Regla de tres 983

Vuelve a insistir. Como no pudo lograrlo hace unos meses, cuando Daniel Octavio Valdez Delgadillo estaba al frente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ahora lo intenta con la llegada de Luis Enrique Palafox Mestre a la rectoría. El diputado local morenista, Juan Manuel Molina García, no quita el dedo del renglón y trata de reunirse lo más pronto posible con las autoridades universitarias para discutir una posible modificación a la ley orgánica de esta casa de estudios. La intención de los legisladores es insertar en el documento base de la UABC el principio de paridad en la designación de los funcionarios que laboran ahí. Lo que no le han informado al poder legislativo del estado es que este tipo de atribuciones corresponden exclusivamente a los universitarios. Poner en entredicho esta responsabilidad, es poner en juego el tema de la autonomía universitaria. Un tema innecesario que no viene al caso poner en la mesa para su discusión.

Acomodando sus fichas. Por cierto, esta semana el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, atendiendo lo verdaderamente importante, designó y presentó al equipo de trabajo que lo acompañará durante el periodo 2023-2027 para el que fue electo. En la secretaría general llega Joaquín Caso Niebla, quien ha ocupado diversos cargos en la institución desde hace varios años; en las vicerrectorías de Ensenada, Mexicali y Tijuana, llegan Luz Mercedes López Acuña, Jesús Adolfo Soto Curiel y Haydeé Gómez Llanos Juárez, respectivamente. Como abogado general operará David Álvarez García, quien fue mencionado como uno de los candidatos a rector durante el proceso sucesorio. Un equipo que, sin duda, respaldará el trabajo de Palafox Maestre en este periodo.

Con tacto y mesura. Lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es mucho más complejo aún. La intención del congreso local de modificar la ley orgánica de la institución ha generado muchas divisiones y demasiadas discusiones alrededor de este proyecto. El rector Jesús Madueña Molina tiene muy claro que la autonomía universitaria no está en juego ni a discusión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación respaldan su planteamiento. Asimismo, causa extrañeza en el encargado de la UAS que la postura del gobernador Rubén Rocha Moya no se tan clara como cuando era senador de la República. Porque recuerda, el rector, el gobernador fue quien impulsó que en el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior se incluyera el deber de los legisladores consistente en que cualquier modificación a las leyes orgánicas de las universidades públicas dotadas de autonomía, forzosamente deberían ser objeto de consulta a la comunidad universitaria, así como de contar con una respuesta explícita por parte del máximo órgano de gobierno que, en el caso de la UAS, es el Honorable Consejo Universitario.

Camino al diálogo Bajo esa perspectiva, muchos sectores al interior de la UAS apuestan a un acercamiento con el gobernador para poner fin a esta intención de modificar las leyes universitarias. Aún es tiempo propicio para dejar a un lado las actitudes beligerantes que podrían complicar un asunto en el que ya están inmiscuidos además de los legisladores, los partidos políticos locales, y algunos grupos de universitarios, quienes, sin entender el alcance de lo que se puede desencadenar, han optado por presentar sus proyectos de reforma, cuando lo más conveniente debiera ser cerrar filas para que este nuevo ataque a la autonomía universitaria se concrete y sirva de antecedente para otros universidades públicas del país. Confiemos en la buena voluntad del rector y del gobernador. Si en ellos priva la serenidad, el asunto se resolverá de la mejor manera.

Oportuno llamado. Sobre este tema, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, habló sobre la importancia de la autonomía. Durante la ceremonia de inicio de cursos en esta casa de estudios, puntualizó que “la educación superior pública debe ser un proceso de reflexión multidisciplinario y profundo en todas las áreas del devenir humano. El resultado del mismo debe ser egresadas y egresados con vocación social, honestos y comprometidos; ciudadanas y ciudadanos con la entereza para defender a la Universidad y su irrenunciable carácter autónomo, ante intereses ajenos a los académicos, de investigación, docencia o extensión de la cultura”. Muy buen planteamiento en estos tiempos adversos para la educación superior del país.

Sin equilibrio. Hace unos días se llevó a cabo el Foro “Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: análisis por jóvenes investigadores”, que fue coordinado por José Antonio Romero, Director del Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE). En este encuentro se analizó la Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Nada más echar un vistazo en los ponentes y quienes participaron en él para darnos una idea de hacia dónde estaba enfocado este foro, muy lejos de ser un espacio crítico y referente para quienes quieren saber de esta legislación que va a encender el congreso en los próximos meses.