Universidad y autoritarismo

El tema no es nuevo. La historia de las relaciones de las universidades con sus entornos políticos es vieja, y esconde no pocos episodios de tensión y conflicto en diversos contextos nacionales en diferentes tiempos y circunstancias. La lucha por la autonomía organizativa, política e intelectual, por las libertades de expresión, de cátedra e investigación, forma parte de las complejas relaciones entre el Estado, la sociedad y las universidades configuradas a lo largo del último siglo.

Estas relaciones tienen su origen en la disputa por dos tipos de legitimidad. Una tiene que ver con la legitimidad de la autonomía universitaria. La otra, con la legitimidad de gobiernos que alcanzan el poder por la vía electoral. La primera es producto de una larga historia que articula las demandas sociales de acceso a la educación universitaria con la libertad intelectual para impulsar prácticas de discusión, innovación y producción del conocimiento. La otra tiene que ver con las prioridades y orientaciones del gobierno en turno, derivadas de ideologías y programas gubernamentales destinados a la educación superior.

La autonomía universitaria se despliega en tres dimensiones: la política (el autogobierno colegiado), la académica (la selección de estudiantes y profesores, programas de formación profesional, proyectos de investigación), y la cultural (la construcción de ambientes propicios para la reflexión, la crítica y el debate). Los gobiernos electos son la expresión de las cambiantes oscilaciones de la alternancia en el poder y la influencia de las diversas fuerzas políticas que se disputan la representación de la autoridad en todos los campos de la acción pública. En contextos democráticos, la autonomía universitaria es un valor altamente apreciado por la mayoría de los actores políticos. En contextos no democráticos o francamente autoritarios, la autonomía es una piedra en el zapato de los gobernantes.

Las señales del autoritarismo político sobre las universidades se expresan de diversos modos. Uno es el prohibicionismo gubernamental sobre ciertos temas, una actitud derivada de una combinación tóxica de la cultura de la cancelación, ignorancia, prejuicios ideológicos, ultranacionalismos y xenofobias sobre las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura de las universidades. Otra tiene que ver con la descalificación o menosprecio del papel de las universidades en la economía, la política, la cultura o la vida intelectual de sus respectivas comunidades y sociedades. Una más tiene que ver con el financiamiento, y esta suele ser la señal más poderosa del verdadero peso que tienen las universidades en las prioridades de los gobiernos nacionales.

Episodios que hoy viven las universidades pertenecientes a la denominada Ivy League (las universidades de élite más reconocidas de los Estados Unidos), y en especial la Universidad de Harvard, son el reflejo de una crisis inédita que recorre las venas políticas del autoritarismo de la segunda era Trump en el país del norte. Pero ello también ha ocurrido en otras latitudes a lo largo del siglo XXI: Hungría, Turquía, Afganistán, Irán, Venezuela, Argentina o Nicaragua, son hoy países cuyos gobiernos de perfil autoritario, alimentados por mentalidades de derechas o de izquierdas, han emprendido una crítica feroz a las universidades públicas, que se refleja en el retiro o el cuestionamiento de los fondos públicos que reciben para sostener sus tradicionales actividades de docencia, investigación y difusión cultural.

La búsqueda de una explicación racional a lo que ocurre es una tarea complicada.

Es difícil entender cómo en plena expansión de la economía de la innovación y la sociedad del conocimiento, las universidades puedan ser consideradas como prescindibles, o de qué manera en las políticas de combate a la desigualdad social y la inequidad en el acceso a la educación superior, las universidades puedan ser vistas como obstáculos para la producción de conocimiento o para mejorar la movilidad social de grupos e individuos en sociedades fragmentadas, atravesadas por múltiples brechas de desigualdades heredadas o emergentes. Si bajo las brújulas del neoliberalismo el Estado era el problema y el mercado la solución, y bajo las brújulas del paradigma desarrollista el Estado era considerado como la solución y el mercado escasamente regulado el problema, en los tiempos del populismo autoritario la educación superior es vista como una inversión poco redituable y socialmente ineficaz o irrelevante para devolver grandezas nacionales imaginarias que sólo existen en los sueños de dictadores y autócratas.

La educación superior universitaria es, como siempre lo ha sido, un campo de batallas ideológicas y políticas de alta y baja intensidad, y en los tiempos que corren se libran varias en distintos contextos nacionales. Una suerte de internacional autoritaria recorre los patios interiores y los alrededores de los campus universitarios. Directivos, estudiantes, académicos, intelectuales y políticos son actores que hoy acuden a tribunales, jueces, redes sociales y medios de comunicación para defender los principios históricos de la autonomía universitaria y el papel de esas instituciones del conocimiento por preservar tradiciones académicas, libertades y compromisos democráticos con sus sociedades, hechuras construidas lenta y pacientemente a lo largo de más de un siglo. Entre la polvareda y el ruido, el lenguaje de la amenaza y la intimidación domina la acción política que muchos gobiernos han emprendido contra las universidades, intentando debilitar su legitimidad.

Son tiempos oscuros para las universidades, que recuerdan sórdidamente un pasaje de El corazón de las tinieblas, la célebre novela de Joseph Conrad, en la que un empleado de ferrocarril se refería al señor Kurtz -cuya analogía podría ser la figura de la universidad, dicho con las debidas licencias retóricas-, con las siguientes palabras: “Es un emisario de la piedad, de la ciencia, del progreso y el diablo sabrá de qué más. Lo necesitamos”.