El Congreso de la Ciudad de México presentó ocho reformas a la Ley de Educación de la entidad federativa. ¿Qué impacto pueden tener en este nivel educativo?
La semana pasada, el Congreso de la Ciudad de México publicó el decreto que contiene ocho reformas a la Ley de Educación de ésta entidad federativa. Algunas muy vistosas (como “el uso del uniforme neutro”) y que los medios le han concedido una mayor difusión, pero tres muy relevantes para el nivel superior, a las cuales no se les ha dado, hasta ahora, la debida relevancia.
En la primera de esas tres reformas la más importante es la correspondiente a otorgar el carácter de Universidad al Instituto Rosario Castellanos. Fundado cuatro años atrás, cuenta ahora con 36 mil estudiantes matriculados y 860 docentes. Funciona en siete alcaldías a través de cinco unidades académicas y siete subsedes (una de ellas especializada en educación a distancia y semipresencial). En ese conjunto se imparten 35 programas de estudio: 22 de licenciatura, tres especialidades, siete maestrías y tres doctorados. Números notables, dado el tiempo de funcionamiento.
El compromiso al cual deberá responder el gobierno de Ciudad de México (CdMx) respecto a la nueva universidad está bien definido en la Ley: “contribuirá a mejorar la cobertura de educación superior de la ciudad y brindará una oferta de estudios pertinentes y de alto nivel académico…” (Art. 26). Ahora, en su carácter de Universidad, seguirá sectorizada en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación(Sectei) del gobierno capitalino y tendrá la naturaleza jurídica de organo desconcentrado con autonomía técnica, académica y de gestión.
La segunda de las reformas se refiere a la constitución formal (o más bien reconstitución) de la Universidad de la Salud. Fundada en enero de 2020, ofrece dos programas de licenciatura: medicina general y comunitaria, así como enfermería familiar y comunitaria. El objetivo declarado de la institución es: “incrementar la cobertura educativa de la región, promoviendo la igualdad de oportunidades para los habitantes”; o como lo frasea el Artículo 27 de la Ley: “cubrir las necesidades en el campo de la salud mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural”. La Universidad de la Salud tiene la misma naturaleza jurídica de la Rosario Castellanos, contando en 2022 con mil 700 estudiantes inscritos, 61 por ciento de los cuales son mujeres.
En ambas instituciones, y frente al perenne desafío del financiamiento, el gobierno de CdMx asumirá el compromiso relativo a que: “El presupuesto anual destinado para dichos programas deberá ser mayor al año anterior o, al menos, la actualización inflacionaria” (Art. 89, IV). Inmejorable declaración, en consonancia con lo previsto en la Ley General de Educación Superior.
La tercera reforma se refiere a la creación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes). Esta estructura, prevista también en la Ley General de Educación Superior e integrante del Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 22), tiene como propósito: “la coordinación local de las estrategias, programas y proyectos” para el desarrollo de ese tipo de educación en la entidad federativa correspondiente (Art. 54). Con ello se restaura un mecanismo que tuvo vigencia en los años ochenta y que permitía que el conjunto de instituciones del AMCM (públicas y privadas) realizaran programas para el avance de la educación superior en sus diversos órdenes. Todo eso con presupuesto federal. Ahora, la “restauración” tiene fundamento y plena legitimidad.
Comentario: La demanda por matrícula en el (AMCM) ha sido un problema persistente desde medio siglo atrás. En 1993 la Anuies presentó un estudio sobre ese tema al presidente de la República, alertando sobre los riesgos que se cernían en la sociedad de la época, pero también proponiendo algunas soluciones. De ahí surgieron meses más tarde la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Diez y siete años después, y respondiendo a motivaciones semejantes, el gobierno del Distrito Federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, creó el Instituto de Educación Media Superior (2000) y la Universidad de la Ciudad de México (2001), luego convertida en autónoma (2004). Ahora, nuevamente el gobierno de CdMx da un paso firme para expandir la oferta de espacios educativos, incluyendo asimismo, como se indica en la Ley, que aquellas instituciones queden comprometidas con criterios de calidad e impulsadas por un financiamiento creciente. Todo esto es una parte del valioso legado de Rosaura Ruíz, quien hasta febrero último estuvo al frente de la Sectei para retornar a la UNAM.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
