Necesaria, evaluación social de megaproyectos de inversión pública: Investigador de la UAM

Este tipo de acciones deben contribuir a solucionar problemáticas específicas, señala

Ponencia Evaluación social de proyectos de inversión del doctor Manuel Lara Caballero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con una valoración del costo-beneficio, 156 mil millones de pesos serán invertidos para la construcción del Tren Maya, megaproyecto con el que el gobierno de México pretende impulsar el desarrollo, fortalecer el turismo, alentar la inclusión social y crear empleos en esa región, aseguró el doctor Manuel Lara Caballero, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por mandato de ley el gobierno de la República contrastó los beneficios y los costos del proyecto considerando los antecedentes, una descripción física de la obra, así como el resultado de operación y la justificación, mediante el uso de herramientas de factibilidad social que incorporan la demanda y la oferta, además de la factibilidad de las rutas de transporte existentes.

En el Seminario Procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la 4T Proyectos económicos el docente del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma señaló que con base en la valoración puede vislumbrarse el impacto benéfico en la infraestructura turística, el transporte de pasajeros y de mercancías, y en términos concretos el gobierno señala que el Tren Maya es rentable desde el punto de vista económico y social.

En su ponencia Evaluación social de proyectos de inversión, explicó que un proyecto “es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de bienes para el logro de ciertos resultados, con el fin de obtener beneficios que ayuden a solucionar un problema claramente definido e identificado”.

Al implicar costos y beneficios “es conveniente efectuar un análisis de sus posibles resultados para definir la conveniencia de invertir o no los recursos para su ejecución”, detalló el investigador.

Por tanto, “es importante no confundir un proyecto con una política pública, cuya gran diferencia está relacionada con la temporalidad, pues mientras un proyecto tiene varias etapas de ejecución las políticas públicas son acciones del gobierno”.

Así, “es conveniente hacer un análisis cuantitativo del resultado probable a fin de asegurar, en lo posible, que se tomará una decisión correcta en el sentido de que los beneficios esperados superarán los costos y se aplicará el concepto de costo de oportunidad, que implica que los recursos no podrán usarse en otro proyecto”.

El académico refirió que los proyectos tienen un ciclo de vida compuesto por la generación, preinversión, ejecución, operación y abandono o terminación, en tanto adquiere relevancia que los bienes sean canalizados para mejorar las condiciones de vida de la población.

El análisis social de éstos, “a diferencia de la apreciación privada, considera los costos para la sociedad en la realización y los beneficios generados, además que debe proponer un sistema de aprobación del uso de los fondos públicos a todo nivel de gobierno para impedir asignar fondos a planes sin rentabilidad social o a programas de gasto problemáticos para su ejecución”.

En las evaluaciones sociales no se utilizan los precios de mercado, sino valores que están acorde con el proyecto, tomando en cuenta otros atributos como son beneficios sociales, económicos y culturales para la población de un país.

Por el contrario, para una estimación empresarial se considera principalmente el impacto económico y en el caso de México quien realiza esa valoración es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de una jerarquización de costos y beneficios, incluyendo las externalidades.

Si bien cualquier proyecto siempre generará externalidades positivas y negativas, para aquellos privados lo más importante es que sea rentable y que reditúe ganancias mientras en los públicos se espera que los rendimientos se reflejen en el bien social y en el interés de que los impuestos aportados por los ciudadanos sean bien utilizados.

“El Tren Maya tendrá beneficiarios directos para los habitantes de la región de la península de Yucatán, pero también tendrá otros beneficiarios indirectos y desde el punto de vista fiscal existe un compromiso intergeneracional, que implica que en la construcción de grandes proyectos también deben considerarse los costos de mantenimiento y el impacto ambiental para los años venideros”, concluyó.

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