Ante la fragmentación de la comunidad universitaria, es necesario conciliar las visiones de alumnos, académicos, sindicatos y autoridades
En la pasada semana, dos editoriales me llamaron la atención. En la primera, publicada en La Jornada Veracruz, Miguel Casillas reflexiona sobre el proceso sucesorio a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, identificando grupos en pugna, con proyectos incompatibles de gobierno institucional. En la otra, redactada para El Universal, Manuel Gil subraya la diferenciación de la plantilla académica en educación superior. Contrasta las condiciones laborales de los profesores de tiempo completo y parcial e indica que los segundos integran un colectivo heterogéneo, con distintos aportes a la enseñanza.
Aunque esos artículos expresen intereses diferentes, su simultaneidad cronológica me orilló a concluir que ambos atañen a un mismo asunto clave, la fragmentación de los grupos universitarios. En décadas anteriores, el crecimiento de la cobertura fue acompañado por una segmentación de la oferta, al punto que la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) la clasifica en 12 subsistemas públicos y privados. Actualmente, esas divisiones sistémicas se han trasladado a la caja negra de los establecimientos, separando en múltiples subgrupos sus principales actores.
Lo anterior obliga a prestar atención a un tema crucial, el de la atomización acelerada de los colectivos que integran la “comunidad universitaria”. Esas dos palabras, aunque de uso frecuente, parecen remitir a un espejismo (la unidad) más que a una realidad (la desunión). La célebre fotografía del rector Barros Sierra y de profesores de renombre, encabezando una manifestación estudiantil en 1968, corresponde a una época en donde no se había disuelto todavía una representación de la universidad susceptible de congregar a alumnos, académicos, sindicatos y autoridades. Ya no es de actualidad.
¿A qué nos referimos, entonces, cuando invocamos hoy día la comunidad universitaria? La pregunta no es anodina. En efecto, las identidades socio-profesionales de sus actores y sus capacidades de movilización conjunta ante medidas lesivas dependen en parte de su adhesión a una visión, unificadora aunque imprecisa, de la educación superior.
Al respecto, las etnografías del mundo universitario dejan entrever que las alusiones a la comunidad universitaria son más un recurso retórico que un referente organizativo. Escuchar a docentes o investigadores revela su distanciamiento respecto de una burocracia que, so pretexto de rendición de cuentas o de evaluación, los fiscaliza o les exige cumplir procedimientos que los distraen de sus obligaciones contractuales de docencia e investigación. Oír a los administrativos corrobora su desgano ante una condición de “malqueridos” y su temor ante el riesgo de incumplir disposiciones normativas y recibir sanciones. Platicar con los estudiantes comprueba que exigen adquirir competencias que les faciliten acceder a un empleo, sin percatarse de las implicancias institucionales de su reivindicación. El paralelismo de los discursos y de las expectativas muestra que la era de la suspicacia, que tanto daño provocó, quedó atrás. Inició la de la incomprensión radical entre los unos y los otros.
Las peticiones y visiones de la universidad son, en efecto, inconciliables entre sí, aunque, a la par, justificadas en relación a la situación de quiénes las formulan. Satisfacerlas implicaría sustituir el modelo imperante de conducción y financiamiento y modificar el dispositivo de pesos y contrapesos que, en los últimos treinta años, garantizó cierto statu quo, so pretexto de aseguramiento de calidad y de monitoreo. Ante el costo y las dificultades de una decisión de esa índole, se apostó a la inercia, sin importar que la solidaridad entre los grupos que coexisten en el interior de los establecimientos haya menguado. Casi se ha desvanecido el sentimiento de pertenencia común a un espacio compartido. ¿Cómo reconstruir instituciones, organizadas sobre el principio de la dispersión?
Si se pretende refundar la universidad, en aras del advenimiento de una era poscovid o, sencillamente, de remover disfuncionamientos, urge superar las divisiones internas. La Ley General de Educación Superior hubiera podido encuadrar ese proceso. Sin embargo, la nula atención prestada a la participación de los actores institucionales y la intención de seguir burocratizando para controlar, plasmadas en el documento, difícilmente permitirán avanzar en esa dirección. Mientras, el contexto se está volviendo crítico y más crítico.
