Universidad, conocimiento y política

La academia universitaria tiene al conocimiento como objeto de trabajo, y lo maneja en tres funciones: docencia, investigación y difusión. Está estructurada a través de órganos colegiados que funcionan sobre bases estatutarias que rigen el ingreso, la promoción y la definitividad de los académicos y su carrera como profesores, investigadores o técnicos. Dicha carrera está dividida en estratos o niveles y se realiza a partir de la posición que se adquiere al ingresar a una institución. Es crucial impulsar la carrera académica para desarrollar la universidad.

Los académicos se relacionan en un espacio de interacción con colegas, del cual se desprenden productos: libros, artículos de varios tipos, tesis dirigidas, cursos impartidos. Producen conocimiento científico y humanístico que se trasmite o difunde para ser adquirido y luego utilizado, bajo el supuesto de que enriquece intelectualmente a quien lo adquiere y sirve para dinamizar la economía, incrementar la productividad del trabajo, el bienestar de la sociedad, la participación política razonada. Sirve, asimismo, para la innovación tecnológica, estimular la creatividad, la invención de nuevos productos para mejorar la vida, abrir opciones de desarrollo a la sociedad, ubicarnos en el universo.

Si bien las universidades no son las únicas productoras de conocimiento, su contribución, particularmente en naciones como la nuestra, es fundamental para el manejo de la economía, la cuestión social y la gobernanza desde el Estado. El conocimiento universitario también cumple una función política positiva cuando contribuye a crear un régimen de derecho con ciudadanía participativa, establecer nuevas identidades políticas, una cultura política de tolerancia, deliberativa en la toma de decisiones y la generación de visiones y análisis para intervenir en la esfera internacional. Logros que son posibles sin haber llegado a la llamada sociedad del conocimiento y la información, donde las universidades adquieren un mayor valor.

Así, es indispensable tener un cuidado cotidiano de la universidad. Porque cualquier desvío de sus funciones y productos puede ser aprovechado por actores externos, incluido el gobierno, para intervenir en la institución universitaria.
Las universidades públicas están en medio de una coyuntura compleja. Sus comunidades, en alguna medida, han dejado de tener una actitud autocrítica frente a su praxis y frente a la forma del gobierno universitario que enmarca la realización de las funciones sustantivas. Y eso abona el terreno para que los factores reales de poder, internos y externos no atiendan a las críticas que sí se hacen a la política de educación superior oficial.

Por ejemplo, las críticas formuladas por los analistas al sistema de evaluación impuesto por el Estado. Incluye al SNI, a los programas de estímulos y de desempeño, como en la UNAM, donde funcionó primero el PREPAC y luego el PRIDE. El punto es que los estímulos al trabajo académico no son estímulos, sino dinero complementario a los sueldos, becas aceptadas por los académicos debido a la insuficiencia de sus remuneraciones. Es tal la necesidad de las becas, que todos los académicos concursan para obtenerlas. Y concursan con tres reglas en jerarquías distintas: las del tabulador institucional, las de los programas institucionales al desempeño y las del SNI. Compiten por méritos y posiciones de prestigio traducidos de un puntaje. Se trata de una carrera de largo plazo que, al final, termina con una jubilación minúscula. La política de evaluación ha sido acompañada por una política restrictiva del gasto público para la ciencia y la educación superior.

La academia en jaque (2004) es un libro de análisis de este tipo de problemas. La LIX legislatura, por ese entonces, “consideraba” que había que “conocer para decidir”. Y las autoridades decidieron seguir evaluando del mismo modo. Los académicos evaluadores cayeron en el juego y “terminaron contando” ( Buendía et. al): el número de publicaciones, citas, cursos, tesis dirigidas, textos de difusión, y cualquier otra cosa que hiciera falta contar en un período determinado. La trayectoria y el juicio intersubjetivo de pares quedaron fuera de la dictaminación.

Este sistema le vino bien al gobierno federal en la medida en que las autoridades universitarias podían aplicarlo. Sirvió para centralizar. Para establecer un régimen que subordina económicamente a los académicos; ellos y sus sindicatos perdieron capacidad de negociación. Las universidades se han desinstitucionalizado, los académicos individualizado, y están en un punto de debilidad tal que otros aprovechan para denostar a la universidad pública por “ser de derecha”. Violan la autonomía e intervienen en la vida universitaria quitándose culpas.

El sistema académico que se constituyó desde mediados de los ochenta del Siglo pasado, ya dio de sí: no mejora los resultados académicos y sigue actuando sobre la base de la desconfianza, la exclusión política, que se nutre del inmovilismo y de intereses que combaten fortalecer a la universidad pública. Hace falta que los actores universitarios se comuniquen y presionen por un cambio que haga coherente la carrera académica, que devuelva la preeminencia a la colegialidad y elimine las restricciones impuestas a la academia.