En el escenario de la globalización que permeó esa década, México buscó una transformación hacia una economía competitiva e internacional
En la década de los noventa, que corresponde a las presidencias de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), la política de ciencia y tecnología registró importantes trasnformaciones. La más significativa está relacionada con el cambio de modelo de desarrollo nacional que se buscó implementar en esos años, que promovía el tránsito de una economía centrada en la dinámica del mercado interno y la exportación de materias primas, con participación del Estado como agente productivo, hacia una economía que desarrollara competitividad en el escenario de la globalización, el libre comercio internacional y la desregulación económica. En tal modelo, la iniciativa privada tuviera un papel protagónico, Salinas lo sintetizaba en la expresión: “He propuesto como estrategia del cambio la modernización de México (Primer informe de gobierno).
Esa transición implicaría, en la esfera de la política de ciencia y tecnología el siguiente principio general, expresado por el presidente Salinas al comienzo de su sexenio: “Mi gobierno se ha comprometido a impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico; en ambos, la mayor inversión es garantía de un mejor futuro. Hemos promovido el financiamiento multianual de proyectos de excelencia que arraiguen o promuevan el regreso de los investigadores mexicanos en las instituciones de educación superior, promovemos facilidades para la vinculación entre los centros de desarrollo tecnológico y las empresas productivas” (Primer informe de gobierno).
Como mencionamos en una entrega previa, en 1992 el titular del Ejecutivo decidió suprimir la Secretaría de Programación y Presupuesto, transladando la mayor parte de sus funciones a la Secretaría de Hacienda. El Conacyt, sin embargo, no quedó reubicado en Hacienda sino en la SEP como cabeza de sector; fue encargado de la coordinación del Subsector Ciencia y Tecnología, así como de la coordinación de las delegaciones regionales, para lo cual se creó en Conacyt la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Tecnológico Regional.
Con es movimiento y la puesta en marcha del Programa Nacional de Modernización Educativa, en particular el rubro relativo a la educación superior, tendría lugar una intersección, no en siempre tersa, entre los proyectos y programas desarrollados por la Subsecretaría de Educación Superior y los correspondientes al Conacyt, como fue el caso de la distribución del financiamiento para investigación, los programas de becas, los estímulos para tareas científicas, tecnológicas y de divulgación, la coordinación de los centros públicos de investigación, que fue denominado “Sistema SEP-Conacyt”, así como la acreditación de los programas de posgrado.
En 1993 el Ejecutivo promovió una reforma al artículo tercero constitucional que, entre otros aspectos, consideraba la obligación del Estado de promover y atender la educación superior; apoyar la investigación científica y tecnologíca, así como “alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” (DOF, 5 de marzo de 1993). En materia de difusión cultural, el gobierno salinista creó, en diciembre de 1988, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); en 1989 el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), y posteriormente el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).
Con respecto al financiamiento, el gobierno de Salinas tuvo dos etapas. La primera, que comprende los primeros tres años de su administración, se caracteriza por haber recuperado y hecho crecer, en términos reales y proporcionales al PIB, la inversión pública destinada al sector, la cual había decaido considerablemente en los últimos años del sexenio previo. El destino del gasto comprendió, como es usual, la aplicación de recursos para actividades de investigación en la universidades públicas autónomas, los centros de investigación y algunas otras IES con funciones de investigación o desarrollo tecnológico. El presupuesto destinado al Conacyt también fue mejorado a través de la apertura de una serie de programas y fondos destinados a incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico en los sectores privado y social. Por último, se establecieron incentivos para el desarrollo del posgrado, para la contratación de invistigadores provenientes del exterior y para la repatración de académicos que laboraban en el extranjero.
La administración de Zedillo mantuvo, en trazos generales, la misma política y prioridades; en su sexenio el gasto público en el sector mantuvo estabilidad aunque no incrementó significativamente. En ambas administraciones, a pesar del énfasis en el apoyo y la participación del sector empresarial en tareas de ciencia y tecnología, así como los programas establecidos para el efecto, fueron más bien discretos los resultados obtenidos. En el periodo de Salinas la participación privada en el gasto nacional creció del dieciséis al diecinueve por ciento y en el de Zedillo de esta última cifra al 22 por ciento.
En cuanto al tema del posgrado (becas y acreditación de programas) la política establecida se articuló con las líneas de desarrollo planteadas por la SEP, de manera que, desde 1991 el Conacyt conformó un Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia en Ciencia y Tecnología, con requisitos de ingreso y permanencia de programas de maestría y doctorado con orientación a la investigación. Los resultados de la evaluación de programas en esta modalidad diferenciaba entre las categorías de aprobado, condicionado y emergente. La SEP, por su lado, desarrolló el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP). En una segunda etapa, el trabajo conjunto de SEP y Conacyt dio lugar al Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN), dentro del cual un Programa Nacional de Posgrado, diseñado conjuntamente entre SEP y Conacyt, reemplazaría al Programa de Posgrado de Excelencia diferenciando programas de alto nivel, competentes a nivel internacional y programas emergentes. La SEP destinó recursos para que las IES públicas alcanzaran los parámetros establecidos entre dichas categorías y niveles a través de fondos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y becas para los académicos participantes en el Programa Integral de Mejoramiento del Profesorado (Promep).
En la práctica, el Conacyt fue tomando control sobre la acreditación de los posgrados, definiendo los criterios y parámetros de calidad y organizando el proceso de evaluación en todas sus etapas. De ese modo, comentaba Martiniano Arredondo y coautores: “el aparato de la administración pública dedicado a la educación superior, en el transcurso de un poco más de quince años, desde que se incorporó el Conacyt a la SEP, de la que ahora toma distancia, ha ido cediendo sus atribuciones con respecto a las políticas de posgrado al aparato de ciencia y tecnología. De manera que el binomio investigación-posgrado se fue convirtiendo en un postulado conceptual y operativo para la mayoría de las instituciones de educación superior y, en alguna forma, el paradigma de formación científica de las ciencias naturales y exactas se ha convertido en el modelo general para la organización y el funcionamiento de los programas de posgrado” (Arredondo et al., “Políticas del posgrado en México”, Reencuentro, núm. 45, 2006).
Pur último, cabe mencionar que el desarrollo del Sistema Nacional de Investigadores, durante los periodos de Salinas y Zedillo no repuntó significativamente: en 1989 se registraron 4,666 académicos y en 2000, al finalizar el lapso de las dos administraciones, 7,466 investigadores, es decir un crecimiento de menos de tres mil participantes en total o un promedio anual de trescientos cincuenta. Ello se debió, principalmente, a la decisión de redefinir la categoría de “candidato” imponiendo, a partir de 1996, el requisito indispensable de contar con el grado de doctor para acceder a la categoría.
