Presupuesto constitucional: financiamiento y autonomía

El hecho tiene su historia y contexto. La política del financiamiento a las universidades públicas ha sido complicada, frecuentemente conflictiva y sujeta a múltiples vaivenes políticos. A nivel nacional, el financiamiento universitario es una combinación de presupuesto federal, presupuesto estatal y recursos propios. Las universidades federales como la UNAM, el IPN o la UAM reciben un gran porcentaje de su presupuesto (mayor al 90 por ciento) del subsidio federal anual, que complementan con recursos autogenerados. En el caso de las universidades públicas estatales autónomas (UPE´s), el financiamiento es mixto: una parte lo reciben del gobierno federal, otra de los gobiernos estatales y una parte pequeña la generan con recursos propios (cobro de matrículas, venta de servicios, contratos de colaboración con industrias o dependencias públicas estatales o federales).

Bajo este esquema, los casos de las UPE´s son muy variados. En promedio, el presupuesto federal a las 35 UPE´s es del 70 por ciento. Hay universidades cuyo financiamiento depende fundamentalmente del gobierno federal (igual o mayor al 60 por ciento), mientras que en otras existe cierto equilibrio entre las participaciones federales y las estatales. La estructura del financiamiento revela tensiones en los montos y distribución de los dineros públicos, más aún cuando el gasto en nómina de las universidades constituye el rubro de mayor peso en la estructura presupuestal. En esas circunstancias, la política del “irreductible” se convirtió en la regla de oro del juego presupuestal: la decisión de que, en ninguna circunstancia, el presupuesto anual de las universidades sea menor en términos corrientes al presupuesto del año inmediato anterior.

El caso de la UdeG es similar al que en otros tiempos y contextos ha ocurrido en universidades como las de Sonora o la Veracruzana con el tema del financiamiento estatal. En la fundación de la universidad sonorense en 1942 se estableció que una parte de los ingresos de los impuestos a agricultores y ganaderos del estado se destinaría al sostenimiento de la universidad local, mientras que, en el caso de la Veracruzana, en el complicado sexenio anterior (2010-2016), se discutió un porcentaje de recursos públicos estable del gobierno estatal para el sostenimiento universitario, que se resolvió con la decisión de que el gobierno federal entregara directamente los recursos federales y estatales a la UV. Aunque ambos casos experimentaron cambios a lo largo de los años, el principio de certeza presupuestal fue el motor de los acuerdos políticos entre las universidades y los gobiernos de los estados.

En la UdeG, los conflictos políticos y financieros experimentados en sexenios pasados (en especial con el gobernador panista Emilio González Márquez, 2007-2013), y con el actual gobernador emecista (Enrique Alfaro) en los años recientes (2021-2023), surgieron por diferencias políticas que se tradujeron en restricciones financieras permanentes. Más específicamente, el enfrentamiento entre el gobernador Alfaro y el exrector Raúl Padilla (fallecido en abril del año pasado), tuvo impacto en los condicionamientos presupuestales estatales, sobre todo a partir de la decisión del gobernador de retirar un apoyo comprometido y aprobado por el pleno del congreso estatal a finales del 2021 a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad, para redirigirlo a la construcción de un hospital público estatal. Esta acción fue reclamada por las autoridades universitarias a través de un largo litigio jurídico, lo que recrudeció el conflicto político-presupuestal universitario, y escaló en las diversas instancias judiciales hasta llegar a finales del año pasado hasta las oficinas de la suprema corte de justicia de la nación.

Según algunas fuentes, la resolución de la corte sobre el fondo del asunto favorecía la causa de la UdeG y ordenaba al gobierno de Jalisco a restituir el apoyo otorgado en 2021 a la universidad, pues su retiro constituía una violación a la autonomía universitaria. Sin embargo, hace unos días el asunto fue sobreseído por la corte debido a una solicitud expresa de la universidad, lo que facilitó la reforma constitucional que otorga certeza presupuestal a la universidad a partir de 2025 y elimina o reduce, en teoría normativa, la posibilidad de nuevos conflictos presupuestales entre gobierno y universidad en los próximos años.

El saldo en el corto plazo es favorable para la universidad, aunque sus implicaciones políticas en un año electoral aún están por definirse. El equilibrio presupuestal federal/estatal observado por lo menos en los últimos 20 años en la UdeG (46 y 48 por ciento, respectivamente, más un 6 por ciento de recursos propios), se mantendrá, y tal vez se incrementará en los próximos años el peso del financiamiento estatal en el subsidio ordinario universitario. Esto fue celebrado por el rector Villanueva y el consejo general universitario como un “hecho histórico”, que refuerza la “autonomía presupuestal” para continuar con la política de expansión de la red universitaria en Jalisco, mientras que para el gobernador Alfaro esto significa romper con un ciclo largo de conflictos presupuestales con la universidad pública estatal.

Las expresiones de acuerdo representan cada una a su manera un triunfo político para las partes. No obstante, quedan en el aire algunas cuestiones que oscurecen el futuro luminoso de la reforma presupuestal, y que tiene que ver con el conocido “déficit de implementación” de los acuerdos políticos en el campo de las políticas públicas, en este caso universitarias. Asegurar un 5 por ciento anual del presupuesto estatal a la universidad no se aleja mucho de lo que en la práctica ha ocurrido entre 2017 y este 2024, cuando el porcentaje del gasto estatal destinado a la UdeG osciló entre el 4.2 y el 5.4 por ciento. Pero de los resultados electorales de este año a nivel federal y estatal en Jalisco, dependerá en buena medida la reducción o ampliación de la brecha de implementación de la norma jurídica que resultó de un importante acuerdo político, cocinado a fuego lento entre los conflictos del pasado reciente de las relaciones entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco.