Cien días de gobierno: ¿qué ocurrió en educación superior?

Los primeros cien días de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido ocasión para expresar opiniones sobre logros y límites de la acción pública en seguridad, migración, diplomacia internacional, desarrollo económico o democracia. No sucedió lo mismo en educación superior. A diferencia de lo que pasó, cuando terminó la administración de Andrés Manuel López Obrador, no abundaron los balances sobre las decisiones gubernamentales abocadas a resolver problemas e inercias, en ese corto pero significativo periodo inaugural. ¿Será porque fueron pocas las respuestas aportadas en ese lapso a los disfuncionamientos detectados en el sistema de educación superior?

Para validar esa impresión, consulté, en el sitio web de la Subsecretaria de Educación superior (SES), los documentos de las pestañas “Programas” y “Prensa”. El repaso de la primera fue rápido: solo contiene información sobre programa ejecutados en 2024 pero, por ser principio de año, no presenta convocatorias para 2025, todavía. El otro permitió vislumbrar dos fenómenos: uno, la voluntad de la encargada de la SES y de la titular designada de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de estrechar su colaboración sin precisar sus modalidades de estructuración (comunicados conjuntos 2, 5 y 7). Dos, mantener como prioridad el incremento de la matrícula.

Pese a ese pronunciamiento, no han sido identificadas estrategias de conjunto para sustentar la consolidación de la matrícula ni asegurar el devenir de programas federales, esenciales para ese propósito, sean recientes como el de “Prospectiva de la Demanda de Servicios Educativos y Actualización Curricular para Potenciar el Talento Mexicano” o anteriores como el U006 de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Tampoco permiten predecir la suerte de otros, de continuidad, como el programa U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” (Tipo Superior), cuyas alternativas a futuro parecen por igual ser la reconducción, la reestructuración o la suspensión.

Con relación a la incorporación de estudiantes de primer ingreso, en cambio, los extractos de prensa señalan una meta de 330000 admitidos. Para regular la expansión, la Secihti publicó, en noviembre 2024, convocatorias para que profesores y estudiantes postulen ingresar a las sedes en Baja California y Chiapas de la Universidad Rosario Castellanos (URC) y anunció la territorialización, en todo el país, de la Universidad de la Salud. Según la nota periodística [bit.ly/3WiKtyc], ambas instituciones, junto con las Universidades del Bienestar Benito Juárez, tendrán 80 sedes adicionales para recibir unos 215 mil estudiantes. Se prevé, sin más detalles, que los institutos tecnológicos, coordinados por el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. den servicio a otros 115000. En diciembre 2024, la presidenta de la Republica refrendó esa orientación hacia las instituciones con vocación solidaria, al anunciar que la URC adquiría un estatuto nacional.

Faltan datos para saber cómo cuadran esas estimaciones de redistribución de la matrícula con la repartición sectorial del ingreso y para vislumbrar el peso de otros factores (supresión de exámenes de ingreso, por ejemplo) en un potencial auge de la demanda de admisión. Pero, se sabe que crecer implicará invertir en los establecimientos receptores. Supondrá planear donde incrementar la matrícula, por entidad federativa o municipios, con base en criterios claros y cómo hacerlo, si por instalación de sedes o por ampliación y llenado de cupos. ¿Habrá dinero y capacidades de programación? Hasta ahora, los indicios en ese sentido escasean.

Por ahora, la decisión de elevar las tasas brutas de cobertura opaca otros compromisos, prioritarios entre 2018 y 2024, por ejemplo, la inclusión de los grupos vulnerables o las oportunidades de concreción de cambios, enunciados repetidamente como indispensables en los pasados meses. Desconocemos por ejemplo si las universidades interculturales adoptarán una “ interculturalidad crítica”, recomendada en un libro publicado por la SES el año pasado.

Ante los interrogantes suscitados por esas indefiniciones, no todas imputables a incertidumbres presupuestarias, la experiencia, traumática y desastrosa de los ochenta, debe ser recordada para anticiparse a una masificación irracional. Se debe admitir, a la par, que las instituciones públicas consolidadas, tan castigadas por la austeridad desde algunos años y las privadas, han contribuido históricamente al esquema nacional de promoción de la equidad. Urge no dejarlas al margen del programa, en ciernes, de expansión sexenal del nivel y, a la par, velar por que el ingente número de estudiantes no refuerce la segmentación y la pauperización de un sistema, segmentado y fragilizado, generando un sinfín de tensiones.