Reforma en la UNAM/ IV: el rector Carpizo

La máxima casa de estudios ha iniciado un proceso de reforma universitaria. Esa tarea, calificada como monumental por el suscrito, tiene un aspecto esencial: se está realizando “sin desconocer las aportaciones de las gestiones anteriores… ni ignorar las lecciones que dejaron los ejercicios fallidos”. En las entregas II y III de esta serie se abordaron las reformas o modificaciones que fueron positivas para el avance de la UNAM: la Ley Orgánica de 1945, con la creación de la Junta de Gobierno, y la gestión del rector Barros Sierra, pródiga en realizaciones. Corresponde ahora tratar lo efectuado por el rector Jorge Carpizo como un “ejercicio fallido”, no obstante la calidad de varias de sus propuestas, pero el conjunto de éstas significó un alto costo para la gobernabilidad institucional.

Desde su toma de posesión (enero 1985), el joven rector (40 años) tuvo muy claro el propósito que orientaría su gestión: “Los universitarios somos conscientes de nuestros problemas, no los ocultamos; al contrario, hemos venido haciendo un valioso diagnóstico a ese respecto para poderlos superar”.

Ese compromiso lo ratificó al presentar el Programa Académico 1986, en el cual especificaba la necesidad de “realizar un diagnóstico de la situación que guarda nuestra Universidad… prometí que sería un diagnóstico veraz y claro…”. Y efectivamente, la veracidad y claridad (semejantes a las del rector Gómez Morín en 1933) fueron dos de las características distintivas del documento Fortaleza y debilidad de la UNAM, presentado al Consejo universitario en abril de 1986, después de un intenso trabajo de su equipo, principalmente el efectuado en el área de planeación.

El documento resaltaba diversas fortalezas, entre ellas: a) la pluralidad de opiniones y la libertad de crítica; b) la libertad de cátedra y de investigación; c) la infraestructura de investigación más importante del país; d) una docencia con carreras que “han formado y continúan formando a los mejores profesionistas del país”; y e) una institución donde “se crea y recrea la cultura per cápita nacional”.

Pero, como lo destacaba el rector, la UNAM es una institución compleja en la cual conviven la fortaleza “con un sinnúmero de problemas relacionados entre sí”: Entre estos: a) los cupos de media superior y licenciatura; b) las bajas calificaciones de quienes ingresan por examen de admisión, mismas que revelan un bajo nivel de conocimientos; c) la baja eficiencia terminal; d) el alto número de alumnos de posgrado que abandonan y los que no concluyen sus estudios (90 por ciento); e) los numerosos exámenes extraordinarios; f) los enormes costos per cápita no apreciados por el alumnado; g) planes y programas de estudio no actualizados; h) salarios deficientes para académicos; i) la no vinculación entre la docencia y la investigación.

El documento, básicamente un diagnóstico, fue recibido positivamente por el Consejo Universitario. Pero constituía sólo un primer paso o etapa inicial. Frente al cúmulo de problemas presentados, el rector Carpizo tenía una actitud positiva: en la Universidad estaría presente la voluntad de resolver los problemas identificados y, por ello, deberían introducirse “cambios profundos”. Así, a continuación de esa etapa vendría una auscultación general en la comunidad en torno a “cómo vamos a hacerles frente (a los problemas) y los vamos a resolver”. Para ello, la auscultación se iniciaba ya e iría hasta el 31 de julio.

Todo el proceso parecía marchar normalmente. En el tiempo transcurrido para la auscultación, 104 días, se recibieron ¡mil 760! ponencias u opiniones provenientes de órganos (consejos técnicos y academias de facultades e institutos), organizaciones estudiantiles, miembros de la comunidad. El equipo de rectoría procesó todo ese caudal y, seis semanas después, el rector presentó al Consejo Universitario 26 propuestas derivadas del diagnóstico, matizadas con algunos de los puntos de vista provenientes de la consulta. Este nuevo documento fue aprobado por el Consejo, mismo que constituía un primer paquete de los otros dos que posteriormente se darían a conocer.

Ese primer paquete contenía modificaciones sensibles en los reglamentos de inscripción, exámenes y pagos relacionados con los estudiantes, aparte de otros como los siguientes: a) evaluación del profesorado; b) revisión y actualización de planes y programas de estudios; c) ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de los investigadores; d) exámenes departamentales por áreas o materias; e) actualización del personal académico.

Hasta ese momento, la aprobación por el Consejo Universitario de las 30 propuestas, la reacción, principalmente la estudiantil, no se había manifestado. Pero, en unos cuantos días, la cohesión institucional empezó a convivir con el conflicto. A esto me referiré la próxima semana.