas personales con expertos, una encuesta masiva, reuniones con las autoridades locales, estatales y federales, así como sesiones de trabajo con los organismos acreditadores y evaluadores que cuentan con una amplia trayectoria y trabajo en nuestro país”.

Además, agrega la funcionaria, “es fundamental mencionar que en este nuevo Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que se menciona en la Ley General, el objetivo principal radica en la mejora continua de la propia institución y no en un tema de competencia entre las instituciones, sino de colaboración y compartir buenas prácticas.

“Donde el objetivo no sólo sea formar a buenos profesionistas con excelencia educativa, sino que sean seres con conciencia social y crítica, así como buenos seres humanos”, puntualiza.

Mejor escenario
Al hablar de la forma en la que las instituciones de educación superior pueden contribuir a reducir la desigualdad educativa, la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural apunta que estas “no deben olvidar en cada decisión y en cada acción su compromiso con la sociedad, en particular, las universidades e instituciones públicas.

“En este sexenio se han iniciado diversos programas que contribuyen a la equidad educativa, como lo es el programa ‘Tu Decides: Opciones en Educación Superior’, cuyo objetivo es generar mayores oportunidades de ingreso a la educación superior, a través de la orientación vocacional, laboral y difusión de becas.

“La estrategia de este Programa es que las y los aspirantes que aspiran a alguna de las Instituciones de Educación Superior Públicas de alta demanda y que por algún motivo no ingresaron, se vinculen con más opciones tanto públicas como particulares. En cuanto a las instituciones particulares, existen convenios de colaboración que tienen por objetivo brindar cuotas preferenciales a las y los aspirantes que se registren e inscriban mediante este Programa”, explica.

Por ello, dice Rodríguez Armenta, “las más de 70 mil acciones que desplegaron las Universidades con motivo de la pandemia dan cuenta de la responsabilidad social de las instituciones, acciones entre las que destacan: elaboración de gel antibacterial, mascarillas, repartir despensas a la población más desprotegida, recordemos que más del 17 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas provienen del primer quintil de pobreza, y esta oportunidad es fundamental para el cambio de vida”.

Asimismo, “línea para el acompañamiento socio-emocional de la comunidad, vinculación para fomentar el comercio local, difusión de información en torno al covid-19, videos en lenguas de pueblos originarios, investigación en torno al virus, préstamo de equipo de cómputo a sus alumnos, habilitación digital al personal docente, creación de respiradores”.

Al mismo tiempo, detalla, “la gran mayoría de las instituciones se convirtieron en centros de vacunación para la sociedad en general, con la infraestructura y con alumnos y alumnas como voluntarios para el proceso de inoculación, así como acciones de acompañamiento a su comunidad universitaria y población en general, entre otras acciones”.

Además, “existen diversos programas que abonan a la equidad, entre los que se pueden destacar las instancias infantiles para los hijos e hijas de estudiantes, programas que apoyan a los estudiantes sordos, becas de movilidad para los estudiantes de bajos recursos que viven alejados de sus comunidades, entre otras acciones.

“Destaco los programas impulsados por el Presidente de la República, en particular el de las Becas para el Bienestar Benito Juárez en su programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como el programa de Becas para Manutención”, comenta.

Por otro lado, señala que, para dar solidez a los programas de equidad, se concretó la Ley General de Educación Superior, en abril de 2021, y en cuyo artículo 5 se menciona que “las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de educación superior formarán parte del Acuerdo Educativo Nacional establecido en la Ley General de Educación para lograr una cobertura universal en educación con equidad y excelencia”.

Ahí se establece que “la Secretaría propondrá la adopción de medidas para que las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones de educación superior, participen en el cumplimiento de este artículo, con base en lo siguiente:

“Reconocimiento a la diversidad y respeto a las características de los subsistemas bajo los cuales se imparte educación superior; concurrencia en el cumplimiento de la cobertura universal en educación; respeto a la soberanía de las entidades federativas, así como a su ámbito de competencia, en materia de educación superior; contribución al fortalecimiento y mejora continua del Sistema Educativo Nacional, y respeto a la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior”.

