Balance de la 4T en la educación superior

Venimos de publicar, quien esto escribe y el doctor Romualdo López Zárate, un libro que coordinamos con muchas colaboraciones, artículos y ensayos de coyuntura, de muy ilustres investigadores, donde intentamos de manera colectiva descifrar y poner en claro las políticas, las acciones y las inacciones del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de educación superior. Es un libro electrónico, de libre acceso y descarga, publicado por Transdigital y cuya referencia es Casillas, M., & López, R. (Coords.). (2024). Balance de las políticas de educación superior en la Cuarta Transformación (2018-2024). Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb30.

Somos veinte coautores, todos investigadores reconocidos en el campo, con perspectivas distintas, enfoques e ideologías diferentes, que sin embargo dialogamos a través de este libro y ofrecemos un balance multifacético sobre la evolución reciente de la educación superior en el sexenio que termina. Este libro lo imaginamos en el Congreso del COMIE en diciembre pasado, en enero lanzamos una amplia convocatoria para recibir colaboraciones y en marzo cerramos su recepción. Gracias al apoyo de la Universidad Veracruzana logramos la publicación iniciando el verano.

Decimos en la introducción: casi todos los articulistas comparten los principios y objetivos de la cuarta transformación: la educación superior como un derecho y por ende la obligación del estado de proporcionarla; una educación incluyente, sobre todo para aquellos que históricamente han sido excluidos; una educación superior que sea gratuita en un corto plazo y universal para todos aquellos egresados de la educación media superior que deseen continuar sus estudios; una ciencia que contribuya a resolver los grandes problemas nacionales; un nuevo sistema de evaluación y acreditación de instituciones, programas, académicos y estudiantes; la construcción de un nuevo sistema de información que sea confiable, oportuno y accesible…Está claro para todos los participantes que la intención del presidente de la República, recogida y avalada por la Subsecretaría de Educación Superior y el Conahcyt fue y es marcar una ruptura con los 30 años de un conjunto políticas públicas “neoliberales” y tratar de proponer una nueva perspectiva para la educación superior.

En el balance que hacen los autores de lo realizado en el sexenio se reconocen algunos avances, pero se documenta que están lejos de cumplir medianamente las expectativas. Tres son los factores más mencionados: a) una vuelta al centralismo en la toma de decisiones en lugar de buscar la participación de las instituciones; b) una notoria ausencia de políticas públicas para llevar a cabo los propósitos; y c) un incumplimiento flagrante del ejecutivo y del legislativo al no asignar los fondos establecidos en la Ley General de educación superior para atender gradualmente la universalización y gratuidad y, además, una reducción, a pesos constantes, del presupuesto asignado a la educación superior, la ciencia y la tecnología…

En el balance que hacen los investigadores se advierte que las acciones instrumentadas por los tomadores de decisiones se fundaron más en la creencia de que es posible resolver problemas prescindiendo de la racionalidad y el conocimiento experto; en la convicción de que todo lo anterior al inicio del sexenio era “neoliberal”, perverso, contrario al interés común y por lo tanto desechable sin valorar la fortaleza de las instituciones existentes; de suponer que la justeza de los objetivos es suficiente para alcanzarlos aun cuando no se le asignen los recursos públicos necesarios.

Se prescindió de diagnósticos elaborados en evidencias, no hubo planeación, no se diseñaron opciones para solventar los problemas y no se estimaron los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Se descalificó de inicio el aporte de las universidades autónomas. Se formularon leyes con principios socialmente compartidos, pero se descuidó su instrumentación. En suma, hubo ausencia de “políticas públicas” entendidas como el instrumento racional para atender y resolver los problemas sociales detectados; predominó la negligencia para generar información suficiente, oportuna y accesible para conocer y medir los avances alcanzados en tiempos determinados; faltaron indicadores para conocer el efecto de la política en los sujetos a los que se pretende beneficiar.

Varios analistas documentan que las acciones para incluir a diferentes grupos de jóvenes en desventaja social, económica y cultural a la educación superior no fueron ni equitativas, ni suficientes, ni adecuadas y que carecemos de indicadores para conocer la calidad de los servicios y el desempeño de los egresados. Los programas de inclusión no atendieron a todos los grupos detectados. El objeto, criterios, fines y políticas de la educación superior establecidos en la Ley General de Educación superior se han quedado en promesas o registran un mínimo avance.

A lo largo del libro hay una crítica generalizada en torno a la calidad de las instituciones que se han construido durante el sexenio. Esta preocupación aumenta cuando en la campaña la nueva presidenta ha reiterado su intención por replicar a nivel nacional las universidades de la Salud y las Rosario Castellanos. Sus referencias hacia las Benito Juárez han sido inciertas. En este sexenio se continuó privilegiando la lógica de intercambio político, ofreciendo bienes culturales -de baja calidad- a cambio de lealtad política.

Por último es importante resaltar que en el sexenio no hubo en avance significativo para regular el subsistema particular de educación superior y se mantuvieron los viejos registros de validez de estudios. Producto de la desregulación, el incremento de las instituciones particulares alcanzó su máxima proporción en este sexenio al alcanzar el 37.8% de la matrícula total de educación superior y en el posgrado es del orden del 72%.