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Los retos de las juventudes podrán resolverse con el uso efectivo de la ciencia: Investigador de la UAM

México requiere de la formación de científicos: José Luis Sampedro Hernández

En un entorno incierto y de crisis múltiples los jóvenes tienen retos diversos por enfrentar que sólo podrán resolverse con el uso adecuado de la ciencia, la tecnología y la innovación, acompañados de la elaboración de políticas públicas efectivas y la participación del sector productivo y de la sociedad civil organizada, señaló el doctor José Luis Sampedro Hernández, investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Foro Interuniversitario Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro, convocado por esta casa de estudios, entre otras instituciones de educación superior (IES), el jefe del Departamento de Estudios Institucionales advirtió que para hacer uso de la ciencia es ineludible, primero, crearla, desarrollarla y para ello se requiere inevitablemente de científicas y científicos que precisan ser formados.

Durante la mesa El papel de las y los jóvenes en la construcción del sistema de ciencia, tecnología e innovación, apuntó que México pasa por una transición demográfica acelerada, pues en los últimos 30 años la edad promedio pasó de 19 a 29 años y alrededor de 2040 aumentará a 35, mientras que para 2050, 25 por ciento de la población estará conformado por adultos mayores; sin embargo, el país tiene todavía un bono demográfico porque la gente de entre 15 y 65 años representa 71 por ciento, pero en 2050 será de 58 por ciento.

La pregunta es cómo aprovechar este bono porque es aún “una oportunidad de oro” y para ello se exige la implementación de mecanismos públicos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, así como las laborales y de salud, entre otras.

La Ley General de Educación Superior establece, entre otros aspectos, dos que son importantes: por un lado, que la enseñanza de ese nivel es un derecho humano, lo cual implica su gratuidad como garantía a través de la acción del Estado, y por otro, la vinculación de las universidades con la sociedad, con énfasis en la atención de prioridades nacionales.

Sobre el primer punto, estimó que las IES deberán aumentar la cobertura, lo cual podría ser gradual, pero muy lento y a muy largo plazo, pero con recursos financieros que no mejoran y con situaciones macroeconómicas futuras que difícilmente permitirán asegurar un incremento de esos capitales.

Si bien la matrícula de licenciatura aumentó en los últimos años, “estamos lejos del 50 por ciento”, además hay una disparidad regional en la cobertura, pues mientras el sur del país está llegando a 30 por ciento, el norte se acerca a 40 por ciento.

Para la mayoría de los jóvenes estudiantes realizar un posgrado es muy difícil, “considerando el contexto en que vivimos”, pues una parte de los integrantes sólo van a poder ingresar a un doctorado si tienen acceso a una beca de manutención, las cuales no son suficientes, como tampoco lo son los espacios para realizar especializaciones y maestrías.

En ese sentido la masa crítica de investigadores es “por decir lo menos, pobre, pues tenemos un rezago importante respecto de Brasil y Argentina, entre otros países”.

La vinculación entre las IES y los centros o institutos públicos de investigación con la sociedad, requiere de alinear tres lógicas: la de las universidades, con la del Estado y la del sector productivo, y para ello “necesitamos modelos, esquemas y símbolos que permitan que todos entiendan el mismo objetivo y la misma meta”.

La formación de la masa crítica lleva tiempo e implica la movilización de muchos recursos, pero urgen acciones, por ejemplo, un crecimiento sostenido de becas para posgrado con perspectiva de género, inclusiva y regional.

También propuso que las capacidades científicas se desconcentren a mayor velocidad, pues aún se agrupan en pocos estados y universidades. Además se precisa fortalecer las actividades de formación temprana de científicos, así como construir los puentes para el trabajo colaborativo entre los actores, universidades, entes públicos, sector productivo y la sociedad organizada.

En suma, “debemos entablar un mejor diálogo entre las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación y para ello los jóvenes deben tener voz y ser considerados en la elaboración de las políticas del sector en beneficio del país”.

La doctora Nayeli Martínez Velázquez, investigadora de la Unidad Xochimilco, consideró que “si bien no contamos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte y consolidado en México, al menos tenemos una no tan incipiente estructura de actores vinculados al sector, quienes han realizado múltiples aportes a nuestro esquema de CTI”.

De acuerdo con la llamada Cuarta Transformación todos los jóvenes tendrían acceso a una formación profesionalizante; sin embargo, la realidad muestra otra cosa, pues el gasto en educación representaba en 2018, 22.13 por ciento; en 2019, 20.7 por ciento y en 2020 fue de 19.84 por ciento.

Esta reducción ha impactado a todas las instituciones, a lo que se añade la disminución al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 11 por ciento en 2019 respecto de 2018, además del presupuesto asignado a becas, que cayó 25 por ciento. Con estos recortes no se está invirtiendo ni apostando por los jóvenes ni por la educación.

“La política de ciencia y tecnología debe abrir la puerta a este sector para incidir en un mejor futuro y desarrollo socioeconómico de nuestro país y que no nos atrapen en una visión hegemónica ni nos confronten con la idea de que lo privado es malo, conceptos muy presentes en esta iniciativa de ley”, finalizó.

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