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Andrés y el pueblo ante la abadía de la ciencia

Sergio Zermeño
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

¿Ha perdido la universidad su compromiso con el entorno y las problemáticas sociales?

La nave y los embates
La historia contemporánea de la Universidad de México está ligada a la historia de su autonomía, un ejercicio dinámico más que un decreto imperativo, y es que decir autonomía universitaria es como hacer referencia a la posición de un navío que reacciona con calma o con sobresalto dependiendo de las mareas, los vientos y la proximidad de los litorales: nuestra universidad ha tenido que bregar en primer lugar con el Estado, qué duda cabe, y en particular con el poderoso Estado surgido de la Revolución, con la derecha católica, con los terribles ventarrones que han querido convertirla en una barcaza al servicio del desarrollo económico, al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas, y en el extremo, muy cercano a ello, en una veloz fragata deslizándose en la frontera de la Tercera Revolución Científico-Técnica; ha tenido que hacer frente también a las corrientes que han querido ver en ella una institución al servicio del pueblo y, en el mismo impulso, al servicio de los liderazgos y agrupaciones que dicen representar al pueblo. Nos centramos aquí en la parte más reciente de esta bitácora tempestuosa, agitada en días pasados por el Presidente de la República asegurando que nuestra casa se ha encerrado en el individualismo y ha perdido su compromiso con el entorno social y sus problemas.

El movimiento de 1968 y su desenlace dramático, así como la matanza del 10 de junio de 1971, van a profundizar la zanja entre ambos mundos, convirtiendo al tema de la autonomía, sobre todo en esos años, en un referente tabú inamovible e intocable: “la única corriente clandestina en la universidad es el PRI”, escribía Gastón García Cantú, hacia 1973.

La reconquista: la universidad científica
Los años del rector Guillermo Soberón van a constituir la antítesis de la universidad vuelta hacia sí misma que encabezaron Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova. Para recomponer el control sobre la UNAM, después de una represión tan violenta y en medio de la fuga de esa juventud hacia la onda y las guerrillas, el rectorado procedió al enfriamiento de la participación política y cultural de la institución: se hacen desaparecer las cafeterías, los horarios se compactan, las carreras más conflictivas de ciencias sociales son desplazadas hacia las dependencias periféricas, los coloquios y congresos se realizan en espacios selectos, alejados de la participación estudiantil, en los puestos de dirección son elegidos académicos aislados con currículos incipientes y se da paso a un enfrentamiento feroz para controlar los contratos colectivos de los académicos y los trabajadores.

A partir de entonces y hasta 1985, la nueva estructura científico-liberal se consolida mientras los liderazgos de izquierda abandonan el medio universitario en su tránsito hacia la vida partidista reconocida por la Reforma Política. Las altas autoridades universitarias pasarán a formar parte de los sucesivos gabinetes presidenciales.

“Fortaleza y debilidad…” del neoliberalismo
En ese ambiente, hacia 1986, a tres años de haberse iniciado las políticas neoliberales, el escenario vuelve a bascular. El rector Jorge Carpizo le propone a los universitarios, en el ya célebre documento Fortaleza y debilidad de la UNAM, una serie de medidas que elevarían su calidad, su eficiencia terminal y ayudarían a paliar el déficit presupuestal en el nuevo esquema de retraimiento del gasto público. Un importante sector de la comunidad universitaria interpretó que se trataba ni más ni menos que del primer paso hacia la elitisación de la enseñanza superior al romperse el principio de gratuidad. La huelga decretada por el CEU condujo a un empate: no se alteraba el control institucional logrado por el soberonismo, pero no aumentarían las cuotas.

Sin embargo, el grupo científico cobra una gran fuerza en el marco de ponernos al día técnica y científicamente para ser competitivos en la arena global, lo que contrastaba con el proyecto de una universidad social animado por el movimiento ceuista en medio del ascenso inminente del neo-cardenismo. Jose Sarukhán, coordinador de los institutos de las ciencias duras pasó a ser el rector de la UNAM en 1989.

