Suplemento Campus

Carlos Pallán Figueroa

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la Anuies

capafi2@hotmail.com

Carlos Pallán Figueroa Crisis y programas prioritarios/ I

Crisis y programas prioritarios/ I

Con un abrazo a Manuel Ruiz
de Chávez:  impulsor denodado de la Bioética, durante los 10 años que estuvo al frente de la Comisión Nacional correspondiente.

Abril ha sido pródigo en realinear las prioridades en materia de finanzas públicas, vale decir también del desarrollo nacional. Algunas de estas prioridades han sido anunciadas, otras decretadas. Una relación de ellas sería la siguiente: 1) el 1º de abril, en los Pre-Criterios de Política Económica, se redujeron muchos de los rubros del gasto inscritos en el Presupuesto de 2020, pero también se seleccionaron 81 programas a los cuales se les otorgó el carácter de prioritarios; 2)  dos días más tarde, un Decreto Presidencial desaparece los fideicomisos públicos ociosos o sin estructura orgánica, esperándose que esto le reditúe a las arcas públicas entre 110 y 180 mil millones de pesos (mp); 3) el día 8, la Secretaría de la Función Pública emite un acuerdo para que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  (APF) reduzcan en un 50 por ciento parte de su gasto corriente; 4) cinco días después, la SHCP gira órdenes para que el Gobierno Federal se “abstenga a la contratación de plazas permanentes, y de honorarios hasta el 31 de diciembre”; 5)  el día 23, el Presidente publica un Decreto por el cual “se establecen las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la APF. . .”,  en el cual se establecen un conjunto de acciones encaminadas a reducir el gasto público en 622 mil (mp), y, además, los programas prioritarios se quedan en 38; 6) finalmente, ese mismo día 23 el Presidente manda una iniciativa de adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que permita la reorientación de los recursos asignados en el PEF a fin de distribuirlos para mantener la ejecución de los proyectos prioritarios de la APF, dándole una amplísima atribución en esta materia a la SHCP.

El telón de fondo de todas estas medidas gubernamentales es enfrentar la crisis del coronavirus y rescatar una economía que, del estancamiento de 2019, está pasando a ritmo acelerado a una profunda recesión. Con todo, la estrategia del gobierno no abdica del principio enunciado en los Pre-Criterios: “conseguir un balance entre la necesidad de apoyar e impulsar la economía y la disciplina fiscal”. Lograr lo anterior presupone dos instrumentos básicos, según aquél documento: a) generar ahorros presupuestales; b) privilegiar como fuente de financiamiento el uso de activos financieros. No se podrá decir que las medidas anunciadas no han sido congruentes con ello, las seis son una mezcla de esos dos instrumentos básicos.

Pero también, en esas seis medidas se contienen, expresa o implícitamente, prioridades gubernamentales: qué se quiere impulsar, o por lo menos no dejar caer, en esta coyuntura crítica. Sorprende que entre aquellas prioridades, las 81 o las 38, no se contengan las que se derivan de la trascendental reforma del Artículo 3º Constitucional, relacionado con la obligatoriedad-gratuidad de la educación superior, ni las relativas a la Ley General de Educación en torno a financiamiento.

Por lo que toca al primer tema, la Reforma Constitucional al artículo 3º acarreó cambios significativos para todo el sector. En el nivel superior, esto significa, en lo que atañe a obligatoriedad y gratuidad, un camino de dos vías: obligatoriedad para el Estado mexicano, incluidas las universidades autónomas, y derechos para que la población reciba los servicios (principalmente formación) que de ahí se desprenden sin pago alguno. En esos términos: “El Estado impulsará y garantizará . . . la educación superior. . . (que) además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Específicamente para la educación superior, esta obligación quedó fijada en el transitorio décimo quinto del propio artículo 3º. Ahí se expresa que para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, se requerirá de los recursos de la federación, estados y municipios, así como que, adicionalmente, se establecerá un Fondo Federal Especial que asegure a largo plazo dichos recursos.

No haber considerado la obligatoriedad-gratuidad de la educación superior entre los 38 programas prioritarios indica una transgresión al propio mandato constitucional. He aquí una tarea para el Congreso de la Unión al considerar la Iniciativa de adición a la Ley de Presupuesto, misma que se discutirá el próximo día 5. El tema continuará.

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