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Educación en la Tercera Ola: Altibajos de la Obligatoriedad

El inicial llamado presidencial a clases se ha convertido, inevitablemente, en un asunto político en una disyuntiva que involucra a autoridades, docentes, padres de familia y alumnos. ¿Hay punto medio?

El texto de la semana pasada generó diversas reacciones en sus lectores. De elogios a críticas. Normal, qué bueno: todas son útiles para afinar el análisis. Con ese propósito he agrupado dichas reacciones, una vez sistematizadas, en cuatro preguntas con un intento de respuesta de mi parte. Manos a la obra.

¿La cantidad de personas infectadas es alta o baja? La última semana se mantuvo un promedio diario en torno a 20 mil. Muchísimos respecto a los últimos seis meses, pero, comparativamente con lo que pasa en otras latitudes, menor. Tal sería el caso de España que en la última semana ha tenido cifras similares a las de México, con una población nacional sensiblemente menor (47 millones vs. 128 nuestros) y que, ojo, tiene ya el 64% de vacunación con un esquema completo, frente a los 23 millones en nuestro país.

En mi texto afirmé que “el riesgo para que la población en edad escolar retorne a los salones de clase en 20 días es sumamente alto”. A este respecto, dos testimonios autorizados son muy importantes. Uno, la declaración de la representante de la Unicef en México (Paola Gómez), quien sostuvo: “los alumnos que van a la escuela representan apenas 0.02% de contagios y están más inseguros en espacios públicos que con aglomeraciones” (A. P. Wong, Milenio, 16 de agosto). El otro, del coordinador de los Institutos Nacionales de Salud (Gustavo Reyes Terán), quien indicó que “el riesgo de contagio con coronavirus es similar o incluso menor al que tendrían los niños en su vida cotidiana . . .” (A. Cruz Martínez, La Jornada, 16 de agosto.

La disyuntiva formulada en mi texto (proteger la salud de la población o hacer lo propio con la economía nacional ¿es válido aún y, por tanto, no tiene punto medio?). La orientación actual del gobierno federal es clara: evitar un desastre económico como el del año pasado, una disminución del PIB del orden del 8.5%, el peor indicador desde 1932, cuyos efectos más visibles sólo serán superados, en la visión optimista, hasta el 2023. El avance obtenido en lo que va del año (alrededor del 5%) deberá mantenerse en sus actividades esenciales, económicas o productivas. Lo extraño es que las políticas de salud, de las cuales la educación ahora es solo subsidiaria (según declaración de la maestra Delfina), haya sido considerada también con tal carácter por el subsecretario López Gatell, no obstante estar en estos días en el pico más alto de contagios en los 17 meses transcurridos desde que fue declarada la pandemia. En pocas palabras, eso significa que al igual las económicas y productivas, las acciones educativas no debían de parar.

Un punto medio dependería de las condiciones específicas prevalecientes en la vuelta a clases, particularmente en el caso de la educación pública del país sujeta al control de la SEP y de las entidades federativas (alrededor de 26 millones de educandos). Tómese en cuenta, por ejemplo, que la propia SEP reconoce: a) la existencia de 41 mil escuelas públicas sin agua potable y 45 mil sin servicios para lavado de manos (M. Jarquín Ramírez, La Jornada, 15 de agosto), de un total de 198 mil; b) la titular de la SEP mencionó hace unos días la cantidad de diez mil planteles vandalizados, no aptos para dicha apertura, y los cuales deberían estar listos para su utilización en el regreso a clases.

¿El regreso a las aulas está todavía en la circunstancia forzosa de “llueve, truene o relampaguee”, anunciada por el presidente dos semanas atrás? No. Implícitamente, al final de la semana, tanto el presidente como la secretaria de la SEP flexibilizaron su posición, haciendo quedar mal al secretario del SNTE, quien dos días antes se había sumado a la indicación atmosférica presidencial, afirmando que: “el regreso a clases, para los profesores, es obligatorio… porque para eso se nos da un salario . . . hay que salir a justificar el sueldo” (L. Poy, La Jornada, 14 de agosto). AMLO por su parte, el viernes pasado exponía una posición diferente: “el gobierno federal deja a los maestros la decisión de regresar o no a clases presenciales . . . el retorno no es obligatorio ni por la fuerza” (H. Figueroa y A. Nava, Excelsior, 14 de agosto).

