Gestionando la crisis: conocimiento y política

Esa combinación está en el centro de la explicación de la construcción acelerada, a veces contradictoria y frecuentemente confusa de la gestión de la crisis. En México, el gobierno federal y los gobiernos locales han actuado mediante la consideración de la opinión de expertos y científicos que trabajan desde hace décadas en los institutos nacionales de salud, centros de investigación, hospitales y universidades. Pese a ello, el presidente y los gobernadores actúan de manera poco coordinada, exhibiendo diferencias técnicas pero sobre todo políticas sobre la forma de enfrentar el problema.

Como en toda crisis, la gestión de coyuntura es una combinación de política, arte y artesanía. Esa dimensión explica el proceso y hechura apresurada de las decisiones públicas que se toman en un contexto de alta incertidumbre sobre las implicaciones de un fenómeno que rebasa ya claramente los límites conocidos de un problema masivo y letal de la salud pública entre poblaciones y territorios específicos.

La gestión de la crisis tiene implicaciones económicas, sociales y políticas cuyo tratamiento marcará el rumbo del sexenio. Ni el voluntarismo presidencial que menosprecia sistemáticamente la magnitud del acontecimiento y lo lleva a las aguas de su molino de la 4T (“como anillo al dedo”), ni el pesimismo catastrófico de algunas de sus oposiciones, parecen ser capaces de advertir las consecuencias de un problema de salud pública que ha actuado como mecanismo de disparo de una crisis económica y social que puede tener consecuencias políticas importantes. Si se mira bien, detrás de las formas de manejo de la crisis dependerá en buena medida la nueva agenda política de las políticas públicas de los próximos años.

Desempleo masivo, desplome del consumo, estancamiento económico, miles de enfermos y centenas de fallecimientos son las primeras señales de los efectos inmediatos de la epidemia en México. Pero el impacto diferenciado entre grupos de edad de la población, sus condiciones de acceso a los servicios de salud y seguridad social,  los  perfiles epidemiológicos que causan la morbilidad general antes , durante y después del covid-19 (envejecimiento acelerado sin seguridad social, diabetes, sobrepeso, hipertensión), son los factores estructurales de desigualdad y vulnerabilidad que han agudizado el impacto de la crisis sobre el sistema económico y social en su conjunto. En esas circunstancias, una sensación de incertidumbre general pesa como plomo en la formación de las creencias, representaciones y percepciones sociales sobre el fenómeno.

Frente a este panorama, las universidades han actuado con distintos grados de intensidad y bajo diferentes modalidades. La mayoría han apoyado los llamados a permanecer en sus casas a sus respectivas comunidades suspendiendo clases e instrumentando la migración masiva de las prácticas escolares de lo presencial a lo virtual a través del uso o habilitación acelerada de las plataformas digitales. Algunas han formado grupos de especialistas y académicos para apoyar a los gobiernos estatales con estudios específicos sobre la evolución de la pandemia y sus diversas dimensiones e impactos más allá de los relacionados con la salud pública. Otras más están apoyando con ejercicios prospectivos y propuestas específicas sobre los distintos escenarios de salida de la crisis, estimando los costos sociales y económicos de una salida rápida, pausada o lenta de la contingencia (https://www.jaliscoafuturo.mx/jalisco-despues-del-covid-19/.)

En todos los casos, el conocimiento científico-técnico que pueden aportar las universidades a la comprensión y posible solución a la epidemia en sus distintas dimensiones, parte del supuesto del carácter extraordinariamente complejo de la situación actual. Pero el otro factor relevante asociado a la movilización del  conocimiento aplicado que se produce o cultiva en los centros e institutos de investigación de las universidades, es el carácter político de las decisiones que toman los gobiernos considerando ese conocimiento, que se traduce en acciones de política pública de corto y mediano plazo.

Esa relación entre conocimiento y política está en el centro de la gestión de la crisis. Aplicar o no el conocimiento científico o técnico es una decisión política y de políticas, pues ello implica considerar los costos, riesgos y beneficios que esas decisiones y sus posibilidades de instrumentación práctica pueden tener para el gobierno del príncipe en turno. Hoy como ayer, las figuras del científico y del político reaparecen en el centro de una crisis que desafía el sentido común y sacude los hábitos y rutinas mentales e ideológicas de intelectuales, científicos y políticos.

La conocida frase de Paul Vàlery de que “el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es como solía ser” forma parte del ruido de fondo que se escucha en la coyuntura, donde políticos y científicos representan las tensiones entre la ética de la responsabilidad y la ética de la verdad con las que el viejo Weber distinguía ambas figuras en la conducción de los asuntos públicos. Repensar el futuro gestionando el presente es el desafío mayor de una crisis que ha alterado veloz e inesperadamente las reglas del juego y las tensiones entre la ciencia, la política y las políticas públicas.