Se impusieron las recomendaciones de los organismos internacionales en torno a la educación superior: reordenar la matricula, moderar el ingreso a las ciencias sociales, alentar la formación técnica desde el bachillerato, aliviar el subsidio público estableciendo colegiaturas progresivas, concentrar los recursos en las universidades que se plegaran a estos axiomas.

El químico Francisco Barnés, rector de la universidad a partir de 1997, respaldado en ese programa propuso una vez más el alza de cuotas. El rechazo del CGH fue fulminante: derogación de cualquier reglamento de pagos, ampliación de la matrícula y desaparición del Centro Nacional de Evaluación.

¡Al abordaje!: los excluidos
Ello condujo a nuestra universidad a una huelga de casi un año al terminar el siglo que presagiaba el regreso del ceuismo, pero a lo largo del conflicto los universitarios descubrimos con angustia un escenario sorprendente: el navío de la universidad y su autonomía no estaban siendo sacudidos solamente por los vientos de la globalización y el ascenso de la izquierda sino que el hecho puso al descubierto la trágica presencia de los excluidos: al número anual y en ascenso de jóvenes rechazados se fue asociando el de otros jóvenes o unos parecidos que terminaron forzando la entrada al campus pero no ya para estudiar, sino para comerciar, para instalar changarros de lo que fuera, para el menudeo de narcóticos amenazando con ocupar cualquier espacio. Si bien no fue una toma masiva si representó un adelanto de lo que podría venir.

A ello se adjuntó otra preocupación: algunos profesores jóvenes, pero también unos de gran trayectoria se alinearon a esa erupción radical y si bien las demandas iniciales de la movilización quedaron resueltas, el ala izquierda del movimiento propuso que era el momento de ligarse a los trabajadores y a la masa del pueblo. Este planteamiento no progresó, pero el campo quedó preparado para lo que hemos vivido en los años siguientes: la prepotencia de los grupos porriles, particularmente en los bachilleratos.

El rector De la Fuente centró su actividad en este punto. Fue elegido en medio del conflicto a finales de 1999 con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la Ciudad Universitaria y el arresto momentáneo de dirigentes y activistas. El grueso de los universitarios, con pocas excepciones se sintió liberado con ese desenlace. El rector de la Fuente exigió, frente al régimen foxista, elevar el financiamiento gubernamental y abrió direcciones de centros y facultades a los académicos de izquierda y progresistas que en los últimos años del siglo habían escenificado airadas protestas ante el grupo hegemónico. Sin embargo, los espacios tomados por los jóvenes radicales, un poco estudiantes un poco externos, no fueron recuperados ante el temor de otro amotinamiento.

La paz precaria: todos cabemos
Con este arreglo los universitarios parecimos firmar una paz precaria, un consenso en torno a la defensa de la autonomía, aunque en realidad el consenso consistió en la defensa de nuestro privilegiado galeón en lo que prácticamente coincidimos excelentistas y partidarios de la universidad abierta. Quedaba claro que en un país con ingentes necesidades los avances científico-técnicos son indispensables y nuestra universidad ha mostrado importantes investigaciones en muchos terrenos de nuestra crisis social: microorganismos y organismos genéticamente modificados para la degradación de compuestos nocivos; nuevas tecnologías de tratamiento de aguas y suelos; acuacultura para fines alimentarios; combate contra nuevas enfermedades…

En el terreno de las ciencias sociales, sin embargo, hemos sufrido un retraso por el desprecio dirigido hacia algunas de ellas. No nos hemos puesto al día en las metodologías y en las técnicas de la reconstrucción social que en muchísimas otras latitudes han mostrado su pertinencia ante las urgencias sociales: el despliegue territorializado de los uruguayos, de las Mancomunidades españolas; de las más de treinta mil comunas francesas; de los cantones suizos; de las cooperativas y las incubadoras brasileñas articuladas a las universidades; de las unidades económicas del Norte de Italia; de la literatura europea y sudamericana referente a la economía social y solidaria…

