El movimiento estudiantil de 1968 y el auge del sindicalismo universitario en la década de los setenta fueron las expresiones más claras del nuevo orden político-institucional que se configuraba en las aulas, pasillos y auditorios de las universidades públicas en el contexto de la masificación de la UNAM y de la UdeG. En el primer caso, las reformas impulsadas durante las rectorías de Pablo González Casanova (1970-1972) con la creación de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH´s) correspondientes a la educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y de Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981) con varias sedes de la Escuela Nacional de Educación Profesional (ENEP) y las Facultades de Estudios Superiores (FES), configuraron un nuevo tipo de ofertas institucionales que incrementaron y diversificaron las oportunidades de acceso a la universidad de estratos y grupos sociales pertenecientes a las clases medias de la capital del país.
Por su parte, en la UdeG, la consolidación de los campus del Instituto Tecnológico y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la zona metropolitana de Guadalajara, reorganizó las ofertas de la formación profesional de la capital tapatía y sembró los gérmenes de la investigación humanística, científica y el desarrollo tecnológico en la universidad. Junto a ellos, el núcleo de ciencias de la salud, conformado por las relaciones entre el Hospital Civil de Guadalajara (un hospital universitario) con la Facultad de Medicina y las Escuelas de Odontología y la de Enfermería, conformaría la estructura básica de la formación profesional y el posgrado de la UdeG. Asimismo, la multiplicación de las escuelas preparatorias en la capital de Jalisco y en algunos municipios del estado incrementó las oportunidades de acceso a la universidad en diversas regiones jaliscienses.
A lo largo de esta prolongada transición entre los modelos universitarios, la autonomía política universitaria coexistió entre tensiones con la autonomía intelectual y académica de sus comunidades. En el caso de la Nacional, la consolidación de las figuras de autoridad colegiadas y unipersonales (Junta de Gobierno, Consejo Universitario, Rectoría, Directivos y Consejos de Escuelas y Facultades) fueron hechuras del gobierno compartido universitario sin la representación corporativa de una organización estudiantil, pero con el predominio de los grupos académicos en los diversos campos del conocimiento, mientras que en el caso de la UdeG esas figuras eran representadas por la Rectoría, el Consejo General Universitario, autoridades y Consejos de Escuelas y Facultades, donde la FEG se consolidó como el espacio corporativo estratégico de socialización política de dirigentes estudiantiles, pero con débil influencia de liderazgos académicos. Ello explica que muchos líderes estudiantiles serían posteriormente altos funcionarios universitarios.
Las décadas de los años ochenta y noventa son emblemáticas de los cambios que ocurrirían a finales del siglo en las universidades públicas mexicanas. El agotamiento del largo ciclo desarrollista surgido de las ruinas de la segunda posguerra, impulsado por cambios importantes en la economía internacional, fue sustituido por las políticas de ajuste inspiradas por el neoliberalismo económico y demandas de democratización política, lo que configuró un nuevo entorno político y de políticas para la educación superior. Ello significó un proceso acelerado de reformas de las capacidades estatales que afectaron el volumen y distribución del financiamiento público a las universidades federales y estatales, y dieron paso a un nuevo ciclo de políticas públicas basadas en incentivos, evaluación de la calidad y financiamientos públicos diferenciados, condicionados y competitivos. Basadas en estos ejes, las políticas de modernización de la educación superior fueron diseñadas bajo un nuevo enfoque de regulación pública (la “Nueva Gerencia Pública”), que significó un cambio en las reglas del juego de las relaciones entre el Estado y las universidades, y activaron tensiones, conflictos y reformas de diversa naturaleza, intensidad y magnitud en el subsistema de universidades públicas.
En el caso de la UNAM, se pueden identificar dos grandes episodios de conflictos que marcaron desenlaces institucionales distintos. Uno fue el movimiento estudiantil que se opuso a las reformas impulsadas por el rector Jorge Carpizo (1985-1989) y que dio por resultado la celebración del Congreso Universitario; el otro fue el movimiento de un grupo radicalizado de estudiantes contra las reformas impulsadas por el rector Barnés (1997-1999), que incluyó el violento secuestro de Ciudad Universitaria durante casi un año (1999-2000), y que terminó con la irrupción de la policía federal al campus universitario y la renuncia del rector Barnés.
En el caso de la UdeG, durante el mismo período ocurre un episodio que marcaría su más importante reforma institucional de la segunda mitad del siglo XX: la construcción de la Red Universitaria de Jalisco de la UdeG, bajo el rectorado de Raúl Padilla López. Luego de un período de bloqueos, enfrentamientos y paros entre grupos favorables y grupos opositores a la reforma padillista ocurridos entre 1989 y 1990, fue posible establecer una coalición reformadora que centró la atención en tres dimensiones estratégicas. La primera fue organizacional: se transitó de un modelo tradicional de escuelas y facultades vigente desde la expedición de la Ley Orgánica de 1952 a un modelo de centros universitarios metropolitanos (temáticos) y regionales (multitemáticos), basados en divisiones, departamentos, centros e institutos de investigación. La segunda dimensión fue académica: se estableció la figura de profesor-investigador de tiempo completo y un reglamento para estimular la carrera académica universitaria.
La tercera fue de carácter político: se desplazó a la antigua FEG como el eje de la gobernabilidad corporativa universitaria y se constituyó una nueva organización estudiantil (FEU), así como dos organizaciones sindicales: el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) para el caso de los trabajadores administrativos, y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG) para los docentes e investigadores. Además, se impulsó una reforma a la gobernanza institucional al desconcentrar y descentralizar múltiples decisiones en nuevos cuerpos colegiados en los distintos centros universitarios y del sistema de educación media superior. El resultado de esa reforma fue la promulgación de una nueva Ley Orgánica en 1994.
Adrián Acosta Silva
Columna: Diario de Incertidumbres
