Presupuesto 2024/ II: La Polémica

En la primera parte de esta temática se describió al conjunto de instrumentos en que se inserta el proyecto presupuestal del próximo año, la presentación que del mismo hizo el secretario de Hacienda ante el Congreso de la Unión, algunas características distintivas de ese documento, así como las presiones que desde ahora se advierten como condicionantes, en buena medida, de la marcha de las finanzas públicas y la economía del país para 2024.

Entre esas “presiones” incluí el salto enorme que representan los gastos correspondientes a: a) las pensiones, contributivas y distributivas, de casi dos billones de pesos; b) el crecimiento de la deuda pública neta (interna y externa) del sector público, de 11 billones en 2018 a 14.2 billones en julio de este año; c) el costo financiero de esa deuda, 1.6 billones (lo que hay que pagar cada año por los intereses y servicios correspondientes); d) el déficit público en que se incurre para igualar ingresos con egresos para 2024, 5.4 por ciento del PIB, alrededor de 2 billones, el más alto desde 1987 (aquél año en que la inflación alcanzó un 159 por ciento, contrastante con el 4.5 por ciento en que, se estima, cerrará en este 2023).

Estos cuatro factores, principalmente, han abierto una polémica enorme entre analistas de distintas tendencias, acompañadas por las explicaciones del propio secretario de Hacienda. En este polarizado México en materia ideológica, el presupuesto no se salva (no tendría por qué). De tal modo que los juicios van desde un “presupuesto razonable y congruente”, hasta el de quien califica a ese instrumento como el causante de “un desastre para el país”.

El principal debate se sitúa en esos casi dos billones en que se endeudará la Hacienda pública para equilibrar ingresos con egresos y que significa 5.4 puntos del PIB. Los críticos arguyen que eso compromete seriamente las finanzas públicas para los próximos años. Por el contrario, analistas destacados por su objetividad difieren de esas visiones. Así, por ejemplo, se dice que: “no se ve en el escenario una crisis en el 2024, al menos derivada del mayor déficit fiscal… se está lejos de ser un desastre” (Enrique Quintana, El Financiero, 20 de septiembre y 3 de octubre). O, quien califica al presupuesto 2024 con las notas muy positivas de: “realista, responsable y revelador” (Gabriel Casillas, El Financiero, 19 de septiembre).

La SHCP, por conducto del secretario Ramírez de la O y el subsecretario Yorio, han argumentado que ese 5.4 por ciento se debe a: a) al incremento de las tasas de interés; b) al índice de inflación; c) al hecho que no se recibieron remanentes por parte del Banco de México. Simultáneamente se explica que ese “déficit fiscal mayor” no es un tema preocupante, toda vez que: a) la deuda total, que ascenderá al 48.8 por ciento del PIB para 2024, “será menor del pico que alcanzó en 2020”. Este nivel de deuda es bajo “y tiene mucho margen y mucha flexibilidad”; b) “el déficit es de una sola vez… no es un déficit permanente y esto prácticamente no desvía a México de su senda de sostenibilidad fiscal”; c) se contará con las coberturas petroleras que cada año se contratan; d) el Fondo Monetario Internacional tiene abierta una línea de crédito contingente por 47 mil millones de dólares; e) el Banco de México tiene como reservas 204 mil millones de dólares.

Con relación a estas explicaciones, varios analistas discrepan de que esa especie de “medicina amarga, pero leve” de 2024 sea suficiente para aliviar las presiones de los años subsiguientes. El propio Quintana (El Financiero, 3 de octubre) indica: “las presiones derivadas de los mayores pagos por pensiones, así como del programa para adultos mayores, hacen insostenible dejar sin cambios la estructura fiscal en el país para el futuro próximo… la oportunidad para realizar ese cambio vendrá en el curso de 2025”.

Pero no todo es déficit fiscal. La polémica se extiende a un tema jurídico-político adicional, muy delicado. Legisladores de la oposición y algunos analistas han expresado que existe una violación constitucional porque parte del déficit en que se incurrirá para 2024 se utilizará en financiar lo que se denomina gasto corriente, cuando debía estar destinado exclusivamente a inversión pública. El asunto podría llevar a una controversia constitucional que sería resuelta en la Suprema Corte de Justicia. Esta, desde la época del presidente Fox, ya hizo un pronunciamiento, aunque ambiguo, que tendría impacto como un importante precedente.