Hace unos días, el doctor Eduardo Backhoff, reconocido especialista en evaluación educativa, publicó una columna titulada “La privatización en los hechos de la educación superior en México” (El Universal, 11 de enero 2026). En ella hace notar una tendencia de crecimiento tanto de la matrícula como del número de instituciones correspondientes al régimen privado en el sistema de educación superior del país, la cual adjudica a una significativa desinversión del gasto gubernamental en el sector público. Al respecto afirma que, “según cifras oficiales, el gasto educativo público total se redujo en términos reales durante el sexenio de AMLO en alrededor de 53 mil millones de pesos. Más preocupante aún es la caída del gasto público por alumno en educación superior, que pasó de aproximadamente 78 mil 700 pesos anuales en 2018 a 46 mil pesos en 2024, una reducción cercana al 42 por ciento”.
Al revisar la serie de matrícula en el periodo de 2000 a 2025, se puede constatar que, en efecto, hay una tendencia al alza de los servicios privados de educación superior. Prácticamente en cada año de la serie se observa una mayor proporción de la matrícula privada en comparación con la pública. En el año 2000, es decir, al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada, la matrícula privada del sistema de educación superior considerado en su conjunto, lo que comprende los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado, era de 31.8 por ciento. La proporción creció a 33.7 por ciento en el último año de ese sexenio. En el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, esa proporción se mantuvo en el mismo nivel, con ligera disminución, al registrar en el ciclo escolar 2012-2013 un indicador de 32.9 por ciento, dato con el que inicia el ciclo presidencial de Enrique Peña Nieto, en cuyo sexenio la proporción privada llegó a 35.4 por ciento en el ciclo 2018-2019. Finalmente, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la proporción de matrícula privada pasó de ese nivel a 38.1 por ciento al cierre del ciclo escolar 2024-2025. De hecho, la aceleración de la tendencia ocurrió a partir del año 2016 y se prolongó en los años del gobierno de la cuarta transformación, lo que coincide, como señala Backhoff, con el decaimiento del gasto federal aplicable a las IES públicas de educación superior.
Esta “tendencia privatizadora”, como la califica Backhoff, ha ocurrido con distinta intensidad entre los diferentes niveles del sistema de educación superior y también es diferencial entre las entidades de la federación. Al desglosar la matrícula en dos grandes grupos, por una parte el que comprende al nivel de técnico superior, educación normal y licenciaturas universitarias y tecnológicas, los datos de la serie 2000 a 2025 pasan de 31.2 por ciento en el ciclo 2000-2001 a 35.4 por ciento en el ciclo 2024-2025, es decir, un incremento de 4.2 por ciento en favor de la educación privada. Dentro de este grupo, si solo se considera a las licenciaturas universitarias y tecnológicas, el tránsito va de 31.0 por ciento a 37.4 por ciento; el incremento de la participación privada es mayor en las licenciaturas porque tanto en el nivel de técnico superior como en la educación normal la matrícula privada ha descendido en términos absolutos y relativos.
En varios estados la matrícula privada de licenciatura ha superado el umbral de cuarenta por ciento, como es el caso de Jalisco (40.2), Tabasco (40.6), Guanajuato (41.7), Puebla (45.8), Aguascalientes (46.4), Estado de México (46.8), Tamaulipas (47.6) y Quintana Roo (48.8). En dos entidades, la proporción de matrícula privada de licenciatura ya es mayoritaria: Coahuila (50.8) y Yucatán (53.6).
En el posgrado la participación privada ha sido especialmente dinámica, al pasar de 41.2 por ciento en el 2000 a 65.9 por ciento en el ciclo 2024-2025; esto es un incremento de casi 25 puntos porcentuales durante las dos décadas y media de este siglo. En este nivel de estudios, la matrícula privada de especialidades pasó de 28.8 a 40.2 por ciento; la de maestría de 47.4 a 74.1 por ciento, y en doctorado de 12.6 a 61.4 por ciento.
En la mayoría de los estados, la matrícula privada de posgrado es mayoritaria, aunque en una decena de ellos sigue prevaleciendo la pública. Es este el caso de las siguientes entidades: Zacatecas (26.0), Chihuahua (34.7), Sinaloa (35.5), Yucatán (40.5), Querétaro (40.6), Guanajuato (42.2), Oaxaca (44.4), San Luis Potosí (45.5), Baja California Sur (46.1), Tlaxcala (49.8).
En contraste, hay varios estados en los que la matrícula privada de posgrado no solo es mayoritaria, sino predominante; como es el caso de Nuevo León (72.3), Estado de México (73.6), Aguascalientes (78.0), Puebla (83.1), Nayarit (83.3), Quintana Roo (85.5) y Chiapas (88.1). En el nivel de maestría, superan la cuota de ochenta por ciento de participación privada las entidades de Estado de México (80.7), Puebla (89.1), Chiapas (89.4) y Campeche (92.0). En los estudios de doctorado, con proporciones de matrícula privada superiores al ochenta por ciento, figuran los estados de Durango (81.0), Chiapas (87.5), Aguascalientes (91.0), Quintana Roo (93.4), Nayarit (93.9) y Campeche (97.7).
El objetivo de ampliar la matrícula para incrementar la cobertura de educación superior debiera tomar en cuenta estas dinámicas a fin de conseguir, al menos, un mejor equilibrio entre las opciones de educación superior pública y privada, con énfasis en aquellas entidades en que la participación pública ha decrecido con mayor intensidad y, desde luego, en los estudios de posgrado en que la pauta de privatización es innegable y no parece ser la mejor opción para afianzar el último tramo de la estructura educativa del país.
