Como universidades e instituciones de educación superior “tenemos el deber de adoptar perspectivas de las personas con discapacidad y de los grupos en situación de vulnerabilidad”, sostuvo José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la presentación del libro Educación Superior: Discapacidad Experiencias y Reflexiones. Hacia una transformación cultural incluyente en tiempos de pandemia, en la Feria Internacional del Libro de Minería, expuso que los marcos legales vigentes establecen que esta gente tiene, entre otros, el derecho a que se les brinden las facilidades necesarias para poder acceder a todos los niveles educativos, incluyendo la enseñanza superior.

Sin embargo, la discapacidad suele ser un concepto dinámico que evoluciona de acuerdo con la interacción entre el individuo con déficit y las barreras debidas a la actitud y al entorno, “por lo que conocer la realidad y la práctica es relevante y significativo para la sociedad en que vivimos”.

Por ello, el “manual para la integración de personas en esta condición de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (Anuies), apunta, en su capítulo tres, la necesidad de construir una comisión interdisciplinaria con representantes con discapacidad, con el objetivo de promover, coordinar y sistematizar dicha vivencia”.

De los Reyes Heredia enfatizó que “hay una realidad que no podemos soslayar: las barreras físicas, de exclusión y la discriminación que desde las aulas, el cubículo o la oficina administrativa de las universidades enfrentan todos los días quienes tienen capacidades diferentes y que muchas veces resultan imperceptibles para aquellos que gozamos plenamente de ellas”.

También deben adoptarse perspectivas de género, de las juventudes, de interculturalidad, de respeto al medio ambiente y de erradicación de las violencias, con especial atención a la inclusión de los pueblos indígenas y de la gente afromexicana.

Es un hecho que todas las políticas públicas y universitarias que puedan aprobarse carecen de sentido “si no somos capaces, como sociedad, de asumirlas, entenderlas e incorporarlas como elementos sustantivos de nuestra vida cotidiana”, advirtió.

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, dijo que las leyes generales de educación y de educación superior precisan una perspectiva sobre la inclusión.

La tasa mundial de alfabetización en adultos con discapacidad es tan sólo del tres por ciento y apenas del uno por ciento para las mujeres, por lo que son definidos como una minoría de las más grandes del orbe y representan alrededor de 15 por ciento de la población global.

En México el porcentaje de gente con discapacidad que no sabe leer ni escribir es de 20 por ciento, cifra que supera casi en cinco veces a los no discapacitados que también son analfabetas.

El libro expone las acciones, temáticas, aciertos y contradicciones de las instituciones de educación superior en favor de la inclusión de las personas con alguna discapacidad, por lo que invitó a leerlo, ya que “partir de las experiencias no sólo representa una ruptura epistémica, sino que nos plantea que efectivamente está en esas vivencias la posibilidad de otra cultura”.

Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y presidenta del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Anuies, enfatizó que las personas con esta condición no tienen garantizado el pleno ejercicio de sus derechos humanos y señaló que para el desarrollo de su vida independiente ya en varias ocasiones se ha negado la oportunidad de cursar sus estudios superiores por no tener procesos de admisión adaptados a sus condiciones o bien por no garantizar infraestructura y modos de atención para su formación.

Las instituciones de educación superior tienen una deuda histórica con la discapacidad y, si bien algunas han iniciado acciones acordes con la gente con esta condición, siempre son aisladas, “por lo que debemos promover otro tipo de políticas”.

Por su parte, Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Anuies, reconoció que en algunas universidades como la UAM han tratado de resolver las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad, pero “todavía estamos hablando de acciones aisladas” que no corresponden a una planificación mucho más general que pudiera ser señalada como una política pública o institucional para hacer valer sus derechos.