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Para el sector educativo los retos son múltiples y de extrema complejidad, comenzando por resolver los daños en el sector causados por la pandemia

En el año que comienza, como suele ocurrir en cada inicio del calendario, no han faltado los buenos deseos, las expresiones optimistas, y desde luego la esperanza de superar las difíciles condiciones del año previo. Esta generosa actitud se combina, no obstante, con razonables preocupaciones acerca de acerca de las posibilidades reales de recuperación en los espacios públicos y privados.

Para el sector educativo los retos son múltiples y de extrema complejidad. Entre ellos destaca la necesidad de enfrentar las pérdidas derivadas de una muy prolongada interrupción de actividades educativas en las escuelas. Este reto tiene dos aspectos clave: uno es el abandono, temporal o definitivo, de estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo; el otro, que ha sido identificado como el principal en el panorama internacional, es el que se refiere a la pérdida de aprendizajes y al deterioro de los hábitos de estudio.

Sobre el primer aspecto, la deserción escolar, hace falta aún un balance definitivo y sobre todo datos específicos que permitan identificar su alcance territorial, su impacto por nivel y grado de estudios, su expresión entre los estratos socioeconómicos, así como su distribución en los sistemas escolares público y privado. Aunque se entiende la dificultad para precisar cifras objetivas del fenómeno, lo cierto es que la información oficial al respecto ha sido escasa también confusa.

En un primer ejercicio de sistematización, la encuesta para la medición del impacto covid-19 (Ecovid-ED), aplicada por el Inegi a una muestra de 32,277 hogares, representativa del total de población en edad escolar, es decir las personas entre tres y 29 años de edad. El diseño de la encuesta buscaba, entre otros aspectos, contrastar la inscripción escolar en los ciclos 2019-2020 y 2020-2021 para que, con ese resultado, pudiera ofrecer una estimación estadística sobre el abandono escolar causado por la pandemia.

La encuesta del Inegi, dada conocer en marzo de 2021, reveló que “por motivos asociados a la covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6 por ciento del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021. La exploración de los datos permitía, además, estimar una pérdida escolar en educación básica de cuando menos un cinco por ciento de la matrícula.

En junio del año pasado, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, hizo saber que “estamos haciendo un análisis de la cantidad de abandono escolar, tenemos algunos datos, sentimos que es una reducción del 2.5 por ciento, no del cinco por ciento como se manejó” (Milenio, 10 de junio 2021). Lo más probable es que ese dato fuera recuperado de las bases de datos con que la SEP se encarga de reportar periódicamente la matrícula escolar a partir del reporte de las escuelas. La diferencia entre ambos indicadores, es decir el reportado por el Inegi y el de la SEP no es insignificante en términos relativos o absolutos. Por lo mismo, resulta urgente contar a la brevedad con un dato oficial confiable que permita identificar la magnitud del reto, porque de ello depende el diseño y operación de acciones orientadas a recuperar la pérdida, al menos en la medida de lo posible.

La pérdida de los aprendizajes ha sido motivo de gran preocupación en la esfera internacional. De acuerdo con los datos sistematizados por el Banco Mundial en su estudio “Simulating the Potential Impacts of covid-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes : A Set of Global Estimates” (World Bank, junio 2020), los efectos globales de la pandemia podrían resultar en una pérdida entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad. Además, aproximadamente siete millones de alumnos de educación primaria y secundaria podrían haber abandonado los estudios por efecto de la misma. La base de datos del estudio indica que esta pérdida ha sido menos intensa en países desarrollados que en aquellos con menor grado de desarrollo, también en función del impacto diferencial de la covid-19, y de la cantidad de tiempo en que las escuelas estuvieron fuera de servicio.

Con base en los datos del estudio citado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) estima que la pérdida para el país, en este renglón, llegaría a dos años menos de lo alcanzado, es decir que el promedio de escolaridad en el país disminuiría de nueve a siete años, como efecto del rezago escolar. Aunque esta es una estimación gruesa, vale la pena tenerla en cuenta como un indicar de las implicaciones cualitativas de la pandemia sobre los aprendizajes adquiridos.

Es relevante registrar que estudios como los desarrollados por el Banco Mundial, Unicef y la Unesco sobre el tema han merecido críticas por su diseño y conclusiones, es decir por subestimar los posibles aprendizajes adquiridos a través de los medios audiovisuales y digitales mediante los cuales se intentó subsanar la inasistencia a las escuelas. Como señala el investigador Melchor Sánchez Mendiola: “Continuar promoviendo esta narrativa negativa socava los enormes esfuerzos que han realizado estudiantes, docentes y autoridades para garantizar que el aprendizaje continúe con niveles de crecimiento similares a la educación cara-a-cara prepandemia” (“¿Pérdida de aprendizaje o ganancia vital?: los efectos de la pandemia en el aprendizaje”, Revista de Investigación en Educación Médica, octubre-diciembre, 2021).

El problema principal, para nuestro medio, radica en qué no conocemos con precisión cuáles son los aprendizajes perdidos o deteriorados en los distintos ciclos escolares. Ello exige la aplicación de pruebas orientadas a ese diagnóstico. En países de mayor desarrollo el tema se ha planteado como la prioridad de las próximas políticas educativas y se han comenzado a desarrollar modelos curriculares para fortalecer las competencias básicas indispensables para compensar los posibles efectos de rezago, es decir las correspondientes al cálculo numérico y la lectoescritura.

¿Cuáles medidas y con qué prioridad tomará la autoridad educativa para enfrentar estos retos? ¿Habrá programas especiales o se dejará la iniciativa al personal docente para que busque resolver el problema? ¿Habrá recursos especialmente enfocados a la recuperación de los estudiantes en condición de abandono y para el desarrollo de soluciones curriculares para abordar la problemática del rezago? ¿Cuándo se contará con datos confiables acerca de la deserción y el deterioro de aprendizajes con efectos de la pandemia?

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