Transcurridos dos tercios del periodo gubernamental, sigue sin haber explicación de la ineficiencia, las dificultades y los estragos creados por la la austeridad republicana
Algo de ironía tiene lo que ocurre con los datos y los informes oficiales en el sector científico y tecnológico. Porque cuanto más se reiteran unos y se presentan otros, menos claro es el verdadero estado que guarda el sector.
Una y otra vez, desde el inicio del actual periodo de gobierno hasta hoy en día, las autoridades han hablado de acciones indebidas de las administraciones anteriores y en especial en el sexenio previo. Quién no recuerda esa tronante primera declaración de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en enero de 2019, afirmando que en la administración de Peña Nieto se habían hecho transferencias directas, “muchas de ellas líquidas”, de recursos públicos a empresas por alrededor de 50 mil millones de pesos (17.01.2019).
Luego, en el primer informe de gobierno, la cantidad varió a poco más de 38 mil millones de pesos en el periodo 2013-2018. Ahora, tanto en el encuentro que sostuvo la directora del Conacyt con legisladores el pasado 4 de agosto como en la presentación que hizo en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador la semana pasada, resulta que las transferencias son más bien de poco más de 45 mil millones de pesos, pero el periodo se extendió de 2001 a 2018.
Si los números han sido cambiantes en todo este tiempo, lo menos que cabría esperar es un informe detallado y preciso de cómo fueron esas operaciones, el volumen exacto, fechas consistentes y los delitos que se cometieron. Pero no, no tenemos nada de eso y lo único que sí hay son acusaciones fallidas ante la Fiscalía General de la República que ni avanzan ni se desehechan.
El resultado es que no hay ninguna certeza sobre las cantidades y manejo de esas transferencias, lo mismo con los fideicomisos o el número de becas. Pero no obsta para reiterar que antes se abandonó a la ciencia y poco se respaldó al sector público. La sorpresa es que, comparado con el 2018, durante los tres años anteriores, en términos corrientes, el presupuesto del Conacyt disminuyó. Apenas en este año, respecto del inicio del periodo, tuvo un ligero incremento (pasó de 27 a 29 mil millones de pesos).
El panorama es peor si consideramos el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. El GIDE es el principal indicador internacional para medir el esfuerzo presupuestal que realiza una nación para generar nuevo conocimiento y con ese parámetro, pasamos de 0.47 por ciento en el 2018 a 0.31 por ciento en el año pasado.
Además, los datos o los informes llegan fuera de tiempo. El ejecutivo federal debe presentar su 4to informe de gobierno en dos semanas más, pero apenas conocimos algunos detalles del informe previo porque solo recientemente la titular del Conacyt, acudió con legisladores e intervino en una de las conferencias matutinas del ejecutivo federal para los pormenores de los avances de mitad del periodo. Precisamente cuando ya está por concluir el segundo tercio.
Otro tanto ocurre con el reporte que año con año debe presentar el Conacyt. Aquí, en este Acelerador de Partículas, lo recordamos cada tanto, el organismo está obligado por la ley a emitir anualmente un informe general del sector (artículo 6 fracción V). No obstante, el más reciente es del 2019. El documento es básico porque contiene toda la información del sector, permite la comparación a lo largo del tiempo y constituye el punto de referencia para constatar los avances y los retrocesos.
Ni hablar de los dos años de retraso que tuvo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Se supone que ese programa es el documento rector de la política sectorial, pero apenas fue publicado al final del año pasado. Aunque, la verdad, como si fuera inexistente.
La gestión tampoco se distingue por su rapidez y oportunidad. Lo saben bien los aspirantes a obtener una beca al extranjero que nunca llega o aquellos que ya tienen asignado el apoyo pero tarda meses en materializarse. Lo mismo ocurre con los investigadores que esperaban y siguen esperando la siguiente ministración del proyecto, la oficina jurídica que se declaró en moratoria o el trámite que tiene meses en la oficilia de partes. O bien, el retraso de más de medio año para publicar la actual convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores.
El problema es que a estas alturas, cuando ya transcurrieron dos tercios del periodo gubernamental, ya no es la curva de aprendizaje la explicación de la ineficiencia y las dificultades. Seguramente no solo gravita el personal estilo de dirigir, también pesa, y mucho, la austeridad republicana que ya está dejando ver las costuras en el quehacer de la administración pública, lo mismo que la alta rotación de personal en los mandos medios y superiores.
Pero, sobre todo, pasa que políticamente da lo mismo lo que ocurra o no en el sector. Y pues sí, ni certeza ni transparencia.
Pie de página: Nada sorpresivo el nuevo reglamento del SNI y la marcha atrás de algunos de sus inaceptables criterios específicos de evaluación. Y esto apenas comienza.