Cerrar las brechas
Para Carmen Rodríguez Armenta, quien fue Coordinadora General de Planeación y Desarrollo Institucional de la UdeG, las diferencias educativas entre los jóvenes que ingresan al nivel superior se reflejan “principalmente en la deserción escolar, que si bien en la educación superior es menor que en media superior y en secundaria, es muy importante cuidar el tránsito de nuestros estudiantes que provienen de sectores vulnerables y actuar de inmediato para que no se refleje esta diferencia en la baja calidad educativa o en la propia deserción, generando con ello un elemento de desilusión y rezago social.

“Esta desigualdad también se muestra en el bajo desempeño escolar, ya sea porque las y los estudiantes deben trabajar y estudiar a la vez para aportar económicamente a su casa, o por la falta de herramientas para acceder al conocimiento como conectividad, equipos de cómputo, bibliotecas, por mencionar algunos”, apunta.

Por ello, ahonda, es “fundamental que se sigan apoyando programas presupuestales que abonen a disminuir estas diferencias profundas desde el origen, como el fondo S300, por mencionar alguno, así como el fondo de gratuidad y obligatoriedad contemplado en la reforma del artículo tercero constitucional para la educación superior.

“Contar con un programa de tutorías para acompañar al estudiante, así como proveerle de las herramientas socio-emocionales para enfrentar a una visión que por años ha sido de competencia y no de colaboración, es relevante”, comenta.

En ese sentido, el artículo 4 de la Ley General de Educación Superior lo contempla de manera precisa al señalar que “de acuerdo con lo dispuesto en la fracción X del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional de igualdad y no discriminación, el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite, con el certificado de bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior.

“Para contribuir a garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar educación superior en instituciones de educación superior públicas, en los términos establecidos en esta Ley, el Estado otorgará apoyos académicos a estudiantes, bajo criterios de equidad e inclusión”.

Becas para el bienestar: En la mejor ruta
Sobre la estrategia implementada por el Gobierno Federal de otorgar becas para alcanzar una mayor equidad educativa, Carmen Rodríguez Armenta, quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, señala que, sin duda, “las Becas para el Bienestar Benito Juárez otorgadas desde la visión del Ejecutivo en este gobierno federal, son fundamentales.

“Es menester que sean acompañadas de manera local por programas en las universidades que logren erradicar las violencias de género y discriminación social; acompañar y cuidar a los estudiantes de poblaciones vulnerables con apoyos focalizados que van desde equipos de cómputo hasta comedores estudiantiles”, explica.

Además, se debe “apoyar la ciencia desde la perspectiva de las universidades interculturales; así como programas como acceso a la educación superior a todo aquel miembro de una comunidad indígena que desee ingresar con el compromiso de regresar a su población y apoyarla para la mejora.

“Las entidades federativas tienen también un gran papel para alcanzar la equidad, los programas presupuestales deben ser acompañados en concurrencia financiera para el beneficio de las y los jóvenes de dichos Estados de la República, tal como lo indica el artículo 65 de la citada Ley General de Educación Superior”, comenta.

En suma, se trata de “un trabajo conjunto y se requiere del apoyo decidido de diversos actores, como federación, estados, funcionarios de las universidades, comunidad universitaria, organismos gremiales, sector empresarial, entre los más significativos, para abatir las diferencias y se consolide la equidad que tanto buscamos y que sólo la Educación puede otorgar”.

Además, Rodríguez Armenta destaca la creación de una página de transparencia focalizada en las aportaciones estatales y federales que se creó desde la Secretaría de Educación Pública y que en 2019 ganó el Premio Nacional a la Innovación en Transparencia.

“En ella se contemplan las ministraciones de subsidio ordinario y extraordinario con las concurrencias estatales y federales en cada una de las universidades públicas estatales autónomas, universidades de apoyo solidario, así como las universidades interculturales.

“Los invito a que observen cómo las instituciones de educación superior en su responsabilidad social, cuentan con un plan de austeridad y ahorro, así como la transparencia de su ejercicio en las finanzas públicas.”

Asimismo, la funcionaria resalta que el artículo 8 de la Ley General de Educación Superior, aprobada el pasado 20 de abril del presente año, “es un excelente marco a la equidad e igualdad porque cada palabra ha sido cuidadosamente pensada en la educación superior que requiere nuestro país”.

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