La maestra Delfina respaldó inicialmente la decisión de AMLO. Pero también, al final de la semana, con la matizada declaración presidencial, logró que la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas del país estuviese en consonancia con aquella. Así, en ese foro se acordó que el regreso a clases solo será de manera “planeada, escalonada, gradual, cauta y voluntaria”. Además, se adoptaron algunas acciones como las siguientes: a) estados y municipios podrán definir las modalidades para el regreso a clases y la operación; b) se establecerán protocolos de salud y se organizarán las actividades escolares, incluyendo las de limpieza; c) el Comité Participativo de Salud Escolar será una instancia fundamental para la definición específica dentro de cada centro. A todo ello se le sumarán acciones de corresponsabilidad entre gobiernos y principales actores escolares (L. Poy, La Jornada, sábado 15.

Conclusiones

El inicial llamado presidencial a clases se ha convertido, inevitablemente, en un asunto político. El enfoque científico o especializado en materia de decisiones sobre salud y educación está mezclado con el que atañe al poder. Todo esto asume un riesgo enorme cuando se viven los momentos más altos de incidencia del virus. La vacunación ha tenido también, afortunadamente, números récord (700 mil diarios en la última semana, en promedio), pero se está a unos meses de distancia (noviembre-enero, si se continúa a ese ritmo) de que se alcancen las proporciones para que la población vacunada tenga niveles de seguridad (50% o 60%) con esquema completo. En esas circunstancias, como expresara el senador Elí César Cervantes (Morena): discrepar en la vuelta a las aulas “en uno de los momentos más álgidos de la pandemia” (L. Poy, La Jornada, agosto 14).

Sólo para ejemplificar dicho “momento álgido”, el Covid-19 original tiene un factor de reproducción o contagio de una a dos personas, en promedio; en contraste, la variable Delta eleva dichos números a entre cinco y nueve contagios por cada persona infectada (F. Moreno Sánchez, “Delta, lo bueno y lo malo” Reforma, 16 de agosto). De ahí que, fundados en los resolutivos del Conaedu, los gobernadores de los estados de Hidalgo y Guerrero han pospuesto el regreso a clases presenciales; en el primero indefinidamente, en el segundo, solo en 17 de los 81 municipios se podría regresar a clases en forma presencial (J. Guerrero: Reforma, 16 de agosto).

Abrir “las aulas” es un asunto de corresponsabilidad, como atinadamente lo expresó la maestra Delfina. Pero, esto es un camino de ida y vuelta. Los diez puntos acordados en el Conaedu responsabilizan a gobiernos, directivos, profesorado, estudiantes y padres de familia. Acciones que deben desarrollar estos últimos, la responsiva, deberían tener su correlato en el sistema educativo y en las escuelas, tal como lo están planteando ya distintas organizaciones y ciudadanía en general. ¿Quién firmaría dicha responsiva? ¿Quién aseguraría que cada centro escolar reúne las condiciones para que no sea una fuente de contagio?

La Unicef se refiere a riesgos bajos si se concurre a las escuelas. Pero, todo esto supeditado a: a) saber con cierta precisión el estado de la infraestructura escolar, incluida la parte correspondiente a agua potable, drenaje y baños. Esto incluye, por supuesto, la parte de condiciones sanitarias adicionales como ventilación, cubre-bocas y sanitizantes; b) presentar a las familias información sobre en qué comunidades o centros es posible la vuelta a clases. Esto significa “difundir información científica, así como los análisis detallados sobre los impactos de la pandemia en los menores”; c) actualizar el censo sobre infraestructura escolar, toda vez que el último data de 2013 (A. P. Wong, Milenio, 16 de agosto).

Una porción importante del profesorado está renuente a la vuelta a clases si no se le garantizan las condiciones adecuadas. Entre ellas: el esquema completo de vacunación, la infraestructura requerida, los protocolos sanitarios. Además, se han criticado las declaraciones del líder del SNTE. Por su parte, la CNTE, que ha tenido una oposición a las medidas centralistas y alejadas de la realidad (como ha calificado a las de la SEP), ha iniciado una encuesta para determinar si aceptan la vuelta a clases. Esta postura ha modificado ya, a mi juicio, la posición original de la SEP y del propio presidente de la República. Los días que correrán de este jueves al último lunes de agosto serán críticos, en términos del número de contagios y de las decisiones finales que se adopten en el Sistema Educativo Nacional.

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