Reforma en la UNAM/ III: el rector Barros Sierra

La máxima casa de estudios ha iniciado un proceso de reforma universitaria. Esa tarea, calificada como monumental por el suscrito, tiene un aspecto esencial: se está realizando “sin desconocer lo aportado por gestiones anteriores, así como las lecciones que dejaron los ejercicios fallidos”. La semana pasada se abordó, en dos casos concretos, la enorme importancia de la Junta de Gobierno, una de las principales innovaciones de la Ley Orgánica de 1945. Ahora, en las líneas siguientes se trata uno de los procesos más significativos e integrales de reforma: el emprendido por el rector Javier Barros Sierra.

Barros Sierra asume la rectoría de la UNAM en mayo de 1966. Eran momentos críticos. El Dr. Ignacio Chávez renunció a su mandato, a unos cuantos meses de haber sido reelecto, por un movimiento estudiantil generado en la Facultad de Derecho, extendido a toda la institución, pero auspiciado o con la complacencia del presidente Díaz Ordaz. Desde su toma de posesión, el nuevo rector anuncia como indispensable: “que revisemos a fondo la estructura y los métodos, en la docencia, en la investigación, en el gobierno interno y en lo administrativo, para actualizarlos…”.

Para Barros Sierra, la UNAM vivía un tiempo de tensión con dos problemas principales: por un lado, una creciente demanda de nuevos alumnos frente a una insuficiente oferta de estudios, tanto en media superior como en licenciatura. Por otro, lo que había sido marcado como urgente por el rector Gómez Morin, cuatro décadas atrás, y que parecía una situación perenne de la institución: la calidad en la formación profesional, principalmente por la docencia y los planes y programas de estudio.

Frente a ello, el rector y su equipo, encabezado por la secretaría general a cargo de Fernando Solana, resuelven que es necesario un cambio definido como una reforma universitaria (el qué), y un vehículo (el cómo), el mismo que sería la planeación universitaria. Para esto se partió de dos definiciones básicas. La primera, la reforma universitaria, significa “la actualización constante y deliberada de las funciones universitarias, a fin de lograr que esta misma responda ágilmente a los cambios de una sociedad dinámica”. La segunda, la planeación universitaria, “consiste en establecer los mecanismos que permitan dirigir el desarrollo integral de la universidad hacia el logro de las metas previstas…” Para ello, sería creada la Comisión Técnica de Planeación Universitaria, encargada de conducir todo el proceso. Así, de esta entidad van a emanar las directrices generales de la docencia, investigación y difusión, implicando con ello una “reevaluación del conjunto de funciones” abarcadas por la institución.

A todo lo anterior se le agregaba un componente básico para integrar todo el proceso: la administración universitaria. Como se dijo en su momento: “… los servicios administrativos, aunque secundarios en cuanto a los objetivos medulares de la reforma universitaria, son fundamentales, ya que satisfacen necesidades imprescindibles para la buena marcha de la institución”. Esto implicaba aspectos como centralizar las actividades referentes a la información y control, delegar funciones, agilizar y estandarizar trámites, programas de capacitación de personal, modernización de la tarea de presupuestación. Sintéticamente: Se trataba de establecer un sistema de planeación y administración que estuviera en condiciones de proporcionar las bases para que las autoridades superiores adoptasen decisiones, lo más racionalmente posible, dentro de una estructura compleja como la UNAM.

Así, y como ejemplo de la consistencia del planteamiento general del proceso, lo que ya constituía el problema principal de la institución, la satisfacción de la demanda, fue abordado por un programa específico cuyas proyecciones iban hasta 1980 (dato curioso, aunque rápidamente rebasado por la realidad, la UNAM seguiría atendiendo al 28% de la matrícula nacional de licenciatura).

Todo este proceso fue detenido abruptamente por los acontecimientos del 68. La universidad paró todo el segundo semestre de ese año. Aunque al rector le quedaba una gestión de meses, la tarea, como él la calificaba, quedaba “inconclusa”. La mala relación con la presidencia de la República -cuyo mandato llegaba hasta diciembre de 1970- fue causa suficiente para que concluyera su gestión en mayo de ese año sin intentar la reelección.

Con todo y lo “inconcluso”, la reforma fue pródiga en realizaciones. Allí quedaban, entre otros avances: los planes semestrales, el pase reglamentado, la complementación entre las “alas” de ciencias y las de humanidades (“tecnificación de las humanidades y humanización de las ciencias”), modificación de un buen número de planes y programas de estudio, la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, el Centro de Didáctica, reforma a un buen número de reglamentos, la fundación de la Dirección General de Personal, la introducción del presupuesto por programas.

En suma: allí quedaba la obra de un rector ejemplar.