El organismo dio a conocer en días pasados un informe en torno a la Política de Desarrollo Social y presenta importante información sobre estos dos rubros
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer en días pasados el Informe 2022 en torno a dicha política. Este documento tiene dos objetivos básicos: a) diagnosticar el contexto social y económico del país; así como b) estudiar la evolución de la pobreza. Para esta edición se agrega uno más subordinado a aquellos: examinar los cambios acaecidos en los derechos sociales en lo que va el sexenio, considerando que tienen ya el estatus de garantía constitucional, tal como se consigna en el artículo 4º de nuestra Carta Magna. El Informe hace honor al lema de este organismo: “lo que se mide se puede mejorar”. De la vastedad de temas presentes, aquí me limito a los dos aspecto específicos ya mencionados en el título de este texto.
Sobre pobreza, el Informe cubre el periodo 2018-2020. Salvo excepción, la mayoría de datos muestran un retroceso en ese lapso. Así, a pesos constantes (sin inflación), se observa que el ingreso por hogar pasó de un promedio mensual de 4,848 pesos a 4,514, una disminución de casi siete por ciento. La proporción de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza y pobreza extrema se incrementó entre las dos fechas: de 49.9 a 52.8 por ciento en la primera de ellas, y de 14 a 17.2 por ciento en la segunda. En resumen, y no obstante los llamados programas prioritarios gubernamentales, en dos años se generaron un poco más de cinco millones de pobres en el país. Empero, una nota positiva: la pobreza en el campo disminuyó, no así la catalogada como pobreza extrema.
Entre las diversas clasificaciones en torno a la pobreza, y a título de ejemplo, aquí resaltaría las relativas a dos fajas etarias: a) la población de 12 a 29 años pasó de un índice de pobreza de 42.9 en 2018 a 46.1 por ciento. Como se indica en el Informe, esto significó 1.6 millones más respecto a dos años atrás; b) en contraste, la de más de 65 años se redujo sensiblemente en ese lapso, de 43.2 a 37.9 por ciento.
Por lo que se refiere a educación, la pandemia afectó a todo el sector. Así, en lo que se denomina rezago educativo y sólo por lo que se refiere a los niveles obligatorios (de preescolar a media superior), ese indicador pasó de 19 a 19.2 por ciento, es decir, 900 mil mexicanos más. También, el Covid se constituyó en una de las causas principales para el abandono escolar, de ahí que el informe recomiende dos estrategias que permitan mitigar las causas de dicho fenómeno: a) atender prioritariamente a las personas que “viven en hogares con mayores dificultades económicas y sociales; b) “dotar (de) recursos tecnológicos a las localidades rurales para reducir las brechas tecnológicas existentes”. Esto último se insertaría dentro de las políticas que promuevan la igualdad de oportunidades.
Pero también la pandemia evidenció algunos problemas ya existentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN). El paso de las formas presenciales a las de educación a distancia, o modalidades híbridas, impactaron lo que se define en la Constitución como el derecho social a la educación. Ciertos sectores de la población fueron afectados por tres causas principales que significan una limitación para el acceso o permanencia en el SEN: a) la insuficiente cobertura de Internet; b) el acceso restringido a computadoras y dispositivos móviles; c) ausencia de habilidades tecnológicas. En particular, los datos relativos a lo sucedido en educación básica y media superior indican lo siguiente: en el primero de ellos, un poco más de la mitad de las escuelas (52.8 por ciento) tenían computadoras, y solamente un tercio (32.7 por ciento) contaban con conexión a Internet. Por lo que toca a la media superior, las proporciones son de 70.3 y 52.5 por ciento, respectivamente.
Complementario a lo anterior, y relacionado con la pandemia, el Informe consigna una recomendación para la política educativa: la necesidad de elaborar un diagnóstico sobre los resultados de los programas de educación a distancia; esto como un elemento que permita “la reconfiguración” de los procesos de enseñanza-aprendizaje para todo lo que viene en los próximos años.
Comentario: las reformas al Artículo 4º de la Constitución, la de 2011, pero principalmente la de 2020, fijaron en ese dispositivo varios derechos fundamentales: el de protección a la salud y a las personas discapacitadas, la pensión para adultos mayores y las becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del SEN. El cumplimiento riguroso de esta norma se traduciría también en una mitigación de la pobreza. Formalmente esto significa que lo previsto en dicho artículo debería convertirse en una prioridad de las finanzas públicas con su expresión concreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero . . .
