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Universidad Veracruzana: Entre lo insólito y la legitimidad / I

La "prórroga" que permitirá al rector Martín Aguilar continuar otro periodo como titular de la institución ha causado conflicto por violar la normatividad institucional
La justificación para esta decisión del consejo universitario tiene bases muy endebles.

La UV cumplió el año pasado 80 años de haber sido establecida. Funcionó como dependencia del gobierno estatal hasta 1996. En los años previos a ese acontecimiento, el rector, Emilio Gidi, inició una campaña, autorizada por el Consejo Universitario, para que la institución cambiara su naturaleza jurídica, convirtiéndose en autónoma. En ese proceso se contó con el apoyo invaluable del gobernador Patricio Chirinos. Desde aquella fecha, la institución fue dueña de su destino, siguiendo los pasos que la Universidad Nacional, ya convertida en Autónoma de México, implantó en 1944-1945, con el rector Alfonso Caso y el respaldo del gobierno federal a través del presidente Ávila Camacho y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet.

Este 2025, según la legislación (Constitución de Veracruz, Ley de Autonomía y Ley Orgánica) es año de elecciones y, de acuerdo con ello, la comunidad universitaria estaba expectante para que la Junta de Gobierno lanzase la convocatoria para un nuevo periodo rectoral. El Dr. Martín Aguilar fue designado en 2021 y, según lo que se decía, y se dijo desde aquella fecha, estaría sólo por un período, toda vez que la normatividad exige como requisito para postularse en ese cargo no tener 65 años de edad. Parecía, en los pasados tres años y medio, que el Dr. Aguilar, a semejanza del Dr. Carpizo en la UNAM, se quedaría a cumplir debidamente el mandato de cuatro años. En ese entorno es que fueron apareciendo nombres de académicos distinguidos que aspiraban al puesto, fomentado indudablemente por la circunstancia de que sería una especie de juego con “barajas nuevas”. Por primera vez desde la autonomía, los dos rectores y la rectora designados en su momento fueron reelectos para un segundo periodo.

Pero, de repente (“y no más que de repente”), el rector que la comunidad y los pretensos candidatos lo consideraban “saliente”, resultó “quedante”. La Ley Orgánica ya no podía cambiarse (estaba además el requisito de consulta marcado por la Ley General de Educación Superior). Y así fue como apareció una nueva figura jurídica en el firmamento de las leyes orgánicas del país (universidades federales o estatales) no utilizada nunca y que le permitiría al Dr. Aguilar “quedarse” (que no reelegirse) cuatro años más. La “figura” es un verbo transitivo: “prorrogar”. Cualquier diccionario que se consulte daría significados como los siguientes: a) “continuación de algo por un periodo determinado”; b) “ampliación del plazo que se concede para hacer una cosa”; c) “una extensión o continuación de algo por un periodo determinado”.

El término se encuentra, principalmente, en el Artículo 36 de la Ley Orgánica, el cual, a la letra dice: “El rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo cuatro años, periodo que podrá prorrogarse por una sola vez”. La argumentación del equipo jurídico del rector convirtió el término en el dispositivo esencial para quedarse cuatro años más (eludiendo el de reelección o designación) y esto fue aceptado por la Junta de Gobierno. Pero la maniobra está en contradicción con las varias referencias que, tanto en la Ley de Autonomía como en la Ley Orgánica, aluden a la función esencial de la Junta en ese terreno: designar. Así: a) el Artículo 4 de la primera se refiere a que la principal atribución de aquel órgano es la de “designar al rector”; b) el 8 indica que la Junta debe “integrar las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de rector…”; c) pero, aún más, en la exposición de motivos de esa misma Ley se hace referencia a “la votación de la Junta de Gobierno para la designación del rector”.

Haberse basado en el término “prórroga”, sustituyendo al de “designación (nombramiento para un cargo, puesto o servicio)” está teniendo efectos devastadores en la UV. Un rector que “prolonga su mandato” sin que medie el proceso de designación marcado en la normatividad institucional. Por lo pronto, de una justificación jurídica absolutamente endeble, se intenta pasar al de la legitimidad institucional del ejercicio de un mandato de la más alta autoridad unipersonal de la UV. A esto me referiré la próxima semana.

Carlos Pallán Figueroa
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com | Web |  + posts

Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies. 

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