Indígenas, a pesar de representar 5% de la población, víctimas de más de la tercera parte de ataques
En 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por oponerse a la actividad minera y su consecuente tala de bosques, desplazamiento de comunidades, contaminación de suelos, ríos y arroyos, afirma David Chacón Hernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De acuerdo con el informe del Global Witness de 2021, México, Colombia y Filipinas son los países más peligrosos, además de que los pueblos indígenas –a pesar de que son sólo cinco por ciento de la población mundial– han sido víctimas de la tercera parte de los ataques mortales, en los cuales están involucradas grandes empresas relacionadas con negocios de dominio y adquisición de recursos existentes en sus territorios.
Tan sólo en el país se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas, de los cuales 141 estuvieron vinculados a protestas contra proyectos de generación eléctrica, 71 de minería, contando que cerca de 80 por ciento fueron agresiones mortales dirigidas a nativos entre 2012 y 2019, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En su artículo La defensa del medio ambiente en la perspectiva de los pueblos indígenas. Ambientalismo local o ambientalismo global, publicado en la revista El Cotidiano, el académico del Departamento de Derecho de la sede Azcapotzalco sostiene que la explotación de los bienes naturales en regiones autóctonas es una actividad de mucho interés para las compañías extractivistas nacionales y multinacionales, las cuales muchas veces señalan que sus procesos de producción son amigables con el medio ambiente.
Sin embargo, a pesar de ese dicho, no cesan de proveerse del capital que es para ellos materia prima, por lo que es claro que el costo que por ello obtienen no merma su ganancia y no mostrarían sensibilidad para eliminar cualquier obstáculo.
“Lavan su conciencia con ayudas pírricas a través de fundaciones que financian programas ambientales, mientras corrompen a los líderes de las comunidades y, en su caso, encuentran quienes los eliminen, pero al final las compañías no son sancionadas por los crímenes de los ambientalistas, sino por personas a quienes pagan por hacer el trabajo sucio y, la mayoría de las veces, a indígenas mismos”.
Históricamente el capital de las firmas ha sido siempre el gran corruptor, pero, en estos casos, también el gran asesino, por lo que es lamentable que prácticas de este tipo se globalicen, “pues hoy se sabe de acciones criminales principalmente en países con bajo nivel de desarrollo, con grandes problemas de pobreza y desigualdad y con la presencia de minorías étnicas a quienes se despoja de sus tierras y los patrimonios de sus superficies”.
En el texto, incluido en el número 237 de la publicación, el especialista menciona que al ver amenazados sus espacios, algunas comunidades han podido revertir la ejecución de proyectos aprobados por instancias gubernamentales, como sucedió en el manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo; el campo de golf de Tepoztlán, Morelos; o la mina de Peñasquito en Zacatecas.
Sin embargo, “debe tomarse en cuenta que la salvaguardia de esos tres planes no es una formulación de una actitud ambiental holística, sino de un resguardo ecológico local o regional en elque los actores principales no han sido las grandes organizaciones, sino los pobladores de las comunidades aledañas a donde se pretende llevar a cabo un esquema de desarrollo”.
De ahí la importancia de valorar la imagen de actores autóctonos o de colectividades rurales, aunque no oriundos, que tengan una relación estrecha con su entorno y que lo protejan cuando los beneficios de otros agentes, incluidos los de autoridades, no son armónicos con los suyos.
Por tanto, es importante reconocer que los más auténticos defensores del medio ambiente –al menos en términos de localidad– son las comunidades rurales e indígenas afectadas, si bien “en nuestro país también existe el conflicto entre ejidatarios en los bosques michoacanos, donde hay intereses trasnacionales que patrocinan la tala inmoderada y descontrolada de acervos agrestes a través del financiamiento para la creación de aserradores para que les vendan la madera”.
Incluso, los mismos campesinos se vuelven agentes proveedores de las grandes empresas que se encargan de violentar a los protectores de los bosques como en Chihuahua, donde bandas de narcotraficantes han extendido sus actividades al tráfico ilegal de madera y, por consiguiente, de la industria forestal ilegítima con la respectiva consecuencia de asesinatos de opositores, con el argumento falaz de que son producto de la delincuencia organizada.
