La captura del presidente devenido en dictador Nicolás Maduro en la madrugada del 2 de enero de este año en Caracas, como resultado de un operativo militar ordenado por el gobierno de Donald Trump, ha generado un efecto inmediato internacional y local que coloca en el centro el balance de las diversas dimensiones políticas y sociales del largo predominio del chavismo en ese país. Una de ellas tiene que ver con la educación superior.
¿Cuál es el panorama de ese sector en la actualidad? En realidad, hay pocos datos consistentes y confiables en torno a lo que ha ocurrido en la educación superior venezolana a lo largo del predominio del chavismo desde 1999 a la actualidad. Ese suele ser uno de los componentes que caracterizan los contextos no democráticos de los regímenes políticos autoritarios: la ausencia de información objetiva, sistemática y comparable. A pesar de ello, y en virtud de los esfuerzos que algunas instituciones y académicas/os han realizado respecto al tema en los últimos años, es posible identificar algunos rasgos básicos de las políticas chavistas de educación superior y sus efectos en la configuración política y socio institucional de la educación terciaria venezolana.
Cuatro son las dimensiones que constituyen el mínimo irreductible del análisis de lo ocurrido en las universidades venezolanas a lo largo de más de un cuarto de siglo de hegemonía del chavismo: centralización y control gubernamental, expansión y cobertura, calidad y desempeño, y autonomía universitaria. Exploraremos brevemente esas dimensiones.
Centralización y control. Desde la promulgación de la Constitución bolivariana de 1999, impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez, se impulsaron una serie de cambios normativos e instrumentales orientados a fortalecer el control del gobierno nacional sobre la educación superior. El rasgo más destacado de esos cambios fue la configuración de un “tercer sector”, distinto al tradicional sector público (dominado por las universidades autónomas públicas como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar o la Universidad de Los Andes) y las pertenecientes al sector privado (por ejemplo, la Universidad Católica Andrés Bello). El “tercer” sector se constituyó como un conjunto de universidades nacionales controladas por el Ministerio de Educación Superior, conformado por las “Aldeas Universitarias”, las “Universidades Territoriales”, la “Universidad Bolivariana” y la ampliación de la “Universidad de las Fuerzas Armadas”. Bajo los principios del “Motor Moral y Luces” enunciado en 2007, ese sector se constituyó como el centro de las políticas gubernamentales, que aspiraban a un “cambio revolucionario” basado en el “desprendimiento de los antivalores del sistema capitalista” y la construcción de una “concepción de vida fundamentada en valores”.
Expansión y cobertura. Según datos oficiales, la tasa bruta de cobertura de la educación superior venezolana es la más alta de América Latina: 96.5 por ciento en 2021. Con 2.1 millones de estudiantes matriculados en 98 instituciones de educación superior públicas y privadas, el sistema venezolano se presenta como un sistema inclusivo, equitativo, gratuito, de calidad y democrático. No obstante, no hay datos ni evidencias consistentes sobre estos atributos auto conferidos por el oficialismo.
Desde hace décadas, no se realizan prácticas de evaluación a las IES, y según varias fuentes, existen serios problemas en la retención de profesores (se calcula que 4 de cada diez han emigrado del país o de profesión), se ha desplomado la inversión pública en el sector, hay severos problemas de deserción y baja eficiencia terminal de los estudiantes, y las universidades operan en contextos de infraestructuras deterioradas, con problemas de conectividad digital, bibliotecas envejecidas y muy poca inversión en ciencia básica y aplicada en todos los campos del conocimiento.
Calidad y desempeño. La ausencia de mecanismos e instrumentos públicos de evaluación ha significado el desconocimiento sobre indicadores clave de las relaciones entre la calidad académica de las funciones sustantivas universitarias y el desempeño institucional del sector. No obstante, según clasificaciones internacionales de los rankings universitarios como el QS Latin America & Caribbean Ranking 2025, universidades públicas autónomas como la Universidad Central de Venezuela (UCV) o la Universidad Simón Bolívar (USB) aparecen en las posiciones 34 y 51, respectivamente, entre las 200 mejores de la región, un logro no menor dadas las carencias presupuestales y de infraestructura que padecen desde hace más de dos décadas, y de los bajísimos salarios que perciben sus cuerpos docentes y de investigación.
Autonomía universitaria. Las restricciones gubernamentales han disminuido significativamente los grados de autonomía de las universidades públicas venezolanas. La creación en 2005 del Ministerio de Educación Superior significó la subordinación del Consejo Nacional de Universidades a las decisiones y orientaciones gubernamentales, lo que se tradujo en la pérdida de la autonomía académica y de gestión de las grandes universidades públicas como la UCV o la USB. Al concentrar la atención presupuestal en las universidades del tercer sector, el chavismo apostó a la heteronomía institucional para la construcción de su proyecto educativo universitario, debilitando la autonomía de las universidades públicas tradicionales. Temas como la gratuidad, la eliminación de los exámenes de selección de alumnos, y la democratización de los gobiernos universitarios provocaron tensiones y conflictos en las universidades públicas autónomas.
La intervención estadounidense no garantiza la recuperación de la educación superior venezolana ni un cambio en el comportamiento de los actores públicos, privados y del tercer sector de ese campo de acción pública. Es necesario contar con información confiable sobre lo que ha ocurrido realmente con la educación terciaria venezolana. En esas circunstancias, lo que despunta en el horizonte es una recomposición acelerada de esos sectores y la complicada configuración de una nueva agenda política y de políticas que aborde soluciones a los problemas heredados del prolongado autoritarismo chavista. Los cambios contextuales del sector en los próximos meses definirán el tono, las posibilidades y los tiempos de un nuevo ciclo de políticas y gobernanza de educación superior enfocadas en la gestión de la crisis.
Adrián Acosta Silva
Columna: Diario de Incertidumbres