Con esto no se quiere decir que aquí partimos de cero, hay muchos ejemplos desde los que se puede extraer experiencia en regiones cafetaleras, forestales, pesqueras, en cuencas, localidades, cooperativas y frentes municipales y ejidales, en asociaciones urbanas, en regiones autónomas de los pueblos indios, en los Caracoles zapatistas, etcétera. Pero su apoyo y su visibilidad son muy bajas y nuestra universidad está mal articulada hacia ellos. Y es que lo que se ha puesto en claro en los países de la globalización subordinada (con seis de cada diez de sus habitantes en el desorden y la precariedad), es que un enorme hemisferio del quehacer universitario habrá de centrarse en la conceptualización y en la puesta en marcha de la reconstrucción social, en mitigar los efectos destructivos de esta mundialización extremadamente anarquizante, en donde las áreas del saber deberán intensificar su trabajo en la frontera trasera, en el patio de atrás, buscando las fórmulas nada simples, nada sencillas; es un gran reto, porque estas instituciones no pueden por ello descuidar la investigación básica (al menos en algunas áreas), el estudio de la astronomía, la filosofía, las matemáticas, las letras.

El descuido hacia el entorno
Ahora bien, este retraso, este abandono de nuestras ciencias sociales y de nuestra universidad hacia su entorno en el momento de mayor anomia no solo se explica por las recomendaciones de la institucionalidad mundial dominante sino también por la moda ideológica de las últimas décadas que ha colocado a la ciencia política en el centro de nuestras escuelas y facultades. Es decir, de un paquete de pensamiento estableciendo que el nuevo orden descenderá del andamiaje superior, del fortalecimiento de las cámaras, las elecciones, el sistema de partidos, de la reforma judicial. Por supuesto que tales arreglos han contribuido a la paz social, a evitar enfrentamientos entre fuerzas políticas, pero eso no tiene que ver más que muy poco con el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas de todos los días, y es que en tal locura institucional han quedado muy rezagadas, sin visibilidad, las ciencias sociales de abajo, la sociología, la antropología, la sicología social, el trabajo social.

Hay todavía otro elemento a tomar en consideración en este alejamiento del entorno social. En nuestra universidad, por no alterar la paz convenida, los rectorados han sido omisos para enfrentar el asunto de una jubilación honorable y eso vuelve a nuestros académicos y a nuestros equipos de investigación poco adecuados para su enganche en los espacios precarios, a lo que se adjunta el ascenso de la inseguridad y la violencia.

No es posible, en fin, que contemos con las maravillosas aulas en edificios históricos y modernos, que contemos igualmente con una planta de académicos de gran prestigio y que muchos de nosotros no tengamos alumnos en los posgrados porque solo quienes reciben una beca se atreven a seguir unas disciplinas destinadas a un campo de trabajo y a unos territorios en los que los recursos públicos y privados no existen. ¿Por qué en los países de la OCDE los gobiernos sí destinan recursos para enfrentar estas calamidades de la desigualdad y en los nuestros la ortodoxia neoliberal, pero en mucha medida también un régimen como el actual, han soslayado la temática? (excepciones remarcables pero minoritarias como Pilares y Sembrando Vida).

La búsqueda de un buen orden social y político es un asunto de una complejidad enorme ante el que, sin duda, nos encontramos en pañales, pero el deplorable estado del objeto de estudio, que es al mismo tiempo nuestro espacio de vida, no debiera conducir a descalificar a sus analistas y a las propuestas y ensayos en el terreno de la vida de las personas, sino más bien a reconocer el grado de dificultad de esta tarea y a orientar más recursos para enfrentarla. Nuestra institución ha desalentado y hasta descalificado a los equipos que se han propuesto reconstruir a los colectivos sociales argumentando que la UNAM no es una ONG, aduciendo que médicos y abogados llevan adelante servicios sociales, pero esa es una falsa excusa, los hospitales son obligación del contrato social y los abogados sí son un ejemplo, pero nueve de cada diez son un ejemplo bochornoso del olvido de la ética que la universidad pretendió inculcarles.

Como ha sugerido Francisco Valdez (2021, Letras Libres, dic.): tenemos que “hablar de las reformas que necesita la universidad (en un) terreno sembrado de buena voluntad.”

Sergio Zermeño
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales en UNAM

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