Las universidades mexicanas llevan un año dando buenas noticias sobre inteligencia artificial (IA). En febrero de 2025, la Anuies reportó 43 programas académicos relacionados con IA en instituciones públicas y privadas del país —24 a nivel licenciatura y 19 de posgrado. Cerca de 3 mil 600 estudiantes los cursan hoy. El ritmo de creación de nuevas carreras se acelera. Algunas de las instituciones más reconocidas del país ya integraron la IA como eje transversal en múltiples programas, desarrollaron plataformas propias de IA generativa con control institucional sobre privacidad y contenidos, o lanzaron estrategias integrales que replantean no solo cómo se enseña, sino qué vale la pena enseñar en esta nueva era.
Son avances reales. Pero revelan, sin quererlo, una contradicción poco mencionada.
El número que no aparece en los comunicados
Mientras México forma especialistas en IA, el resto de sus comunidades universitarias —los estudiantes de derecho, medicina, pedagogía, diseño, contaduría, comunicación— ya la usan de manera cotidiana, sin que sus instituciones hayan decidido todavía qué hacer al respecto.
Diversos estudios recientes sobre educación superior documentan que más del 75 por ciento —y en algunos casos más del 90 por ciento— de estudiantes y docentes ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo académico diario. No es una proyección. Es la realidad presente de las aulas.
Frente a ese dato, hay otro que debería provocar incomodidad en cualquier junta de gobierno universitaria: distintos reportes regionales sugieren que menos de una de cada cinco instituciones de educación superior en América Latina cuenta hoy con una política formal sobre el uso de inteligencia artificial. Muchas otras reportan que sus lineamientos aún se encuentran en desarrollo.
México tiene 43 programas para formar expertos en inteligencia artificial. Y, sin embargo, una gran parte de sus universidades aún no ha decidido qué pasa cuando el estudiante de historia, el profesor de derecho o el administrativo de recursos humanos la usan —o la abusan— en su trabajo cotidiano.
¿Qué es regular el uso de la IA y qué no lo es?
Vale la pena precisarlo, porque la confusión es frecuente.
Tener una carrera en IA no es lo mismo que tener una política institucional sobre su uso. Desarrollar herramientas tecnológicas propias tampoco. Publicar un pronunciamiento de principios se acerca más —pero sigue sin ser un marco operativo si no establece consecuencias, procedimientos y responsabilidades concretas.
Una política institucional real define qué uso es legítimo y cuál no, en qué condiciones puede emplearse IA en tareas académicas, cómo debe citarse, quién responde por la veracidad del contenido generado y qué ocurre cuando hay un mal uso.
Diseñar estos marcos no es trivial: requiere traducir dilemas tecnológicos, pedagógicos y éticos en reglas operativas que funcionen en aulas reales.
No es un reglamento técnico reservado para especialistas. Es el conjunto de criterios éticos y operativos que una institución establece para que toda su comunidad —docentes, estudiantes y personal administrativo— navegue la IA con criterio y con respaldo institucional.
Algunas universidades mexicanas han comenzado a avanzar en ese terreno. Hay instituciones que ya cuentan con documentos formales, manifiestos institucionales o recomendaciones oficiales sobre el uso ético de la IA en sus comunidades. Son todavía minoría, pero demuestran que es posible actuar sin esperar el consenso nacional. Sus experiencias son valiosas precisamente porque fueron primeras: enfrentaron las preguntas difíciles antes de que hubiera un manual de respuestas.
El resto del sistema universitario mexicano puede aprender de ellas. O puede seguir esperando.
El observatorio y sus límites
Hace un año, México creó el Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior (OIIAES), impulsado por Anuies, la SEP y un conjunto de instituciones de peso. La presidenta de su Consejo Rector lo dijo con claridad en el acto fundacional: las universidades mexicanas “no serán espectadoras pasivas de la revolución tecnológica, sino protagonistas de su orientación”.
El OIIAES tiene un mandato legítimo y necesario: monitorear iniciativas, diagnosticar el acceso y uso de herramientas de IA generativa, sistematizar buenas prácticas, promover marcos éticos y facilitar la formación docente. Nadie debería subestimar ese trabajo.
Pero un observatorio no regula instituciones. Su función es generar conocimiento, identificar tendencias y proponer lineamientos. La decisión de establecer reglas concretas sobre el uso de la IA —qué está permitido, qué no y bajo qué condiciones— sigue perteneciendo a cada universidad.
Pertenecer al observatorio no produce, por sí mismo, una política institucional. El observatorio genera conocimiento colectivo; la política requiere una decisión institucional concreta.
Un año después de su lanzamiento, la brecha persiste: el uso es masivo, pero la regulación institucional sigue siendo incipiente.
El observatorio hace su trabajo. El problema es que muchas instituciones están esperando que alguien más haga el suyo.
La pregunta que toca responder esta semana
No en el próximo congreso de rectores. Esta semana.
¿Existe en su institución un documento formal —conocido, comunicado y aplicado— que establezca qué uso de la IA es legítimo y cuál no?
¿Saben sus estudiantes cómo citar una herramienta de IA?
¿Saben sus docentes cómo diseñar una evaluación que no pueda resolverse con un prompt?
¿Existe una consecuencia institucional cuando alguien presenta trabajo generado íntegramente por IA como propio?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es “no” o “estamos trabajando en ello”, la institución ya va rezagada —y sus programas en IA no cambian ese hecho.
México ya demostró que sabe formar especialistas en inteligencia artificial. La pregunta que sigue es más incómoda: si sabe gobernar su uso cuando todos —no solo los expertos— la tienen en las manos.
Esa respuesta no vendrá de un observatorio, de un congreso o de un informe nacional.
Vendrá de cada institución que decida, hoy, asumir que gobernar la inteligencia artificial también forma parte de su misión educativa.
Vanessa Medina Armienta
Especialista en regulación, educación superior e inteligencia artificial, con más de 25 años de experiencia en el sector público federal mexicano — SHCP, CNBV, SRE y Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Es Directora de Campus Consulting, donde acompaña a universidades mexicanas en el diseño e implementación de políticas institucionales de IA responsable. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nottingham, Reino Unido (Beca Chevening) y Maestra en Consultoría Organizacional y de Negocios por ICE México.
Columna Campus: Un-Common Sense
