Las áreas protegidas en América Latina, cada vez más invadidas por el extractivismo

A pesar de que los países realizan acuerdos internacionales, en la práctica se infringen, explicó académica de la UAM

La diversidad nacional del país requiere un plan de manejo.

Los gobiernos del mundo han acordado no extraer minerales ni combustibles fósiles en áreas protegidas, pero en la práctica no sucede así pues, cuando hay intereses económicos, se pasan por alto estos acuerdos y cada vez se reducen más esos espacios, señaló Kjell Kühne, director de LINGO (Leave it in the Ground Initiative), organización que tiene como objetivo acabar con la era de los combustibles fósiles.

En el Foro regional Áreas protegidas sin extracción, moderado por Aleida Azamar Alonso, académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, voces de Chile, Ecuador, Bolivia y México coincidieron al afirmar que es preciso dejar de quemar petróleo, carbón y gas lo más pronto posible, y que la gran mayoría de éstos debe quedar bajo tierra.

Kjell Kühne explicó que LINGO ha hecho mapeo de dónde están los combustibles fósiles en el mundo y dónde hay áreas protegidas, el cual muestra que en varias regiones de América Latina se han invadido estos lugares para la extracción de petróleo, carbón y gas.

En México hay alrededor de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de orden federal y dentro de éstas se encuentran reservas de biósfera, monumentos naturales, zonas de protección de recursos naturales y de flora y fauna, así como santuarios, es decir, una gran diversidad que requiere de un plan de manejo, detalló Beatriz Olivera, directora de la Asociación Civil Engenera.

Las áreas federales están reguladas por la Ley de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente, a través de la cual se definen las actividades que están permitidas. Sin embargo, no todas las ANP tienen un plan de manejo, lo que representa una oportunidad para que diversas empresas exploten estas zonas por la carencia de este instrumento.

Existen alrededor de 73 minas dentro de esas zonas en todo el país y se han otorgado concesiones en poco más de dos millones de hectáreas protegidas. En México, la ley permite que éstas se otorguen por 50 años y puedan ser prorrogables por otros 50, donde se extrae principalmente oro, plata y cobre.

Esto tiene importantes impactos para las comunidades que viven alrededor de estos proyectos mineros, entre otras razones por las cantidades del vital líquido que se requieren para las labores de extracción, que no puede ser reutilizable porque queda contaminada. Hay muchos lugares donde cuerpos de agua en zonas protegidas han quedado contaminados por la minería, y nadie se ocupa de ello.

Un caso emblemático de esta problemática es la reserva de la biósfera de la mariposa monarca, donde existe un proyecto minero de Grupo México; otro es del área protegida estatal de Wirikuta, que además de su valor ambiental, es territorio sagrado de la cultura wixarika huichol.

El colectivo ‘Fuera minería de ANPs’ impulsa la prohibición de la actividad minera en áreas protegidas y han sido presentadas cinco iniciativas en este sexenio, pero ninguna ha pasado de las comisiones en las cámaras legislativas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adquirido el compromiso de no otorgar nuevas concesiones mineras, pero el problema es que no se han hecho anclajes jurídicos que den continuidad a esta promesa a futuro. La Ley de Hidrocarburos de 2014, en su artículo 41, establece que en áreas naturales protegidas no habrá extracción de hidrocarburos; pero todos aquellos proyectos previos a esta norma pueden continuar con esta actividad, pues esta ley no es retroactiva.

La ecuatoriana Antonella Calle forma parte del Colectivo Yasunidos, que nació en 2013 por un grupo de activistas que pugnan por defender el Parque Nacional Yasuní, un área natural protegida localizada al nororiente de Ecuador en la cual se realiza explotación petrolera desde hace años.

En la primera década del siglo XXI se presentó la iniciativa Yasuní ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) –un bloque petrolero ubicado en ese sitio– que pretendía dejar el petróleo en el subsuelo y proteger el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan dentro del Parque Nacional, conocidos como los Tagaeri y Taromenane.

La propuesta surgió desde la sociedad civil del Ecuador, pero fue adoptada e institucionalizada por el gobierno, y finalmente fracasó y se continuó con la explotación de esos bloques. Yasunidos continúa con los trabajos para impedir que se explote esa zona.

Hace nueve años, este colectivo propuso una consulta popular ciudadana para frenar la explotación de petróleo en la zona Yasuní ITT. Se obtuvieron cerca de 157 mil firmas a nivel nacional para ir a esta consulta popular. Antonella Calle aseguró que se hizo un fraude para impedir que se llevara a cabo este ejercicio democrático; los integrantes acudieron a instancias legales para que se reconociera el fraude, hasta que se aprobó.

En ese lapso avanzaron los trabajos de explotación petrolera, pero aún queda un 60 por ciento del área que puede ser rescatada si así se decide en la consulta popular, que estiman pueda llevarse a cabo a inicios de 2023. El Parque Nacional Yasuní fue designado por la Unesco como una reserva de la biósfera en 1989. Según un estudio reciente, dicho parque y la zona ampliada subyacente se consideran las zonas más biodiversas del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas.

En Chile, desde hace una década hay un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el Parlamento Nacional que busca establecer un servicio público para la conservación de la biodiversidad; su principal instrumento sería el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, indicó Ramón Balcázar Morales, integrante de la Fundación Tanti creada en San Pedro de Atacama, Chile, para promover la Agroecología y la sostenibilidad territorial.

Casi 90 por ciento de las exportaciones de Bolivia están basadas en actividades extractivas de minería, hidrocarburos y la agroindustria, lo que crea una dependencia que transforma la economía, la política y la cultura, subrayó Oscar Campanini González, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Este es un país exportador de gas; sus principales mercados son Argentina y Brasil, y ya se presenta una crisis importante en la que ya no se puede cumplir con los contratos de abastecimiento que se tienen pactados, lamentó Oscar Campanini González.

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