Regla de tres 1013

El problema es que a Gómez López se le identificó, desde un inicio, con el anterior rector Luis Felipe Guerrero Agripino, por lo que sus aspiraciones no fueron bien vistas. Pese a ello, la funcionaria, que estará al frente durante el periodo 2023-2027, es la primera mujer en ocupar el cargo y conoce a la universidad, donde se ha desempañado en varios cargos. Por eso la importancia de cerrar filas y discutir las inconformidades para poner en marcha una gestión que tiene todo para salir adelante.

Acercamiento necesario. Hace unos días, Sandra Yesenia Pinzón Castro, presidenta del Consejo de la Región Centro Occidente (RCO) de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (Anuies), y rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), se reunió con varios rectores y la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para abordar el tema de los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados. La rectora habló de mantener abierta la puerta del diálogo para sacar adelante el tema. La postura, ante todo, de parte de las instituciones de educación superior, es de apertura para encontrar acuerdos.

Alternativas a modo. En este afán de lograr acuerdos, la Región Centro Occidente de la Anuies ya trabaja en la renovación y reestructura de posgrados, con la finalidad de que lo más pronto posible se logre la adaptación a la nueva ley para que los estudiantes no se vean afectados de manera considerable. Por lo pronto, conseguir recursos para resarcir esas pérdidas que se perciben dramáticamente en algunos posgrados se ve cuesta arriba. Pero las universidades públicas del país plantearon sus inquietudes, e incluso, como lo hizo el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera Campos, propusieron que los nuevos lineamientos tuvieran vigencia a partir del 2024 y se respeten los ya establecidos para este año. Veremos si este encuentro tiene eco en los funcionarios federales.

Otro planteamiento. En ese encuentro, otra que alzó la voz fue la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien habló de la necesidad urgente de un cambio en dichos lineamientos, porque no se debió echar abajo lo que las universidades públicas del país habían construido en materia de calidad educativa. Al mismo tiempo, pidió un plazo para que las instituciones de educación superior puedan hacer frente a estas modificaciones y establecer una tregua mientras se adaptan a estas nuevas reglas impuestas por el gobierno federal. Se trata de argumentos muy válidos los que han puesto sobre la mesa las universidades. Pero el tiempo apremia y la capacidad de negociación de la contraparte no es tan flexible como demandan estos problemas.

En vilo. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) avanza hacia un terreno de pronóstico reservado, y de alto riesgo para la autonomía universitaria. La vinculación a proceso del rector Jesús Madueña Molina, confirma que la presión va en serio y cada vez más en aumento. Y aunado a ello, los excesos verbales del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en nada contribuyen a esclarecer el asunto. Su recomendación para que el rector deje su cargo, en medio del proceso legal que se le sigue en su contra, no cayó nada bien entre la comunidad universitaria que, a pesar de todo, cierra filas con las autoridades. Haría mucho bien que los intereses políticos detrás de este asunto se serenaran y abandonaran su intención de tomar por asalto la UAS.

Otra alarma. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) también se han concentrado varias señales en los tiempos recientes, que buscan incidir en la autonomía de la institución. La defensa que ha hecho el rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra, en los distintos foros univesitarios, de la institución, es de destacarse. Porque la intención de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí (ASE) y el Congreso del Estado para auditar los recursos de la UASLP es una velada injerencia. Como lo marca la legislación, se trata de asuntos que conciernen sólo a la comunidad universitaria, como lo es el diseño de planes y programas de estudio o la auscultación de los ingresos autogenerados por la UASLP. Una acción, que bien lo dice la Ley Orgánica, que corresponde específicamente a la Contraloría General, que es el órgano interno de control de la universidad.