La máxima casa de estudios ha iniciado un proceso de reforma universitaria. La semana pasada, en este espacio, se hizo mención de los principales elementos que contendrá. Esa tarea, calificada como monumental por el suscrito, tiene un aspecto esencial: se está realizando “sin desconocer lo aportado por gestiones anteriores… así como las lecciones que dejaron los ejercicios fallidos”.
Algunas reformas o cambios, aún menores, efectuados en el pasado toparon con la gobernabilidad institucional: fracasaron, el esfuerzo no fructificó o, inclusive, algunos generaron conflictos enormes con reacciones estudiantiles, como sucedió en 1947 y en 1999-2000 por la elevación de colegiaturas. En sentido opuesto pueden identificarse reformas y cambios que resultaron trascendentales. En las siguientes líneas me refiero a esto último.
La Ley Orgánica de 1945, con 81 años de vigencia, incluyó un órgano de gobierno que no tenía antecedentes en la historia de la educación superior nacional. Se trata de la Junta de Gobierno, órgano dotado de dos funciones principales: a) electoral, la designación de distintos puestos directivos, incluyendo el de la Rectoría; b) arbitral, como entidad facultada para resolver conflictos entre autoridades e instancias de la propia institución. Dos casos sirven como ejemplo para apreciar la valía de dicho órgano del gobierno universitario.
El primero tuvo lugar durante el rectorado del Dr. Salvador Zubirán. Como lo relata Jesús Silva Herzog (Una historia de la Universidad de México y sus problemas, 1974). En febrero de 1947, el rector convoca a los miembros de la Junta de Gobierno (Alfonso Reyes, Ignacio Chávez, Manuel Sandoval Vallarta, Gabino Fraga, Antonio Martínez Báez, Mario de la Cueva, Jesús Silva Herzog, entre otros) a una consulta. Se trataba de atender una petición de la Presidencia de la República: que la UNAM le otorgara un doctorado Honoris Causa al presidente Truman. A un año y medio de los bombardeos atómicos en Japón, el parecer de la Junta fue negativo y el rector adoptó una decisión en consonancia con aquel. Así le fue comunicado al presidente Alemán.
A las pocas semanas de esto, sorpresivamente, se suscitó un movimiento estudiantil, que pronto se transformó en huelga, por el incremento en las colegiaturas. La vox populi siempre dijo que se trataba de un “movimiento” auspiciado por el secretario particular de la Presidencia de la República.
El presidente Alemán citó a los miembros de la Junta a una reunión en la que, según el relato del propio Silva Herzog: “Recuerdo que agregué que el Dr. Zubirán debía saber si contaba o no con su apoyo, a lo que (el presidente) contestó: “El Dr. Zubirán cuenta con todo mi apoyo, la prueba está en que lo estoy ayudando en la construcción de la Ciudad Universitaria; hoy precisamente lo tengo citado a las seis de la tarde”. Horas después, el Dr. Zubirán presentaba “su renuncia irrevocable porque se la había sugerido el presidente de la República”, según le informó a la propia Junta.
El segundo caso se da en 1968. El rector Barros Sierra presentó su renuncia a la Junta de Gobierno cinco días después de la entrada del Ejército a Ciudad Universitaria. En aquel texto hace un recuento de los acontecimientos suscitados desde el mes de julio y sus discrepancias con la acción seguida por el Gobierno Federal, todo en una clara violación al régimen de autonomía universitaria. Las diferencias ya eran insalvables, tal como lo mencionaba en aquel párrafo que sintetizaba la situación: “… estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales… Es bien cierto que hasta hoy proceden de gentes menores, sin autoridad moral, pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen…, quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, y entre ellos me han escogido a mí”.
Dos días después, la Junta resolvió, por unanimidad, no aceptar la renuncia del rector, respaldándolo, y añadió: “No duda que, con su alto espíritu universitario y su reconocida competencia, afrontará los problemas para bien de nuestra Casa de Estudios”. Barros Sierra permaneció en la Rectoría hasta junio de 1970, cuando concluyó su mandato.
Comentario. La Ley Orgánica de 1945 significó una gran reforma con una enorme legitimidad. Fue elaborada por la comunidad universitaria a partir de los representantes que integraron el llamado Congreso Constituyente. Los diputados y senadores se limitaron a aprobar lo que ya se había fraguado desde el corazón mismo de la propia UNAM. En ocho décadas, la Junta de Gobierno ha mostrado que es insustituible; habría que conservarla en cualquier reforma que se proponga.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
