Firman rectoras y directoras acuerdo nacional para erradicar violencia de género en las universidades

Claudia Susana Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato, expuso que la situación de la violencia de género persiste y tiene serias implicaciones. La pregunta es: qué vamos a hacer y estamos haciendo desde las instituciones de educación superior.

Este esfuerzo no es nuevo: cada institución de educación superior en México se encuentra en distintas circunstancias y situaciones. Lo que es innegable son los esfuerzos que se han realizado.

La rectora Gómez López recordó diversos antecedentes que la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, junto con la Anuies, han hecho para acompañar a las instituciones para implementar, en la medida de lo posible, protocolos de atención para desarticular la violencia de género que vivimos.

Recordó el acuerdo de Tlaxcala, en 2022, que llamaba a 8 acciones puntuales y que fue ratificado para revisar las prácticas en todas las instituciones. Pese a los esfuerzos individuales y colectivos, sigue existiendo la violencia de género y las distintas identidades en todas las instituciones, agregó.

Desde la educación superior, se buscan acciones para generar una cultura de paz que tanto requiere el país, no solamente de las mujeres, sino de todas las identidades.

Al tomar la palabra, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, reconoció que para crear una sociedad más justa, se necesita la participación de hombres y mujeres en todas las situaciones de la vida académica.

“Las universidades son este espacio donde se transforman unos a otros. En este contexto, es importante que las universidades seamos estos espacios libres de violencia, espacios que les permitan en plenitud desarrollarse y formar nuevos conocimientos en entornos de paz”.

Asimismo, recordó que todas las instituciones públicas cuentan con un protocolo en caso de acoso y hostigamiento sexual, así como con un plan y programa para la cultura de paz. En este sentido, estos procesos de capacitación y formación,

Silvia Giorgulo Saucedo, Presidenta de El Colegio de México, mencionó que la firma es una muestra del liderazgo del sector de educación superior y que debería permear al resto de la sociedad.

Entre los 12 puntos leídos en el Acuerdo, se encuentran el abatir solidariamente los obstáculos que impiden el desarrollo profesional de las mujeres y el valor de la sororidad a través del pleno respeto y protección de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana; salvaguardar los derechos de las personas y, en especial, los de las mujeres a la libre manifestación de las ideas y a la protesta pacífica, promoviendo la tolerancia hacia la legitimidad de sus actos, protegiendo su integridad y evitando estigmatizarles, criminalizarles o, en su caso, revictimizarles; generar las normas, mecanismos, procedimientos, así como las instancias necesarias para promover la cultura de paz, la inclusión y como eje central de esta última, la igualdad sustantiva de género; Fomentar y facilitar las denuncias, eliminar los obstáculos legales y materiales para que éstas prosperen e implementar disposiciones normativas, procedimientos y prácticas que eviten la revictimización o bien eliminar las que la produzcan.

Asimismo, ampliar y fortalecer la colaboración con otras instituciones especializadas para asegurar una atención integral y adecuada a las personas involucradas en eventos de violencia de género que ya se tienen en las instituciones; facilitar el trabajo de las personas nombradas por las y los titulares de las instituciones para la implementación intra e interinstitucional del Acuerdo Nacional; hacer transitar la acción concertada que se realiza en las IES para integrarla a las agendas locales, regionales y nacionales de erradicación de la violencia y en especial de la ejercida en contra de las mujeres, vinculando el trabajo que realizan hacia el interior de los recintos educativos con un trabajo de cercanía y de responsabilidad social hacia las comunidades en las que se encuentran insertas.

De igual manera, gestionar con las autoridades en todos los niveles de gobierno los mecanismos de colaboración que sean necesarios para garantizar que la violencia comunitaria no se convierta en un obstáculo de facto al acceso al derecho humano a la educación de las personas estudiantes, especialmente de las mujeres; articular con los sectores público, social y productivo los recursos y los mensajes que permitan realizar campañas nacionales de alto impacto para generar una opinión pública informada y alerta contra la comisión de las violencias de género; y generar y transparentar, desde las instituciones de educación superior, la información, la estadística, los análisis y los estudios que deriven del registro puntual de las variables asociadas al fenómeno de las violencias y, en especial, la cometida en contra de las mujeres, con el propósito de integrar bases de datos abiertas que promuevan tanto la investigación académica, como el diseño y la articulación de las políticas públicas e institucionales necesarias para su prevención y el aseguramiento de las garantías de no repetición.