Regla de tres 953

Siempre oportuno. En épocas en las que las universidades públicas enfrentan cuestionamientos que ponen en duda su importancia en el desarrollo del país, conviene escuchar aquellas voces, como la del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Carlos Eduardo Barrera Díaz, que ponen énfasis en un elemento que no debe ponerse a discusión, y mucho menos si esta disertación se da sin fundamentos y conocimiento de causa. La autonomía universitaria es de gran valor y es un bien público al servicio de todos los sectores de la entidad, dijo hace unos días el encargado de la institución mexiquense. Esto, al firmar un convenio de colaboración con las autoridades locales de Tenancingo. Como lo plantea el rector Barrera Díaz, esa autonomía es la que contribuye a consolidar el compromiso de los estudiantes con el sector público y privado, y eso debe ser parte esencial de un modelo universitario que tendrá que sortear muchos inconvenientes en lo que resta de esta administración federal.

Pronunciamientos innecesarios. Para muestra, las recientes declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien propuso la eliminación del examen de ingreso a bachillerato que aplica la  Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). Una visión que va muy a tono con esa masificación de la enseñanza que desde otros puntos se ha impulsado, y a la que son muy proclives quienes tienen las decisiones en la capital del país, en el gobierno federal. Para qué aplicar una evaluación cuando son ellos quienes son reacios a este tipo de ejercicios para medir la calidad. Y ahora con el pretexto de la gratuidad y la obligatoriedad que ellos mismos impulsaron sin contar con todas las herramientas pertinentes y necesarias para sacarlo a flote, la sugerencia de quitar el examen y dar entrada sin distinción a miles de alumnos, quiere ser parte de ese modelo que presiona a las universidades del país para cumplir con estos preceptos, incluso por encima de limitaciones presupuestales o decisiones que competen a las propias instituciones. Por eso la propuesta lleva dedicatoria y debe atenderse con todo rigor.

Con la frente en alto. Hace unos días, la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí anunció que realizaría una revisión a los recursos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosi (UASLP) por encontrar irregularidades en sus finanzas. La auditoría a la que será sujeta la casa de estudios corresponde al ejercicio fiscal del 2021, debido a las irregularidades detectadas y a las modificaciones al Programa Anual de Auditorías, Ante estos señalamientos, el rector Alejandro Zermeño Guerra, dice estar comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas y asegura que no habrá mayor problema. Confiemos en que esta auditoría especial que se realizará a la UASLP no sea parte de una relación con las autoridades estatales que dista mucho de la cercanía con la que se trabajó en administraciones anteriores. La UASLP no debe ser señalada en todo este entramado de malos manejos de los recursos públicos que en otros casos se ha dado, La labor que se ha hecho en esta institución desde hace varios rectorados es la mejor garantía de cómo se ejerce el dinero en esta casa de estudios.

Sin recato. Como lo advertimos aquí hace unas semanas, en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la mano de las autoridades estatales era más que evidente desde el intempestivo cambio de rector hace unos meses. Ahora, la gobernadora Maru Campos Galván presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UACH, dentro de la que se contemplan cambios en los requisitos para ser rector y director de unidades académicas. La iniciativa de reforma fue aprobada, en primer lugar, por el Consejo Universitario el pasado 27 de mayo. El documento fue entregado al Poder Ejecutivo que lo presentó, sin modificación alguna a los legisladores, quienes serán los encargados de aprobar o no los cambios a la legislación de la UACH. Entre las modificaciones destaca que para ser rector, se requiere “haber prestado servicios docentes o de investigación a la Universidad, por lo menos durante diez años”. Habrá que revisar a fondo lo que ahí se plantea.

Poco esclarecedor. A un año de su gestión, la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, enfrenta una serie de conflictos que tienden a generar incertidumbre al interior de esta casa de estudios. Un grupo de alumnos que no lograron ingresar a esta casa de estudios comenzó a ser apoyado por facciones de los grupos sindicales de la universidad y comenzaron a realizar una serie de protestas para exigir que las autoridades universidades resuelvan sus demandas. Ya estuvieron en las inmediaciones del edificio de rectoría y advierten que podrían endurecer su postura. A ello sumemos varios desplegados que se publicaron esta semana en los que se cuestiona la labor de la rectora. Un año, dicen, que no ha podido resolver los problemas urgentes de esta institución.