El desatino de prohibir los narcocorridos

Como es obvio que la alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero Ramírez (aunque, para el caso, da la mismo en qué partido milite) jamás estudiará estas producciones culturales, tampoco comprenderá que demonizarlas equivale, en términos de comunicación, a prohibir el periodismo que dé cuenta de esta realidad que, en gran medida, es responsabilidad, y muchas veces, complicidad de los gobiernos y autoridades. En los narcocorridos, que son crónicas musicalizadas de la violencia, el tráfico de drogas y, en efecto, la apología del delito (con los narcos como nuevos héroes), no pocas veces se denuncia la codelincuencia entre narcotraficantes y autoridades de los más diversos niveles, como cuando Sergio Vega (1969-2010), asesinado por sicarios hace trece años, interpreta “Alineando cabrones”, prestándole su voz a Arturo Beltrán Leyva, El Botas Blancas:

“No soy agua ni pescado,/ simplemente he trabajado/ con entusiasmo y valor./ Tengo un trabajo empezado/ y otros que ya he terminado/ y yo no tengo patrón. […]/ Mi trabajo no es correcto/ y por nadie es aceptado,/ lo dice el gobernador:/ que las leyes han cambiado,/ que policías y soldados/ han entrado en corrupción./ Pero el dinero que gastan/ todos esos grandes jefes/ se le debe a algún patrón:/ que están estrenando carro,/ joyas y hasta casa nueva/ sin decir d’onde salió”.

Ciertamente, en este narcocorrido hay apología del delito, pero en la letra también se admite que el “trabajo” que realiza el narcotraficante “no es correcto”, y hay una información adicional muy relevante y delicada: la que tiene que ver con la corrupción de las policías y las fuerzas armadas que, por supuesto, en sus estratos más bajos, siempre es menos grave que la que se da entre los “grandes jefes” (como escribe el compositor Freddy Vega), quienes son los que se llevan las grandes recompensas, en dinero y bienes de lujo, que les dan los narcotraficantes por el hecho de colaborar con ellos o, mínimamente, hacerse omisos y dejar que operen. El narcocorrido es, entonces, crónica de la realidad, ¡y que no vengan a moralizar los gobernantes si, en lugar de combatir a los narcos con eficacia, se dan abrazos con ellos!

Lo cierto es que, de dientes para afuera, presidentes del país, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y autoridades en general han combatido la expresión cultural de los narcocorridos, confundiendo, deliberadamente, los hechos con la representación de los hechos, esto es, la realidad con las palabras. Esto no es nuevo: desde hace años, las autoridades locales (Chihuahua y Tijuana son los casos recientes) han hecho punible la interpretación pública de este género, lo cual implica, sobre todo, imponer multas muy elevadas, que sólo sirven para captar recursos por este concepto, ya que por muy elevadas que sean estas multas, las ganancias de los organizadores e intérpretes son infinitamente superiores, y la multa equivale a pagar un “derecho de piso”, cobrado no por las mafias que operan al margen de la ley, sino por las autoridades mismas.

Cabe recordar que, en el Congreso federal, ha habido iniciativas de diputados, en 2019 y en 2023, para vetar en todo el país los corridos bélicos, lo cual es más que una ironía, porque en este sexenio a los narcos se les ha tratado con bastante deferencia, y quienes han propuesto tales iniciativas son legisladores del partido en el poder. Por ello, la prohibición de los narcocorridos o corridos bélicos que, en estos días, emanó del cabildo de Tijuana, a iniciativa de la alcaldesa Caballero Ramírez de esa ciudad, es un desatino y una muestra de doble moral, pues según ella (transcribo exactamente sus palabras), “lo principal es cuidar la salud mental de los jóvenes, niñas y niños y adolescentes, ya que por más armas que este municipio decomise, por más cuestiones de detenciones que hagamos, lo más importante es cuidar la salud mental que empieza por los ojos y por los oídos. Todos los artistas son bienvenidos, y que no se tergiverse que son los corridos, ya que los corridos son bienvenidos e incluso son inspiracionales (sic) y son parte del folclor mexicano; lo que no puede ser parte del folclor mexicano y no puede representarnos es el narcocorrido y la apología del delito. Por lo tanto, hoy este cabildo pues (sic) le dice no a los narcocorridos”.

Queda claro que la alcaldesa de Tijuana no sabe de lo que está hablando. Los narcocorridos son parte de la tradición corridística mexicana: el primero, “El Pablote”, data de 1931, al que le siguen “Por morfina y cocaína” en 1934 y luego, el más emblemático de esa época temprana, “Carga blanca”, de finales de los años cuarenta. Y en términos amplios del género, habría que preguntarle a la alcaldesa si le parecen “inspiracionales” (sic, porque quizá quiso decir “aspiracionales”) los corridos de valientes, forajidos, bandoleros, raptos, persecuciones, alevosías, asesinatos, parricidios y tragedias pasionales (uso parte de la tipificación que utiliza Vicente T. Mendoza en su libro El corrido mexicano, de 1954), entre los cuales hay algunos tan conocidos y populares como los de “Benito Canales”, “Valentín Mancera”, “Valente Quintero”, “Valentín de la Sierra”, “Heraclio Bernal”, “Martín Herrera”, “El Chivo Encantado”, “Coleta Guillén”, “El parricida” y “Teresa Durán” (por mencionar sólo una decena) que no refieren, precisamente, historias de vendedores de piñas.

Según la información inicial, el cabildo de Tijuana prohibió la interpretación de narcocorridos en conciertos dentro de esta ciudad fronteriza, destinada a castigar a “todo aquel que transmita, exhiba, interprete, reproduzca o permita espectáculos públicos que promuevan la cultura de la violencia o haga apología del delito y de criminales”. Como esto era muy general y hasta equívoco, a las pocas horas, la alcaldesa salió a precisar (en su “conferencia mañanera”) que esta iniciativa punitiva entrará en vigor en diciembre del presente y que se sancionará, hasta con un millón de pesos “a los artistas que toquen narcocorrido en Tijuana”, pero, además, “los bares y antros que pongan este tipo de música serán clausurados”. Tal inocentada es de dar pena, pues no se necesita ir a un antro o a un bar para escuchar narcocorridos: bastan las estaciones de radio y, por supuesto, internet. Además, niños y adolescentes, por reglamento, ¡no pueden ingresar a un bar a dañar “su salud mental”!

Luego, a la alcaldesa como que le cayó el veinte o tuvo un momento “inspiracional” y se justificó, curándose en salud: “Es muy absurdo pensar que con la prohibición de estos narcocorridos vamos evitar (sic) la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, definitivamente no es una solución, es parte de un plan de prevención”. Da pena, porque debería saber que los narcocorridos seguirán retratando, y relatando, la realidad, y, para que desaparezcan, tendrán que desaparecer primero el narcotráfico, la violencia y la impunidad.